El PP acorrala a Sánchez por el desvío de fondos europeos para pensiones y la "dictadura presupuestaria"

El Partido Popular ha decidido llevar al terreno parlamentario la "ingeniería presupuestaria" del Gobierno y su gestión de los fondos europeos para financiar gasto corriente. El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, y la secretaria general, Cuca Gamarra, han anunciado este jueves la "convocatoria urgente" de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) el próximo 21 de mayo para abordar la Cuenta General del Estado de 2024, tras el último informe del Tribunal de Cuentas, que alertaba del desvío de fondos europeos para pagar pensiones y ponía en duda la constitucionalidad del uso de las modificaciones de crédito sobre unos Presupuestos prorrogados desde 2023. Para los populares, Sánchez ha convertido esta situación en una "dictadura presupuestaria" y han reclamado que "el Parlamento recupere sus funciones".

El detonante ha sido doble. Por un lado, el Tribunal de Cuentas advirtió en su Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024 que el Gobierno había desviado 2.389 millones de euros procedentes de fondos europeos para financiar pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos, cuestionando además la legitimidad de la prórroga presupuestaria "indefinida" del Gobierno desde 2023. Por otro lado, Eurostat confirmó este martes que España se había consolidado como el segundo país de la Unión Europea que más recursos había destinado a gasto corriente con cargo a los fondos Next Generation. En concreto, 10.238 millones entre 2020 y 2025, el 22,7% de todo lo ejecutado.

Ante ello, el PP ha pedido que la Mesa de la Comisión Mixta modifique el orden del día de su próxima reunión, prevista para el 21 de mayo, para abordar de forma inmediata la Cuenta General del Estado de 2024. Gamarra ha defendido que el Parlamento debe "recuperar las competencias que el Gobierno le ha quitado" y ha denunciado el "fraude democrático del sanchismo" por la "usurpación de una competencia del Parlamento", en referencia al debate presupuestario.

Asimismo, la dirigente popular ha recordado que la Comisión puede activarse si cuenta con el respaldo de una quinta parte de sus miembros, requisito que el PP cumple. No obstante, la convocatoria todavía deberá pasar también por la aprobación de la propia Mesa de la Comisión Mixta, donde los populares cuentan con mayoría al tener tres de sus cinco integrantes, por lo que confían en que salga adelante.

Sánchez mantiene la flexibilidad de la pandemia para mover crédito sin nuevos Presupuestos

Los populares han criticado que la ausencia de nuevos Presupuestos ha permitido al Ejecutivo gobernar con una flexibilidad extraordinaria sobre unas cuentas de 2023 prorrogadas durante tres años. Según ha denunciado el vicesecretario de Economía del PP, el Gobierno mantiene todavía mecanismos excepcionales incorporados durante en 2023 para gestionar la pandemia y agilizar la gestión presupuestaria en una situación de emergencia, por el que se le que permitía realizar modificaciones de crédito sin el aval previo del Parlamento. Se trataba de una herramienta pensada para un contexto excepcional y temporal, no para convertirse en una fórmula ordinaria de gobierno.

Con unos nuevos Presupuestos aprobados, el Gobierno no dispondría de este margen de modificaciones sin que tuviese que debatirse en el Congreso y Senado: "Se ha prorrogado indefinidamente una competencia concedida por el Parlamento para una crisis concreta" (pandemia), ha resumido Nadal, calificando la situación como una "dictadura presupuestaria".

Además, a juicio del PP, el problema no es solo no presentar nuevas cuentas, sino haber normalizado que el Congreso quede fuera del control presupuestario. La secretaria general del PP ha subrayado que la Comisión de Presupuestos "solo se ha reunido para constituirse" y, desde entonces, no ha avanzado más, pese a haberse superado el tercer año de legislatura. De acuerdo con Gamarra, esta parálisis impide que el Parlamento conozca y debata las prioridades políticas del Gobierno: "La ausencia de Presupuestos representa cómo desde el Gobierno se impide al Parlamento desarrollar una de sus funciones constitucionales principales, recogidas en el artículo 66, que es la aprobación de los Presupuestos. No hay que olvidar que estamos en una democracia".

Una crítica que coincide con el voto particular del consejero del Tribunal de Cuentas Javier Morillas Gómez, que reprochó que durante toda la XV legislatura el Ejecutivo no había presentado ningún proyecto de Ley de Presupuestos: ni para 2024, ni para 2025, ni para 2026, manteniendo prorrogadas las cuentas de 2023. Para Morillas, con ello "se ha hurtado a la representación de la soberanía popular y a la propia nación española" de conocer la traducción real de la acción política del Gobierno en términos de ingresos y gastos.

Y es que los presupuestos no son solo una herramienta contable, sino el instrumento con el que el Ejecutivo concreta en cifras sus prioridades políticas: cuánto destina a política social, internacional, en seguridad, en defensa, fiscalidad, justicia, vivienda, transición ecológica, etc. Al no presentar este proyecto ante las Cortes, el Gobierno evita que esta hoja de ruta económica sea debatida públicamente y deja al Parlamento fuera de una de sus funciones esenciales: examinar, enmendar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado.