El Gobierno enfurece a las CCAA con la subida salarial a los funcionarios mientras les aprieta con el gasto

El primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, al frente se ha saldado con el enfurecimiento generalizado de las comunidades autónomas. El ministro ha comunicado este lunes los límites presupuestarios que deberán cumplir las autonomías en 2027. Se trata del segundo paso —tras la presentación del cuadro macroeconómico— que debe acometer el Gobierno para tramitar los Presupuestos Generales del Estado en las Cortes Generales.

La iniciativa ha salido adelante, ya que el Gobierno cuenta con mayoría en el Consejo y solo necesitaba el voto favorable de una comunidad autónoma. Finalmente, ha recibido el respaldo de las tres autonomías gobernadas por los socialistas: Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha. El resto, gobernadas por el Partido Popular, han rechazado la propuesta al considerar que los límites de gasto fijados por Hacienda no son compatibles con las obligaciones presupuestarias que el propio Ejecutivo les ha impuesto.

Hacienda limita el gasto al 4% tras aprobar una subida salarial del 4,5%

El principal punto de fricción es la regla de gasto, que establece el porcentaje máximo en el que las comunidades autónomas pueden incrementar su gasto respecto al año anterior. Aunque Hacienda ha limitado al 4% el aumento máximo del gasto computable para 2027, no hay que olvidar que el Gobierno aprobó a finales de 2025 la subida salarial de los funcionarios en el periodo 2025-2028 y, para 2027, fijaba un alza del 4,5% para los empleados públicos. Una contradicción que, según las comunidades, hace "imposible" cumplir los objetivos de estabilidad.

"Las comunidades autónomas gestionamos el gasto de dos tercios de los funcionarios de toda España", ha puntualizado el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira. En la misma línea, el consejero de Galicia, Miguel Corgos, ha señalado que la regla de gasto propuesta por Hacienda está "alejada de las necesidades actuales, con un contexto inflacionario y políticas en materia de personal que menguan la capacidad de gasto" de las regiones. Esta última, una circunstancia clave, ya que "la mitad del presupuesto de las comunidades es gasto en personal", ha rematado Corgos.

"Cortina de humo para tapar la corrupción"

Precisamente por ello, los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el Partido Popular consideran que el Ejecutivo es plenamente consciente de que las autonomías no podrán cumplir los objetivos que les acaba de fijar. A su juicio, el verdadero objetivo del Consejo de Política Fiscal y Financiera no era abordar la situación financiera de las regiones, sino lanzar el proceso presupuestario en un contexto marcado por los escándalos que cercan al Gobierno.

La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha calificado la reunión como una "tapadera" y una "cortina de humo para tapar la corrupción". En la misma línea, la consejera de Andalucía, Carolina España, ha asegurado que Hacienda ha dado el "pistoletazo de salida" a los Presupuestos Generales del Estado "en el momento de mayor debilidad del Gobierno, asediado por los casos de corrupción".

De hecho, los consejeros han sostenido que el Ejecutivo sabe de antemano que las comunidades difícilmente podrán cumplir la regla de gasto, especialmente después de que, como recordó la consejera andaluza, "este año, todas las comunidades autónomas han incumplido las reglas de gasto a excepción de una". A su juicio, si este objetivo no se ha alcanzado en el ejercicio actual, las nuevas exigencias presupuestarias harán aún más difícil cumplirlo en 2027.

Por su lado, el ministro de Hacienda ha defendido que la senda propuesta no supone un endurecimiento de las condiciones para las comunidades autónomas. De hecho, ha recordado que la regla de gasto para 2027 se sitúa en el 4%, medio punto por encima del límite fijado para este año, lo que, según el ministro, ofrece un mayor margen para incrementar el gasto público. Además, ha subrayado que las autonomías volverán a contar en 2027 con la mayor financiación de su historia. En concreto, la financiación total —incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2025— aumentará más de un 8%, un incremento que, de acuerdo con Arcadi, permitirá a las comunidades afrontar sus compromisos presupuestarios con mayores recursos.

El déficit asimétrico: acercando posturas con Junts

Cabe añadir que el Ministerio de Hacienda ha abierto la puerta a introducir un déficit asimétrico entre las comunidades autónomas. Es decir, aunque el objetivo conjunto seguirá siendo del 0,1% del PIB, el Gobierno está dispuesto a que ese margen no se distribuya de forma idéntica entre todas ellas. "Hay muchas comunidades autónomas que han cerrado el ejercicio con superávit y no necesitan un colchón financiero adicional", ha señalado el ministro. Por tanto, las propias comunidades podrían acordar entre ellas un reparto desigual de ese margen en función de su situación financiera, de forma que las regiones con mayores dificultades presupuestarias puedan disponer de una mayor capacidad de déficit en detrimento de las que cuenten con superávit.

Un movimiento con el que el Gobierno también acercaría posturas con Junts per Catalunya (JxCat) de cara a la negociación de los Presupuestos en el Parlamento. Tras el rechazo de la formación independentista a la senda de estabilidad el pasado año por considerar insuficiente el margen de déficit del 0,1% para las comunidades autónomas, un reparto asimétrico de este déficit permitiría a Cataluña —una de las comunidades con mayor déficit— disponer de un mayor margen para gastar por encima de sus ingresos. Además, habría que añadir el aumento de la regla de gasto del 3,5% al 4% para 2027. Dos concesiones con las que el Ministerio trata de facilitar un acuerdo, aunque Junts ya ha advertido de que, por el momento, siguen siendo insuficientes.

Sea como fuere, el margen de déficit es solo una parte de la negociación. La verdadera batalla se librará con la reforma del sistema de financiación autonómica, la principal reivindicación de los independentistas. Hacienda remitirá esta misma semana a las comunidades el primer borrador del nuevo modelo, que será analizado por el comité técnico el 14 de julio y debatido en un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera el día 29. El objetivo del Gobierno es aprobar posteriormente la reforma en el Consejo de Ministros y enviarla al Congreso tras el verano, prácticamente al mismo tiempo que iniciará la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. De este modo, ambas negociaciones quedarán estrechamente vinculadas. Es decir, si el Ejecutivo logra atraer a Junts con la reforma del sistema de financiación, aumentarán también sus opciones de sacar adelante las cuentas públicas.