La conectividad o el "corredor" de los incendios

Controlados, según se dice, los principales incendios que un año más han asolado buena parte de España, procede la reflexión. 

Se ha instalado entre el lenguaje políticamente correcto, la expresión negacionismo, para atribuirlo a quien pone en duda o simplemente pide más precisión y rigor acerca de lo que ha de entenderse como cambio climático y la veracidad y contraste técnico científico de las catástrofes, bondades o problemas que se le atribuyen, de forma que no queda más remedio que asumir todo lo relativo al cambio climático como una verdad absoluta, incuestionable, casi religiosa. 

No obstante, este "dogma" ha empezado a caer, cuando se atribuyen al cambio climático catástrofes como la de los incendios que un verano más sufrimos. Ya no son sólo las víctimas, ni quienes conocemos o trabajamos cerca del mundo rural en España, ahora es la opinión pública, la que empieza a mirar hacia la política medioambiental de España. Desde mi punto de vista, negacionistas son quienes siguen buscando culpables y atribuyendo al cambio climático, lo que solo es consecuencia de una política ambiental y de desarrollo rural errada. 

La planificación estratégica del patrimonio natural y la biodiversidad corresponde al Gobierno central (Art. 13 ley 42/2007), planificación en la que en su día la ministra Rivera introdujo, a través de un Real Decreto, los principios y exigencias de la agenda 2030 (renaturizacion de los ríos, eliminación de embalses, aumento de red natura, reducción de superficie agraria, etc), mientras en otros países de la UE se ponía en duda su conveniencia y eficacia. Las estrategias de conservación se aprueban por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y constituyen un marco orientativo de los instrumentos de gestión (art. 27 Ley 42/2007)  y planes de conservación.

A las Comunidades Autónomas corresponde la declaración de los espacios naturales en su territorio, así como la aprobación de los planes de gestión de estos, que llevan a cabo, mediante normas eminentemente sancionadoras, restrictivas y limitadoras de derechos individuales previamente consolidados, lo que dota a estas normas de una naturaleza expropiatoria, puesto que ningún justiprecio o compensación  prevén para los dueños y afectados por estas, entre los que se encuentra también los ayuntamientos, que ven reducida, cuando no eliminada, su autonomía local, pues las normas medioambientales prevalecen sobre cualesquiera otras (art. 19 ley 42/2007), convirtiendo a la autoridad ambiental, en una especie de señor feudal que decide sobre vidas y haciendas en su ámbito de dominio, ejerciendo una función de control absoluto sobre el ciudadano. 

Las memorias económicas que incorporan estas normas, están en general vacías de contenido y, además, constituyen un canto a la inseguridad jurídica y a la ambigüedad (ni siquiera se define con planimetría indubitada el ámbito territorial y la zonificación de los espacios que se declaran, mediante  georreferencias publicadas en el Diario oficial correspondiente, lo que supone, que se puede cambiar, y se cambia, sin control alguno). A todo ello hemos de añadir y resulta muy relevante, que si bien la normativa europea y estatal exigen la participación de los ciudadanos y la concertación local  para la  elaboración y ejecución de los planes de gestión y, en general, para la elaboración de cualquier normativa medioambiental, a administración pública española desoye este mandato, mediante la utilización de métodos, que aparentando formalmente el cumplimiento de tal obligación, en realidad no atienen a ella, eludiendo así incorporar en esta regulación el conocimiento local y garantizar un equilibrio entre la necesidad de protección y el derecho al desarrollo socioeconómico, evitando entre otras cosas, el despoblamiento rural. Esta falta de participación y concertación fue determinante en el abordaje de los incendios, ni la UME, ni siquiera los bomberos conocen como los locales, la orografía, los vientos o el comportamiento de distintos elementos matules de cada zona, sin embargo, los ignoran. 

La realidad es, que en la política conservacionista española prima, sobre todo, el interés en sumar superficie protegida, dado que eso supone la llegada y canalización de fondos europeos, destinados exclusivamente a la conservación, que luego se distribuyen generosamente y con interés político entre movimientos ecologistas, ejecución de proyectos con finalidades supuestamente conservacionistas  o restauradoras, algunos de dudosa utilidad; pongamos como ejemplo, las depuradoras, que TRAGSA construyó en zonas rurales de Asturias con fondos europeos y que llevan años sin ponerse en marcha y sin cerrar los procesos de pago de justiprecio a los expropiados o  la proliferación de estudios, análisis y puesta en marcha de proyectos  de energías renovables, cuyo crecimiento sin mesura parece haber sido parte de la causa del "apagón". 

Es en este panorama, que nos encontramos con los pavorosos y aterradores incendios de Ávila y Madrid, que se han producido y no es casualidad, en el corazón de espacios protegidos. Si examinamos los datos publicados, se han evacuado en Madrid, 31.856 personas en 13 localidades, Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejos, pedanía de Peralejo, Rozas del Puerto Real, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Valdemaqueda; 25.087 personas evacuadas y 8735 personas confinadas en Ávila en 16 poblaciones: Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, El Tiemblo, Pedro Benardo, Higuera de Dueñas, Gavilanes, Mijares y Fresnedilla; 6.200 evacuados en Toledo: La Iglesuela del Tiétar, Saratajada, Almendral de la Cañada, Buenaventura; Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum y Nuñogómez.    

Todos los pueblos de Madrid  mencionados están dentro del ámbito territorial  de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) "Encinares del rio Alberche y Rio Cofio"; y la Zona de Especial Conservación (ZEC) "Cuencas de los ríos Alberche y Rio Cofio", así puede comprobarse  en el  mapa que contiene  el anexo I del Plan de gestión  de esos espacios Red Natura, aprobado por decreto de la Comunidad Autónoma de Madrid, 26/2017, de 14 de marzo, publicado en el diario oficial el 17/3/2017; los de Ávila, están incluidos en la Reserva Natural del Valle de Iruela  y ZEC y ZEPA-ES0000116 - Valle de Iruela.

En los territorios declarados espacios protegidos, bien mediante figuras Red Natura 2000 (ZEC y - ZEPA-, o LIC – Lugar de interés comunitario propuesto)  u otros, como parques naturales, nada se puede hacer sin previa solicitud y autorización de la autoridad ambiental, por lo que nada depende de la voluntad de sus dueños. 

Por otro lado, los artículos 79 y siguientes de la Ley 42/2007 establecen un régimen de infracciones y sanciones para la protección de estos espacios, que se definen con tal ambigüedad, que cualquier actuación puede suponer (depende de la valoración subjetiva del funcionario o autoridad ambiental de turno) una sanción elevadísima, cuando no, la apertura de diligencias por delito ambiental. Esta ambigüedad, su amplitud y el impedimento que determinan para cualquier actuación sobre el terreno, se aprecia por la simple lectura de las conductas tipificadas como sancionables, veamos: "la destrucción del hábitat de especies… en particular, del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación"; "la destrucción o deterioro significativo de los componentes de los hábitats …", "la alteración de las condiciones  de un espacio protegido o de los productos propios de él, mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones"; "la instalación de carteles de publicidad o la producción de impactos paisajísticos sensibles…" .

A esto hay que sumar la prohibición, con carácter general, de apertura de nuevos caminos y accesos, de construcción de cortafuegos (se iban realizando estos días a medida que se atacaba el fuego para poder acceder), de instalaciones de comunicación, de actividades extractivas, de aprovechamientos maderables y recursos naturales, de leñas muertas, de limpiezas y  desbroces, salvo excepcionalísimos casos y, en todo caso,  previo estudio de impacto ambiental  por las misma autoridad ambiental,  que con frecuencia niega o limita. 

Tales restricciones convierten estos espacios y territorios en verdaderas teas cuando se prende fuego, pues constituyen acumulaciones de combustible natural sin accesos, ni pistas, ni tomas de agua, previstas para abordar y luchar contra el incendio. 

A todo ello ha de sumarse el propugnado principio de conectividad y la creación de  lo que llaman "corredores ecológicos" (Art. 47 ley 42/2007)  que defienden las autoridades ambientales con el fin, según algunos expresan de modo grafico en que una ardilla pueda atravesar  de árbol en árbol la península. Este principio determina la unión o continuidad de multitud de espacios en las mismas condiciones de restricción y acumulación de combustible, de tal forma, que prendido el fuego en un espacio, se propaga a mayor velocidad que la ardilla por sucesivos espacios, arrasando cientos de hectáreas, inaccesibles para los medios de extinción (no hay cortafuegos, ni caminos adecuados, ni  embalse de aguas, ni siquiera buenas comunicaciones) , de manera que en pocos minutos, se pierde aquello, que decían querer proteger y que perteneciendo a ciudadanos, municipios o instituciones, no les dejaron aprovechar, ni proteger conforme al  conocimiento y tradición local, pues el aprovechamiento de los recursos naturales por el hombre forma parte del equilibrio natural. 

Así pues, las voces, que desde la ignorancia de esta realidad, con la simple lectura de un artículo de la ley de montes, se atreven a atribuir a los  dueños (ciudadanos privados, ayuntamientos o vecinos en los montes vecinales en mano común), la obligación de gestionar y cuidar los montes e incluso evitar los incendios según algún indocumentado, deberían empezar a reflexionar, pues lo que hay que cambiar es esta política de ultra protección, huérfana de conocimiento técnico científico de la conservación, infantil e interesada, cuyos resultados son lo que hoy vemos, media España quemada, la zona rural despoblada (las exigencias legales  y burocráticas, así como los costes  que suponen la exigencias de evaluaciones ambientales y otro, impiden la rentabilidad de muchas actividades agrícolas y ganaderas) y las enormes pérdidas de los pocos y heroicos ciudadanos, que permanecen en los pueblos y en ellos  intentan sobrevivir, desarrollando proyectos agrícolas, ganaderos, forestales, silvícolas, que  hoy ven destruidos, como incluso ven destruidas sus viviendas.