El Gobierno vincula inmigración con inseguridad y terrorismo en la orden de suspensión del espacio Schengen con Italia

Son apenas tres páginas y media en formato pdf. La orden ministerial publicada en el BOE el pasado domingo establecía controles de fronteras para los vuelos y barcos procedentes de Italia en reciprocidad a la suspensión del espacio Schengen que días antes había decretado el gobierno italiano contra España. Lo más curioso de esa orden es que asume los postulados de la derecha y de la ultraderecha al vincular los flujos migratorios irregulares, en este caso a través de Italia, con inseguridad, delincuencia y terrorismo.

"Amenaza grave para el orden público y la seguridad interior"

Contra la tesis de que no hay que conjugar jamás en una misma oración las palabras inmigración con inseguridad y terrorismo, el texto lo hace de forma explícita. No hay que rebuscar mucho. El artículo 1 de la resolución ministerial de Interior lo dice muy claro. Dicha orden tiene por objeto establecer temporalmente controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas españolas con respecto a los pasajeros procedentes de Italia "con la finalidad de responder a la amenaza grave para el orden público y la seguridad interior derivada tanto de la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central como de la utilización de dichas rutas por organizaciones criminales, incluida la amenaza terrorista".

Unos argumentos denostados una y otra vez por el Gobierno de coalición y que ahora sostienen en una decisión que contribuye, además, a la escalada diplomática con el país de Giorgia Meloni, como distracción, y que en nada contribuye a abordar la situación dramática que viven los ceutíes, aún muy lejos de volver a la normalidad de sus vidas tras el asalto masivo de 72.000 personas, como poco, procedentes de Marruecos.

El Ejecutivo hace suyas también advertencias de Frontex y de Europol sobre amenazas terroristas y contra la seguridad nacional

Es más, el Ejecutivo hace suyas las advertencias de Frontex y de Europol en el mismo sentido y que, hasta ahora, había desdeñado por entender que era entrar en los marcos de la ultraderecha o de lo que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llama muy enfáticamente, la "internacional reaccionaria". EUROPOL identifica el tráfico ilícito de migrantes como "una de las prioridades de la Unión en la lucha contra la delincuencia grave y organizada y advierte de la capacidad de estas redes para adaptar sus itinerarios y métodos con el fin de eludir la actuación de las autoridades", en alusión a las mafias.

Pero, además, los análisis estratégicos de Frontex, prosigue la orden ministerial, "contemplan el riesgo de que personas vinculadas a amenazas terroristas o consideradas de interés para la seguridad nacional puedan aprovechar las rutas, los flujos y los métodos empleados en la migración irregular para entrar o desplazarse por el territorio de la Unión sin ser detectadas". Para resumir, asumen que con la entrada ilegal de inmigrantes se puede abrir la puerta a delincuentes y terroristas, algo mil veces rebatido por el Gobierno a PP y Vox.

Interior responde a Italia con su mismo lenguaje

El Ministerio del Interior responde así a Italia con su mismo lenguaje en un texto de carácter oficial, nada que ver con una declaración política o parlamentaria. Negro sobre blanco. Entienden que la concentración de los desplazamientos en determinados vuelos y enlaces marítimos procedentes de Italia, "que se incrementan en periodo estival", permite concluir que concurre "una amenaza grave, real y actual para el orden público y la seguridad interior", en los términos establecidos en el Código de fronteras Schengen.

En definitiva, los controles a los pasajeros de los vuelos y barcos procedentes de Italia responde a la necesidad "de prevenir las actividades de las organizaciones criminales que aprovechan las rutas migratorias y las conexiones internacionales de transporte para facilitar desplazamientos irregulares, traficar con seres humanos, falsificar o proporcionar documentación fraudulenta y desarrollar otras formas de delincuencia transfronteriza". Un discurso que enarbola Meloni, pero que no se le había escuchado nunca al Gobierno español.

En la regularización extraordinaria fue muy laxa la verificación de antecedentes penales

Es más. En la regularización de más de un millón de personas que Sánchez pactó con Podemos, sin pasar a debate ni aprobación del Congreso de los Diputados, fueron muy polémicos los laxos controles en la verificación de los antecedentes penales. De hecho, podían sustituirse con una declaración responsable de que se carecía de cuentas con la Justicia tanto en los países de origen como en España, aunque los antecedentes policiales no eran óbice para pedir la regularización. Sindicatos policiales como Jupol, SUP o CEP alertaron de la imposibilidad de hacer una verificación real de antecedentes, con el peligro que podía suponer para la seguridad ciudadana, peligro que, en su choque con Italia, el Gobierno enarbola ahora.

No deja de ser paradójico, además, que el Ejecutivo de nuestro país no haya pedido ayuda ni a Frontex ni a Europol para monitorizar ni prevenir el riesgo de un nuevo asalto, como el que está convocado para el próximo domingo 15. Tampoco para agilizar las repatriaciones de los miles de irregulares que aún permanecen en la ciudad, sin tener en cuenta a los menores, que van por otro cauce legal. Así lo confirmó la semana pasada el comisario de Interior y Migraciones de la Unión Europea, Magnus Brunner, durante una reunión telemática de la comisión de Libertades de la Eurocámara. España no ha hecho ninguna petición adicional de ayuda a los socios de la Unión.