Los indicios que acercarían al PSOE a una imputación en el caso de las 'cloacas'

La investigación que el juez Santiago Pedraz dirige en la Audiencia Nacional sobre la presunta trama de las 'cloacas' del PSOE ha ido estrechando el cerco sobre varios dirigentes y colaboradores del partido. Primero fue la exmilitante socialista Leire Díez. Después llegaron el exsecretario de Organización Santos Cerdán; la gerente federal, Ana María Fuentes; el exdirigente socialista Gaspar Zarrías o los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Pero los informes que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han remitido al juez ya no sólo apuntan a los presuntos integrantes de las 'cloacas'. También dibujan un escenario en el que la propia estructura de la formación socialista habría sido utilizada para sostener su actividad.

Según los investigadores de la Guardia Civil, la organización habría empleado fondos del partido, su sede, trabajadores de Ferraz y hasta la propia gerencia para financiar y facilitar una estrategia destinada a "desestabilizar" las investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Un conjunto de elementos que, desde el punto de vista jurídico, podrían abrir la puerta a una eventual imputación del partido como persona jurídica.

Eso no significa que ese paso vaya a producirse de forma inmediata. El PSOE no figura, por ahora, como investigado. Sí lo están Santos Cerdán, Ana María Fuentes, Gaspar Zarrías, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Pero el Código Penal prevé que también los partidos políticos puedan responder penalmente cuando determinados delitos se cometen utilizando su organización, sus recursos o sus órganos de dirección y en beneficio de la propia formación, según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente.

Fondos del partido para pagar a las 'cloacas'

El primero de los bloques de indicios tiene que ver con la financiación. El juez sostiene que la actividad desarrollada por Leire Díez fue sufragada con fondos del PSOE mediante distintos mecanismos diseñados para ocultar el origen del dinero. El primero se articuló a través de Zaño Sociedad Consultora S. L., mercantil vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías —también investigado— que entre junio y septiembre de 2024 habría abonado a Leire Díez cuatro nóminas de 4.000 euros por un contrato laboral que el magistrado considera instrumental. Es decir, 16.000 euros en total.

Ni a la propia Leire le acabó de convencer esta vía. "Lo que me quiere pagar Santos podría hacerlo a través de Andalukadi directamente. No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar", escribió por WhatsApp a uno de sus socios, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, tal y como se extrae de las conversaciones intervenidas por la UCO de su teléfono.

Cuando esa vía dejó de utilizarse, la trama recurrió a un segundo sistema para pagar a la 'fontanera'. El PSOE abonó 27.225 euros al despacho del abogado Ismael Oliver mediante una nota de encargo firmada por la gerente del partido. Posteriormente, otra sociedad del abogado transfirió esa misma cantidad a Leire Díez bajo el concepto de "elaboración de informes". Según el juez, el objetivo era "romper la trazabilidad" del dinero.

A esos pagos se suman los efectuados al abogado Jacobo Teijelo. La UCO recoge que la formación socialista contrató sus servicios por un importe de al menos 125.000 euros. Él mismo reconoció al juez Pedraz en su declaración que el partido le contrató como asesor jurídico para hacer "interpretaciones prospectivas" sobre investigaciones judiciales, y aseguró que la formación todavía le debe el pago de dos facturas por estos servicios que habría prestado entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.

Teijelo emitió hasta tres facturas dirigidas al PSOE. La primera de ellas del 20 de enero de 2025, y corresponde a los servicios prestados entre el 1 de noviembre de 2024 y el 1 de enero de 2025, por un total de 75.000 euros (más IVA). Las otras dos facturas se corresponden a febrero y marzo, y ambas ascienden a 25.000 euros. La nota de encargo, rubricada también por Ana María Fuentes, fijaba unos honorarios de 250 euros por hora, con un mínimo mensual de 15.000 y un máximo de 25.000 euros.

La gerente que firmaba los contratos

Buena parte de esa operativa financiera pasa por Ana María Fuentes, gerente del PSOE. Pedraz le atribuye una "indiciaria responsabilidad" en la confección de las notas de encargo que sirvieron para justificar los pagos tanto al despacho de Oliver como de Teijelo. A su juicio, esas órdenes permitieron dar "apariencia de legalidad" a una serie de facturas "mendaces" y que habrían servido para canalizar dinero del partido hacia la presunta trama.

Esa "concreta y auxiliar intervención" hace que el juez le atribuya un presunto delito de falsedad documental, aunque más como coautora o cómplice "que como responsable principal" del delito de organización criminal. Por estos hechos está citada a declarar como investigada el 9 de septiembre. Además, la UCO había solicitado clonar y analizar su móvil, aunque el magistrado acordó el 10 de julio devolver su teléfono por considerar la medida "desproporcionada".

Ferraz como centro de operaciones

La investigación también sitúa la sede federal del PSOE como uno de los principales escenarios donde se coordinó la actividad de la presunta organización. Según el juez, Santos Cerdán y Leire Díez mantuvieron al menos 39 reuniones, cerca de la mitad de ellas en Ferraz. Entre ellas figura la celebrada el 26 de abril de 2024, durante los cinco días de reflexión que Pedro Sánchez se tomó tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Aquel encuentro marcó un "punto de inflexión" en la puesta en marcha de las supuestas 'cloacas'.

A ello se suma el papel que habrían desempeñado dos trabajadoras administrativas del partido, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, encargadas de gestionar reservas de trenes, vuelos, hoteles y alquileres de vehículos para varios de los investigados. La Guardia Civil ha documentado, al menos, cuatro viajes de Leire Díez sufragados por el PSOE, además de viajes de Javier Pérez Dolset y del desplazamiento y alojamiento en Madrid de Miriam Serrano, testigo en una de las actuaciones dirigidas contra el fiscal José Grinda.

Sin embargo, ambas empleadas han dejado de estar investigadas. El juez entiende que no existen indicios de que conocieran el supuesto carácter ilícito de las órdenes que ejecutaban y considera que actuaban como meras administrativas siguiendo instrucciones de la Secretaría de Organización. Es por ello que Pedraz les ha pedido que aporten las comunicaciones que pudieran haber mantenido entre abril de 2024 y julio de 2025 con Cerdán, Ana María Fuentes, Leire Díez o Juanma Serrano, en su declaración del próximo 28 de julio.

También se menciona al entonces director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, respecto a un episodio relacionado con la financiación del digital Crónica Libre, creado por la periodista Patricia López. Los investigadores atribuyen a López un papel como "fuente de obtención y procesamiento de información" y sostienen que, a través de Crónica Libre, desarrolló junto a Díez una estrategia comunicativa de respuesta frente a las investigaciones que afectaban al PSOE.

Precisamente, la formación socialista habría abonado 20.000 euros a la sociedad editora del medio mediante una campaña publicitaria gestionada a través de la agencia Iki Group Communications. Pedraz atribuye directamente a Santos Cerdán la decisión de ordenar ese pago y señala a Antolín como la persona encargada de ejecutarlo.

¿Puede responder penalmente un partido?

Todos estos elementos no suponen, por sí solos, que el PSOE vaya a ser investigado como persona jurídica. Esa decisión corresponde exclusivamente al juez instructor. No obstante, la investigación sí describe una presunta utilización de recursos económicos, infraestructura, personal y órganos de dirección del partido para desarrollar una actividad que perseguía proteger al Gobierno y al PSOE de distintas investigaciones judiciales.

Precisamente esos son algunos de los elementos que el artículo 31 bis del Código Penal exige para poder exigir responsabilidad penal a una organización. La ley contempla, no obstante, una posible vía de exención: que el partido pueda acreditar que contaba con mecanismos eficaces de prevención y control —los conocidos programas de compliance— y que, en caso de haberse cometido los delitos investigados, estos se produjeron eludiendo fraudulentamente esos controles internos, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico.