La factura de las pensiones de jubilación marca un nuevo récord de gasto para la Seguridad Social: 63.000 millones

La generación del baby boom —la cohorte integrada por los nacidos entre 1958 y 1975— comenzó a jubilarse en 2023. Desde entonces, su incorporación masiva a la jubilación está poniendo en apuros el gasto público que debe desembolsar la Seguridad Social mes a mes. Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz, el gasto en pensiones de jubilación alcanzó entre enero y junio de 2026 los 62.940 millones de euros, un nuevo récord para un primer semestre.

La evolución de la factura ilustra el impacto que está teniendo esta generación sobre las cuentas públicas. En los seis primeros meses de 2022, la Seguridad Social destinó 46.794 millones de euros al pago de pensiones de jubilación. Un año después, la cifra ascendía a 52.194 millones; en 2024 alcanzó los 55.746 millones; en 2025 llegó a 59.233 millones y este año ha rozado por primera vez los 63.000 millones. Es decir, en apenas cuatro ejercicios, el gasto acumulado durante el primer semestre se ha incrementado en más de 16.000 millones de euros.

Una evolución que responde tanto a la revalorización anual de las pensiones conforme a la inflación como al creciente número de jubilados. Y es que, entre junio de 2022 y junio de 2026, la cifra de pensionistas de jubilación aumentó en 467.024 personas. Además, el ritmo de entrada se acelera cada año: entre junio de 2023 y junio de 2024 se incorporaron 108.634 nuevos jubilados; entre 2024 y 2025 fueron 118.010; y entre 2025 y 2026 el incremento alcanzó los 129.782 pensionistas. Y la presión sobre el sistema seguirá aumentando durante los próximos años, ya que las cohortes más numerosas del baby boom todavía no han alcanzado la edad de retiro y quienes ya se han jubilado continuarán percibiendo su pensión durante décadas gracias al aumento de la esperanza de vida.

¿Cómo se financiará el coste del baby boom?

La creciente presión sobre las cuentas de la Seguridad Social también empieza a trasladarse a la percepción de los ciudadanos. La Encuesta Funcas sobre Pensiones y Educación Financiera, publicada este jueves y elaborada a partir de una muestra representativa de 1.127 españoles de entre 18 y 75 años, refleja que el 68% de los ciudadanos considera que el pago de las pensiones "se convertirá pronto en un problema importante para nuestra economía". Además, el 70% cree que serán los jóvenes quienes soportarán principalmente las consecuencias de este desafío demográfico.

Estas preocupaciones coinciden con las advertencias de distintos organismos sobre la financiación futura del sistema. La reforma impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, reforzó los ingresos mediante nuevas cotizaciones sociales —como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) o la cuota de solidaridad sobre los salarios más elevados—. Sin embargo, estas medidas se han mostrado insuficientes para mantener la sostenibilidad del sistema y el Gobierno ha tenido que ir incrementando el peso de las transferencias del Estado para sostener las cuentas.

Precisamente este viernes, el Tribunal de Cuentas cuestionó este modelo de financiación. En un informe sobre la situación patrimonial del sistema, el órgano fiscalizador advirtió de que la Seguridad Social acumulaba a cierre de 2024 un endeudamiento con el Estado de 135.253 millones de euros, de los que 126.171 millones correspondían a préstamos a largo plazo. A su juicio, este mecanismo "no responde a criterios de racionalidad económico-financiera", ya que financia gastos corrientes mediante deuda, por lo que recomienda sustituir estos préstamos por transferencias corrientes consignadas en los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lleva años advirtiendo de que las transferencias tampoco resuelven el problema estructural del sistema. Además, el último examen de sostenibilidad de las pensiones elaborado por la AIReF, publicado a finales de mayo, concluye que España cumple la denominada regla de gasto en pensiones, pero advierte de que ello no garantiza la sostenibilidad financiera del sistema.

Según las estimaciones del organismo, cerca de tres de cada cuatro euros del incremento del gasto en pensiones previsto en 2050 deberán financiarse mediante transferencias del Estado. Ello supondrá destinar una parte creciente de los recursos públicos a sostener las pensiones, reduciendo el margen presupuestario para otras políticas o, en su defecto, obligando a aumentar los ingresos públicos mediante nuevos impuestos o un mayor endeudamiento. Ante este escenario, la mayoría de los ciudadanos da por hecho que ese debate acabará traduciéndose en nuevas reformas: la encuesta de Funcas muestra que el 93% cree que el sistema volverá a modificarse antes de que llegue su propia jubilación.

Sin embargo, prácticamente ninguna de las alternativas que suelen plantearse cuenta con respaldo mayoritario. El 87% rechaza elevar la edad de jubilación hasta los 70 años; el 73% se opone a aumentar los años de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva; el 66% rechaza crear un impuesto específico para financiar el sistema y el 54% tampoco apoya elevar las cotizaciones sociales. La única propuesta que obtiene una mayoría favorable es reforzar el principio contributivo: el 58% considera que la pensión debería guardar una relación más estrecha con lo cotizado durante la vida laboral, frente al 42% que prioriza garantizar una prestación suficiente con independencia de las aportaciones realizadas.