El Gobierno prohibirá a los fondos buitre la compra especulativa de vivienda

La negociación continúa con los grupos y todavía no hay, por tanto, acuerdo. Pero el reloj corre y el Ejecutivo tiene definidos los diez ámbitos de actuación del real decreto ley de vivienda que mañana martes aprobará el Consejo de Ministros y que en el plazo de un mes deberá convalidar el Congreso. Y uno de los puntos fundamentales del texto con el que pretende responder a la enorme presión social generada por el desahucio de Maricarmen Abascal, es la prohibición de la compra "especulativa" de vivienda a los fondos buitre. Pero también se prevé la protección ante los desalojos, la estabilización de los contratos o el blindaje del parque público de vivienda con bajadas del IVA.

Son diversas las piezas que están tocándose en las conversaciones con los grupos, pero a su vez el Gobierno es consciente de que tiene por delante uno de los retos capitales de la legislatura: cerrar un texto que consiga los apoyos (y por tanto agrupe desde Junts y PNV hasta Sumar, Podemos y ERC y Bildu) y al mismo tiempo responda a la demanda social en las calles y que estalló el miércoles, cuando Maricarmen fue desahuciada —al cuarto intento—por el fondo de inversión que había comprado su vivienda, y cristalizó el sábado, con la manifestación en Madrid y la posterior acampada en Sol, que continúa hoy y que rememora el 15-M de 2011.

Vivienda debe cuadrar el círculo: cerrar un texto que consiga los apoyos a derecha y a izquierda y que al tiempo responda a la enorme presión social en las calles, que estalló con el desalojo de Maricarmen y cristalizó con la acampada en Sol

Fuentes del Ministerio de Vivienda, quien pilota la negociación, adelantaron este lunes las diez grandes líneas de actuación del decreto ley en el que trabaja con los grupos, sin entrar a los detalles. Será, asegura, un texto "ambicioso y transversal que incluya una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda" en esos diez ámbitos. En primer término, la "protección ante los desahucios", para que "no haya una Maricarmen más". No concreta ese alcance de la recuperación de la moratoria contra los desalojos que decayó en febrero por segunda vez consecutiva por el voto de Junts, PP y Vox.

Segundo punto, la prohibición a los fondos buitre de la "compra especutiva de vivienda", porque "las viviendas son para vivir". Medida que también busca evitar la repetición de lo que le ocurrió a Maricarmen: que un fondo —en su caso, Urbagestión— compre una vivienda y eche a su inquilino (a través incluso de una subida de cuotas impagable), aunque abone religiosamente sus mensualidades.

El tercer y cuarto eje responden igualmente al grito en Sol y a las exigencias del Sindicato de Inquilinas. Por un lado, la estabilización de los contratos de alquiler, para proteger a las personas que viven en comunidades en las que no se aplica la ley de vivienda frente a subidas abusivas, así como al conjunto de la población frente a las renovaciones. Y por otro lado, la regulación del alquiler de temporada, para acabar con el fraude en los contratos de corta duración.

El Ejecutivo prevé la regulación del alquiler de temporada, la subida del IVA de los precios turísticos y bonificaciones fiscales para los inquilinos y para los propietarios

El decreto ley también prevé la subida del IVA de los pisos turísticos, "para que tributen como lo que son, un negocio, y para frenar su proliferación". Otro de los puntos que ya figuraban originariamente en la negociación abierta por Vivienda en el verano.

Las conversaciones con Junts explican buena parte de los otros cinco ámbitos de actuación del decreto ley, tal y como lo concibe el ministerio que dirige Isabel Rodríguez. Así, se quieren introducir bonificaciones fiscales para los inquilinos, para "rebajar el esfuerzo económico de manera inmediata", y también incentivos a los propietarios para que bajen el precio de los alquileres.

Asimismo, el Gobierno desea incluir ayudas a la compra de la primera vivienda, para ayudar a las personas que quieren acceder a ella pero "no tienen ahorros" suficientes. Se pretende asimismo el blindaje del parque estatal de vivienda —al que son contrarias las comunidades del PP— para que "nunca más una vivienda pagada con el dinero de todos acabe en manos de especuladores".

También se incluirán ayudas a la compra de primera vivienda para los que no tengan ahorros y la bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente

El último punto es la bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente, ya que la regulación "se tiene que acompañar con la ampliación del parque de vivienda asequible".

El Gobierno, con estos mimbres, tiene que contentar a la vez a sus socios más a la derecha —PNV y singularmente Junts, que esta vez sí ha querido volver a la mesa de negociación— y a sus aliados de izquierda, empezando por Sumar. El dilema no es menor: redactar un real decreto ley alineado con las exigencias del Sindicato de Inquilinas y que corra el riesgo de alejar a los posconvergentes, o bien uno más alicorto que no contente a Podemos y Sumar, reforzados ahora por el movimiento en las calles. Todos los votos son necesarios para la convalidación en el Congreso. Ninguno de los socios puede irse al no.

Sumar dice que está "muy lejos" del acuerdo y que no valen "ni medias tintas ni parches", mientras que Podemos subraya que no sirven "acuerdos de mínimos" y pide expropiar las viviendas a los fondos buitre y bajar los precios del alquiler

Sumar ya advertía este lunes a primera hora que el acuerdo está "muy lejos". "Las medidas propuestas hasta ahora no recogen la mayor parte de las reivindicaciones del movimiento de vivienda. Por ahí no es. Prohibir desahucios en población vulnerable, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre y la prórroga de alquileres con renovación automática es el punto de partida irrenunciable. Ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias", escribió el socio minoritario de la coalición en su red de Bluesky. Irene Montero, eurodiputada y candidata de Podemos en las generales, insistía en La hora de La 1, en TVE, que no sirve un "acuerdo de mínimos" a nadie, un acuerdo que "no ponga fin a la especulación y no baje los alquileres". "Hay que acabar con el negocio de la vivienda y eso pasa por bajar el precio de los alquileres, por expropiar las viviendas a los fondos buitre y prohibir comprar casas para especular". La exministra respondió a un mensaje en X del titular de Transportes, Óscar Puente, que advertía de que era inviable económicamente, porque tendría un coste de unos 65.000 millones de euros. "Bien que el Estado rescató a la banca con miles de millones de euros de toda la ciudadanía. ¿Entonces por qué no se puede expropiar las viviendas de los fondos buitre?", se preguntó Montero en La 1.