En concreto, la reforma de Escrivá introdujo penalizaciones económicas de hasta el 30% sobre la cuantía de la pensión final para desincentivar el retiro de los trabajadores antes de la edad ordinaria de jubilación y favorecer carreras laborales más largas. El objetivo de fondo era aliviar la presión que ejercerá sobre las cuentas de la Seguridad Social la jubilación masiva de la generación del baby boom, que ya ha comenzado a retirarse. Es decir, retrasar la edad efectiva de jubilación para contener el aumento del gasto en pensiones que afrontará el sistema durante las próximas décadas.
Todas las modalidades de jubilaciones anticipadas repuntan
Pues bien, durante los años posteriores a la entrada en vigor de la reforma, los datos parecían avalar esta estrategia. El peso de las jubilaciones anticipadas sobre el total de nuevas altas pasó del 39,1% registrado en 2021 al 37,3% en 2022, al 34,3% en 2023, al 29,6% en 2024 y al 27,9% en 2025. Sin embargo, los datos acumulados hasta abril de 2026 muestran un cambio de tendencia. Las jubilaciones anticipadas representan el 31% del total de las nuevas altas, recuperando más de tres puntos porcentuales respecto al cierre del año pasado. Además, el repunte no se concentra en una única modalidad, sino que se extiende a todas ellas.
Especialmente significativo resulta el comportamiento de las jubilaciones anticipadas voluntarias, principal objetivo de la reforma de Escrivá. Se trata de la fórmula que permite al trabajador adelantar por decisión propia su retiro hasta dos años antes de la edad legal de jubilación y sobre la que recaen las penalizaciones económicas introducidas por la reforma para hacer menos atractiva esta opción. Y, tras descender desde el 19,9% del total en 2021 hasta el 15,8% en 2025, esta modalidad ha vuelto a repuntar en 2026 hasta el 17,9%.
De hecho, como ya explicó El Independiente, la reducción observada en el peso total de las jubilaciones anticipadas durante los últimos años ha respondido principalmente a otras dos modalidades. Las jubilaciones anticipadas no voluntarias —aquellas derivadas de despidos o reestructuraciones empresariales— que han pasado de representar el 7,2% del total en 2021 al 3,4% en 2026. Y la práctica desaparición de la modalidad especial de jubilación a los 64 años, cuyo peso se ha desplomado desde el 2,1% hasta apenas el 0,1%.
Así, aunque las jubilaciones anticipadas en su conjunto llegaron a caer del 39,1% al 27,9% entre 2021 y 2025, buena parte de este ajuste respondía a modalidades sobre las que la reforma tenía una capacidad de influencia limitada. Mientras tanto, las jubilaciones anticipadas voluntarias, que constituían el principal foco de actuación de los nuevos coeficientes reductores, vuelven a repuntar en 2026, poniendo en cuestión la capacidad de la reforma para seguir retrasando la edad efectiva de jubilación.
La jubilación demorada se queda en el 11% frente al 75% previsto
Por su lado, las jubilaciones demoradas han pasado de representar el 4,8% en 2021 al 10,8% en 2025 (y al 12,3% hasta abril de 2026). En términos absolutos, los nuevos jubilados que han optado por esta modalidad han pasado de los 15.250 de 2021 a los 40.952 de 2025, lo que refleja una mayor efectividad de la reforma en comparación con la evolución de las jubilaciones anticipadas.
No obstante, se trata de una cifra lejana respecto de las previsiones que José Luis Escrivá estimó en las Proyecciones del gasto público en pensiones España, un documento que se remitió a Bruselas a fin de recibir el cuarto pago del Plan de Recuperación. En estas proyecciones, el entonces ministro de Seguridad Social apuntó que en 2025 se registrarían alrededor de 275.000 jubilaciones demoradas sobre un total de 350.000 altas, es decir, tendrían que haber representado el 75% del total en vez de un 10,8% como finalmente ha ocurrido.
Y esta estimación inexacta también se traduce en un mal cálculo en términos de gasto. El documento enviado a Bruselas preveía que el impulso de la jubilación demorada permitiría reducir el gasto en pensiones en torno a 1,35 puntos de PIB. Sin embargo, con la evolución real observada hasta 2025, será inviable que se alcance este ajuste del gasto, lo que mantiene abiertas las dudas sobre la efectividad de la reforma de Escrivá al respecto de estas dos modalidades.
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