El Banco de España critica que Sánchez siga sin explicar cómo pagará el nuevo gasto público: con más impuestos o más deuda

El Banco de España ha presentado este jueves su Informe Anual. Un documento en el que revisa cómo han evolucionado los datos macroeconómicos y las problemáticas más relevantes durante cada año en España. En esta ocasión, la institución que gobierna José Luis Escrivá ha puesto el foco en la estrategia fiscal recogida en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) —la hoja de ruta pactada con Bruselas que fija los objetivos de gasto, déficit y deuda entre 2025 y 2028— y en su versión actualizada: el Informe de Progreso Anual 2026, que el Gobierno de Pedro Sánchez remitió a la Comisión Europea el pasado mes de abril para rendir cuentas sobre su grado de cumplimiento.

Concretamente, el Banco critica que "falta" una "estrategia fiscal lo suficientemente detallada a medio plazo" tanto en el PFEMP como en el Informe de Progreso Anual. Según advierte, la ausencia de concreción "dificulta anticipar con claridad" cómo piensa el Ejecutivo financiar las nuevas necesidades de gasto que afrontará España en los próximos años. No es una cuestión menor; es que ni siquiera "está plenamente definido si se abordarán mediante un aumento de los ingresos (por ejemplo, vía impuestos) o a través de un mayor recurso al endeudamiento", señalan.

Envejecimiento, defensa, digitalización y clima

Y es que la política fiscal española se enfrenta a importantes presiones sobre el gasto público en las próximas décadas. El Banco apunta principalmente al envejecimiento demográfico, la transición climática y la digitalización de la economía. Además, tras las tensiones geopolíticas de los últimos años, especialmente con la guerra en Ucrania dentro de las fronteras europeas y, más recientemente, con el estallido del conflicto en Oriente Medio, la Unión Europea se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB. No obstante, este objetivo podría quedarse corto. Los debates abiertos actualmente en el seno de la OTAN contemplan incrementos adicionales del esfuerzo de hasta el 5% del PIB.

Ante este escenario, la institución aconseja "reforzar la previsibilidad de la política fiscal" con una estrategia que acompañe con "un grado suficiente de detalle" las "medidas que permitirán conseguir estos objetivos". Es decir, conocer "cómo se financiarán estas nuevas presiones de gasto y, por tanto, qué efecto tendrán sobre la dinámica de la deuda pública".

El próximo Gobierno heredará más gasto social con el margen fiscal "agotado"

Pero esto no es todo. A la falta de detalle financiero se suma la ausencia de margen fiscal para asumirlo. Según señala el Banco de España, en la presente legislatura se ha "agotado" el margen de flexibilidad que permitía la normativa europea. Es decir, que Pedro Sánchez deja una herencia complicada de gestionar para el próximo Gobierno, que llegará tras las elecciones generales de 2027, y que, según estimaciones de la AIReF, deberá adoptar medidas adicionales por valor de 10.000 millones de euros en 2027 y otros 5.000 millones en 2028 —ya sea mediante más ingresos, más deuda o ajustes en el gasto— para cumplir con los compromisos fiscales adquiridos con Bruselas.

De hecho, la propia AIReF advirtió de esta situación en mayo. En su Informe de seguimiento, la Autoridad Fiscal recordó que el Gobierno llegaba a 2025 y 2026 con cierto margen acumulado para cumplir los compromisos adquiridos con Bruselas gracias a que en 2024 el crecimiento efectivo del gasto neto fue inferior al previsto inicialmente en el plan (4,1% frente al 5,3% estimado).

Este menor gasto permitió generar un colchón fiscal que ha facilitado el cumplimiento de los objetivos en los ejercicios posteriores. Así, aunque el gasto neto habría crecido un 4,8% en 2025, por encima del 3,7% comprometido inicialmente con Bruselas, la desviación pudo absorberse gracias a este margen acumulado. En 2026 la situación se complica aún más. La AIReF estima que el gasto aumentará un 5,8%, muy por encima de la senda pactada. Sin embargo, España todavía podrá cumplir formalmente sus compromisos gracias a la activación de la cláusula de escape vinculada al aumento del gasto en defensa. Esta excepción permite a los Estados miembros desviarse temporalmente de los objetivos fiscales para financiar el refuerzo de sus capacidades militares sin exponerse a un procedimiento de incumplimiento por parte de Bruselas.

Pero en 2027 y 2028 el escenario cambia. Según la AIReF y el Banco de España, el crecimiento previsto del gasto superará incluso los márgenes ampliados por la cláusula de escape, lo que implica que los colchones de flexibilidad acumulados durante los años anteriores habrán quedado agotados. Y a partir de este momento, el próximo Gobierno se verá obligado a adoptar medidas adicionales para mantener la senda fiscal comprometida con la Comisión Europea. De no hacerlo, se vería obligado posteriormente a aplicar ajustes de mayor intensidad para corregir la desviación.