Los españoles cambian de opinión sobre los pensionistas: se desploma un 20% la percepción de que reciben pocos recursos

La percepción de la sociedad española sobre los recursos que recibe el sistema de pensiones está dando un giro de timón silencioso pero evidente. Este miércoles, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado su encuesta anual de opinión pública sobre política fiscal, y constata que, un año más, el tradicional consenso de que las pensiones y la Seguridad Social se encuentran infrafinanciadas se ha agrietado. En la última década, la opinión pública ha transitado desde una demanda casi unánime de más recursos hacia una postura más dividida, influida por el debate constante sobre la sostenibilidad del sistema, la jubilación masiva de la generación del baby boom y la exposición de cifras de las que advierten los organismos fiscalizadores.

Los datos del CIS entre 2017 y 2026 revelan un cambio de visión. Quienes consideran que se destinan "muy pocos" recursos a las pensiones y a la Seguridad Social han pasado de representar una mayoría del 65% en 2017 a situarse en el 46% en 2026, lo que supone un desplome de casi veinte puntos porcentuales.

En contraposición, el grupo de encuestados que opina que se dedican los recursos "necesarios" ha escalado con fuerza, casi duplicándose al pasar del 25% al 46%. Por su parte, la percepción de que se destinan "demasiados" fondos a esta partida, aunque sigue siendo minoritaria, se ha multiplicado por cinco, ascendiendo del 1% en 2017 al 6% en 2026.

Este cambio de mentalidad coincide en el tiempo con un incremento del gasto público. La incorporación de los primeros jubilados de la generación del baby boom y la revalorización de las prestaciones conforme evoluciona la inflación han disparado la factura mensual de la Seguridad Social.

Si analizamos la ejecución presupuestaria acumulada hasta el mes de mayo, el sistema desembolsó 87.100 millones de euros en los primeros cinco meses de 2026, frente a los 48.300 millones del mismo periodo de 2017. Es decir, el gasto público se ha incrementado un 80%. Ante estas cifras, las pensiones de jubilación se encuentran en el punto de mira ya que suponen casi el 60% del gasto total de la Seguridad Social (51.500 millones en los primeros cinco meses de 2026).

¿Pensiones altas o una percepción incompleta?

Inevitablemente, este aumento del gasto público alimenta el debate sobre su sostenibilidad y sobre los recursos que absorbe el sistema. Además, mes a mes, la Seguridad Social difunde los datos actualizados de las cuantías medias de los pensionistas. Este martes, el Ministerio que dirige Elma Saiz informó de que la pensión media del sistema alcanzó los 1.372 euros mensuales en julio, mientras que la pensión media de jubilación se situó en los 1.574 euros.

Unas cifras que contribuyen a consolidar la percepción de que los pensionistas disfrutan de una situación económica más favorable que la de las generaciones en activo. Sin embargo, esta fotografía es solo una parte de la realidad. La pensión media es precisamente eso: una media que convive con una enorme dispersión de prestaciones.

Los datos de la propia Seguridad Social muestran que el 56% de los pensionistas se situaban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, fijado este año en 1.221 euros mensuales. Y, en el caso de las pensiones de jubilación, 3.110.379 personas —el 46% del total— también cobraban menos que esta referencia salarial.

Es decir, el fuerte incremento del gasto no responde únicamente a que las pensiones sean más elevadas. También influye el aumento del número de beneficiarios, impulsado por la jubilación de la generación del baby boom, con carreras de cotización más largas y bases reguladoras superiores de los que abandonan el sistema. El resultado es una factura cada vez mayor para la Seguridad Social, aunque eso no implica que la mayoría de los pensionistas disfrute de prestaciones especialmente elevadas.

El Estado, al rescate

La percepción de que las pensiones concentran una parte importante de los recursos públicos también se alimenta de otro fenómeno: el creciente apoyo financiero que recibe la Seguridad Social desde el Estado. Las cotizaciones sociales no bastan para cubrir los compromisos, lo que obliga al Gobierno a intervenir de forma cada vez más contundente mediante transferencias. Mientras que en 2017, el Estado transfirió casi 7.100 millones de euros hasta mayo, en 2026 ha tenido que duplicar su ayuda hasta los 14.750 millones para tapar el agujero.

Un incremento de las aportaciones públicas que ha ido acompañado de críticas sobre la sostenibilidad del sistema por parte de los centros de estudios más importantes del país. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió en su último estudio que la reforma de las pensiones impulsada por el exministro José Luis Escrivá, centrada en elevar los ingresos mediante nuevas cotizaciones como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad o la reforma del RETA, no será suficiente para absorber el impacto del envejecimiento demográfico.

Según las proyecciones de la AIReF, el gasto en pensiones escalará hasta el 16,4% del PIB en 2050, lo que obligará al Estado a asumir tres cuartas partes de la factura adicional mediante transferencias, detrayendo recursos de otras políticas públicas o disparando la deuda pública hasta el 123% del PIB.

De esta forma, paradójicamente, la exposición constante de las grandes cifras del sistema está modificando la percepción ciudadana. El debate público no se centra únicamente en si las pensiones necesitan más recursos, sino también en el enorme volumen de financiación que absorben. Es decir, las advertencias sobre la necesidad de seguir inyectando recursos no han reforzado la idea de que el sistema esté infrafinanciado; sino que han contribuido a visibilizar el esfuerzo presupuestario que actualmente realiza el Estado para sostenerlo. Este cambio de enfoque ayuda a explicar por qué cada vez menos españoles consideran que las pensiones reciben "muy pocos" recursos, pese a que los expertos insistan en que serán necesarias nuevas medidas para garantizar su viabilidad a largo plazo.