Comisiones Obreras y UGT han convocado una huelga general –todavía sin fecha– a demanda del Sindicato de Inquilinas y de las movilizaciones del pasado sábado, convocadas tras el rechazo del pleno del Congreso a los dos decretos sobre vivienda que presentó el Gobierno.

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CCOO y UGT han estado ocho años sin quejarse de nada porque había un Gobierno progresista. Problemas como la falta de viviendas, los altos alquileres o los bajos salarios parecía que les importaban un comino. Las manifestaciones del 1º de mayo eran cada vez más reducidas. Apenas si acudían los liberados de las dos grandes centrales.

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Esta desmovilización de los trabajadores podía ser coherente con ese país que el presidente del Gobierno pinta como un ejemplo para Europa, ese país que "va como un cohete". Si todo va estupendamente, ¿por qué quejarse?

Pero, de repente, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO) se han percatado de que en España no todo va tan bien, que hay miles de jóvenes y no tan jóvenes que no pueden acceder a una vivienda y de que, además, ¡hay miles de desahucios!
Maricarmen les ha abierto los ojos, el Sindicato de Inquilinas les ha despertado de su letargo, y el presidente del Gobierno les ha terminado de convencer de la necesidad de la movilización tras anunciar un adelanto electoral al 29 de noviembre.

La huelga, no se preocupen, será antes del 29-N. No después. Y, para que no se diga, se convocará justo antes de la campaña electoral, pero no mucho antes, para que sus efectos se noten a la hora de ir a votar.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los dos decretos de vivienda tumbados la semana pasada por el Congreso. El primero entrará ya en vigor y Sánchez se ha asegurado el voto favorable del PNV en la Diputación Permanente del Congreso para que no decaiga. En buena lógica, los sindicatos deberían desconvocar la huelga, ya que el decreto que prorroga los alquileres y prohíbe los desahucios tiene luz verde. Los acampados en Sol deberían levantar sus tiendas, ya que han logrado todos sus objetivos: que Maricarmen vuelva a la casa donde vivía y que se apruebe el decreto sobre vivienda y contra los fondos buitre. Pero eso no sucederá.

Justo este martes, las seis universidades públicas de Madrid han convocado huelga los días 5 y 6 de noviembre –justo en las puertas del inicio de la campaña electoral– para pedirle a Ayuso una mejor financiación. Ya había un acuerdo firmado, pero eso no importa. Las universidades de Madrid también han escuchado la voz de la calle, no se quieren quedar atrás en una movilización que pretende ser atronadora.

La huelga no se hace para que haya más viviendas, sino para advertirle a la derecha de lo que le espera si gana las elecciones

Normalmente, las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. La última, se convocó en 2012 contra los recortes de Rajoy. Era una huelga política, todas las huelgas generales lo son. Pero tenía sentido.

¿Contra quién se dirige esta huelga general?. María Jesús Montero, callada tras su derrota en Andalucía, y ahora recién nombrada directora de estrategia de campaña del PSOE, ha respondido con una claridad meridiana: "La huelga general es contra la oposición". Esta es una innovación en la historia del movimiento obrero. Un hito.

La huelga, por tanto, no se hace para que haya más viviendas, o para que no haya más desahucios, sino para advertirle a la derecha de lo que le espera si gana las elecciones del 29-N. Es una huelga legal, por supuesto, pero que se hace con una finalidad estrictamente política, que no tiene que ver, al menos directamente, con los intereses de los trabajadores. Es una huelga hecha para acojonar.

Dada la escasa implantación de los sindicatos, su resultado no será un éxito. Aunque tendrá seguimiento en la educación, la sanidad y el transporte. Justo donde hay más trabajadores públicos, los que no pueden perder su empleo. Pero el posible fracaso también da igual. Ya se encargarán los medios que ya están en campaña de decir que el seguimiento ha sido masivo.

Lo peor de la convocatoria electoral de Sánchez –necesaria, porque esta legislatura ya no daba más de sí– es que augura un futuro tenebroso: o gana la coalición de izquierdas y nacionalistas, o España va a vivir un infierno.

Este tipo de huelgas no benefician a los trabajadores y perjudican al conjunto del país porque cuestionan la legitimidad de una de las opciones de gobierno. Pero demuestran una cosa: lo alejados que están los líderes sindicales de los verdaderos problemas de la gente. La casta sindical nunca ha sido tan casta ni tan débil como ahora.