Bruselas corrige el mayor agujero de transparencia de los fondos europeos en los nuevos presupuestos de la UE

La Comisión Europea ha decidido atajar de raíz una de las principales deficiencias detectadas durante la ejecución de los fondos Next Generation. De cara al próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034 —es decir, los nuevos Presupuestos de la Unión Europea—, Bruselas obligará a los Estados miembros a identificar y publicar la identidad de todos los perceptores de fondos, incluidos los beneficiarios de contratos y subcontratos.

La medida supone un giro en materia de transparencia y responde directamente a las lecciones aprendidas durante la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Con los fondos europeos, los Estados miembros únicamente estaban obligados a publicar la relación de los cien mayores beneficiarios. Sin embargo, el sistema permitió que parte de estos listados estuvieran integrados por administraciones públicas u otros organismos intermediarios encargados de redistribuir los fondos, dificultando así la identificación de los beneficiarios finales reales del dinero europeo. De esta forma, con la nueva propuesta, Bruselas pretende cerrar definitivamente este vacío de información.

El "agujero" de los intermediarios

La necesidad de reforzar la transparencia no responde únicamente a un criterio político, sino también a las advertencias de los organismos fiscalizadores. En su último informe sobre los fondos europeos, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea calificó de "insuficiente" la información pública disponible sobre los beneficiarios, los costes reales y los resultados de las inversiones. En el caso de España, además, reprochó que las autoridades publicasen los importes "asignados" en lugar de las cantidades efectivamente "recibidas", tal y como exige la normativa comunitaria, y advirtió de que parte de la información sobre los costes reales solo podía obtenerse previa solicitud.

Unas deficiencias que tienen su origen en el propio diseño jurídico del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El Reglamento únicamente obligaba a los Estados miembros a publicar la información relativa a los cien mayores beneficiarios, sin establecer un modelo homogéneo de publicidad ni una identificación plenamente trazable de los destinatarios finales de los fondos. Ante este vacío, cada país aplicó criterios distintos de transparencia. Mientras Croacia, Portugal o Italia optaron voluntariamente por estándares más exigentes, la mayoría se limitó al mínimo previsto por la normativa.

Además, en muchos casos —entre ellos, el Gobierno español—, incluyeron en estos listados de los cien mayores beneficiario: ministerios, ayuntamientos, comunidades autónomas o empresas públicas, que actuaban en muchos casos únicamente como intermediarios en la distribución de los fondos, lo que dificultaba conocer quiénes eran los destinatarios finales reales.

Nuevo diseño del nuevo presupuesto europeo

Esta falta de transparencia es la que Bruselas pretende corregir en el próximo presupuesto de la Unión —que asciende a los dos billones de euros, lo que supone 700.000 millones más que en el presupuesto del periodo 2021-2027—, obligando a publicar la identidad de todos los perceptores, incluidos contratistas y subcontratistas.

Y es que los nuevos Presupuestos europeos copiarán la arquitectura de los fondos Next Generation. El presupuesto se simplificará de 52 a 16 programas y se articulará a través de 865 planes nacionales y regionales que englobarán políticas históricas como la PAC, la pesca o la cohesión. Bajo este diseño, los Estados miembros recibirán los desembolsos a medida que vayan cumpliendo hitos y objetivos previamente pactados con la Comisión Europea, exactamente igual que como ha ocurrido con los fondos europeos.

Rechazo del Parlamento Europeo

Precisamente este cambio de modelo es el que más recelos despierta en el Parlamento Europeo. Durante un encuentro organizado por la Comisión Europea con periodistas españoles especializados en información económica, al que asistió El Independiente, la eurodiputada socialista Sandra Gómez, miembro de la comisión de Presupuestos, defendió que la Unión Europea "es un grupo de socios donde tenemos intereses comunes" y cuestionó que el nuevo presupuesto sustituya esta lógica por planes nacionales.

Para ilustrarlo, recurrió a una metáfora: "Es como si la abuela reparte sobres de dinero en Navidad a los nietos y cada nieto se lo gasta como quiera". A su juicio, sustituir las políticas comunes por planes nacionales implica que "cada gobierno se lo gasta como quiera" y, según advirtió: "Va a generar la ruptura del espíritu europeo".

Desde el Partido Popular, la eurodiputada Isabel Benjumea, también integrante de la comisión de Presupuestos, compartía el rechazo al nuevo diseño. Durante el mismo encuentro sostuvo que desvirtuaba las políticas históricas de la Unión y que, "bajo la etiqueta de la simplificación y la flexibilidad, nosotros lo que identificábamos era un recorte" en "políticas que son el ADN de la política europea, como la PAC, la cohesión, Erasmus o el Fondo Social".

De hecho, según la eurodiputada popular, el nuevo sistema lo que hará será trasladar la responsabilidad del recorte a los Gobiernos nacionales: "Creemos que se está utilizando este método para tratar de trasladar el recorte a los estados y dándoles esa capacidad de gestión directa para que sean ellos los que apliquen el recorte final a una política u otra".