Marlaska viaja de urgencia a Ceuta pero rechaza activar la emergencia nacional porque la presión migratoria no es uno de los casos previstos en la ley

No se activará la emergencia nacional para atender la crisis migratoria que vive Ceuta en los últimos días. El Gobierno responde al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), que la situación operativa 3 solo se puede declarar en los casos expresamente previstos en la ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. No obstante, el Ejecutivo está siguiendo de cerca la llegada a nado de cientros de inmigrantes a las costas ceutíes y mañana viernes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volará hasta allí de urgencia para seguir la evolución de la crisis.

Este jueves, Vivas reforzaba su mensaje de alarma en una entrevista en Hoy por hoy, en la Cadena SER. Además de la activación del estado de emergencia de interés nacional, el presidente ceutí reclamó un "mando único" al Estado por la "situación de absoluta emergencia humanitaria y social". Crisis "que demanda de una actuación consecuente a través de un mando único que garantice que la respuesta sea enérgica, decidida e inmediata", señaló. El dirigente popular recordó que han llegado a la ciudad autónoma entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

"Para en el resto de España se puedan hacer una idea", ilustró, "es el equivalente al 2% de toda la población de Ceuta. Es como si hubieran entrado por vía marítima y de manera irregular un millón de personas a España en los últimos 10 días". Más aún, "la sobreocupación del área de menores es de un 2.400% y el número de migrantes que hay fuera del centro de estancia temporal para adultos es superior al número de migrantes que hay dentro", informa EFE. Vivas agregó que ya han aparecido en el último mes los cuerpos de 60 personas que intentaron llegar a la ciudad, y que además la situación de "colapso migratorio" —expresión empleada por el número dos del PP, Miguel Tellado— impacta en la población local, que, de manera justificada, tiene sensación de vulnerabilidad y de inseguridad".

El Ministerio del Interior, a través de un comunicado, rechazó la posibilidad de activación de emergencia nacional —la que ha estado operativa casi una semana, desde la noche del pasado jueves al viernes hasta este mismo 30 de julio por los incendios en Madrid, Ávila y Toledo—. Recuerda el Ejecutivo que esta declaración forma parte de la normativa estatal de protección civil, que "no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil ni establece planes especiales, directrices básicas o instrumentos específicos de protección civil para su gestión". "No es posible, por tanto, la activación de este mecanismo", como había solicitado Vivas, concluye la nota oficial.

"Los riesgos específicos contemplados en la normativa de protección civil que pueden originar la declaración de una emergencia de interés nacional", precisa el Gobierno, "son los riesgos naturales y tecnológicos expresamente previstos en la ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: inundaciones, riesgos sísmico y volcánico, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes en los que intervengan sustancias peligrosas, riesgo nuclear y radiológico y riesgos tecnológicos".

No obstante, Interior subraya que "el Estado ha estado, está y estará ejerciendo sus competencias y garantizando permanentemente la seguridad en todo el territorio de la ciudad autónoma". Es más, "todos los ministerios implicados en la gestión migratoria (Interior, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Política Territorial e Infancia) están actuando coordinadamente para responder con la mayor rapidez y eficacia a la situación en Ceuta".

El Ejecutivo informó de que Marlaska habló este mismo jueves por la mañana con Vivas y anunció que se desplazará hasta la ciudad autónoma mañana viernes, a primera hora, "para seguir la evolución de la situación y mantener encuentros con las autoridades" ceutíes, "de la Delegación del Gobierno y con los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil".

Además, continúa el comunicado, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, "ha mantenido en todo momento un contacto permanente con la ciudad autónoma y con la Delegación del Gobierno, para trasladarles el compromiso y la total disponibilidad del Estado con las necesidades de Ceuta y de toda su población". También las secretarías de Estado de Migraciones —que depende del Ministerio de Inclusión de Elma Saiz— y de Juventud e Infancia —que cuelga del ministerio homónimo de Sira Rego— han mantenido "un contacto permanente con la Delegación del Gobierno y con las autoridades de la ciudad autónoma.

Y ante las críticas del PP, que habla de "dejación de funciones" por parte del Ejecutivo, Interior subraya que todo el Gabinete "está trabajando con más recursos, medios y efectivos, que se han reforzado en la última semana, para garantizar tanto la seguridad y el control migratorio como la atención humanitaria necesaria, con el objetivo de que no se ponga en peligro ninguna vida humana en el mar".

El Ejecutivo, en su comunicado, evita expresamente desairar a Rabat, aliado estratégico y al que mima desde que se recuperaron las relaciones en 2022: "El Gobierno de Marruecos está cooperando de manera leal y permanente con España y colaborando estrechamente para afrontar esta situación. La intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes está deteniendo la llegada de numerosas personas que intentan acceder a Ceuta desde territorio marroquí".

Los sindicatos policiales también manifestaron duras críticas con este repunte de la presión migratoria en la ciudad autónoma. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) advirtió de que la situación exige "una respuesta inmediata del Estado: más medios, más control fronterizo y una política migratoria eficaz". Cree la central que a la presión que sufre ahora mismo Ceuta se suma la reciente sentencia del Supremo que "limita la aplicación" de las devoluciones calientes (rechazo en frontera) de las personas interceptadas en el mar frente a las costas de Ceuta y Melilla, "obligando a tramitar procedimientos ordinarios" para la deportación.

Jupol, por su parte, denunció el "absoluto colapso" que están viviendo los agentes destinados a la ciudad autónoma como consecuencia de la "llegada masiva de inmigrantes irregulares". Los policías, dijo, están trabajando "al límite de sus posibilidades, sin los recursos humanos y materiales necesarios". El sindicato propone a su vez modificar la ley de extranjería para "permitir la devolución inmediata de quienes accedan ilegalmente por vía marítima" y suscribir "acuerdos bilaterales de readmisión con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular, comenzando por Marruecos". "Sin devoluciones ágiles ni acuerdos de readmisión, España seguirá sufriendo este efecto llamada", remata la central policial.