Las huelgas de funcionarios baten récord de participación en 2025

Los funcionarios nunca se habían movilizado tanto. En 2025, las huelgas en el sector público alcanzaron el mayor número de participantes desde que el Ministerio de Trabajo dispone de registros oficiales, es decir, desde 2013. De acuerdo con la Estadística de Huelgas y Cierres Patronales que elabora anualmente el Ministerio que dirige Yolanda Díaz, un total de 220.094 empleados públicos salieron a las calles para movilizarse laboralmente durante el pasado ejercicio.

Y los máximos históricos de conflictividad laboral en el sector público no terminan ahí. El número de jornadas no trabajadas por la participación en huelgas alcanzó el segundo registro más elevado de toda la serie histórica, con 374.705 jornadas perdidas, tan solo por detrás de las 542.620 contabilizadas en 2023. Del mismo modo, las 107 huelgas registradas durante 2025 constituyen también el segundo dato más alto desde 2013, únicamente superado por las 114 contabilizadas hace también en 2023.

Las huelgas educativas concentraron seis de cada diez participantes

Detrás de estos récords hay un protagonista claro: los profesores. Las huelgas educativas concentraron durante 2025 casi seis de cada diez funcionarios que participaron en movilizaciones laborales. En total, 128.817 profesionales de la enseñanza secundaron paros a lo largo del año, una cifra que representa el 58,5% de todos los participantes registrados en el sector público. Además, estas protestas provocaron la pérdida de 201.977 jornadas de trabajo, el 54% del total contabilizado por el Ministerio de Trabajo.

Y junto a los profesores, los trabajadores de la Administración Pública, la Seguridad Social y los servicios de defensa protagonizaron el segundo gran foco de conflictividad laboral del año. En total, sumaron 69.379 participantes y 109.947 jornadas perdidas, en un contexto marcado por las movilizaciones para exigir subidas salariales, la reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales y las mejoras de plantillas a través de las Ofertas de Empleo Público (OEP). De hecho, entre las huelgas educativas y las protagonizadas por estos colectivos concentraron el 90% de todos los funcionarios que fueron a la huelga durante 2025 y el 83% de las jornadas no trabajadas.

Además, la conflictividad laboral del sector público también presentó una dimensión territorial clara. La mayor parte de los participantes se concentró en huelgas de ámbito provincial, que reunieron a 176.045 trabajadores públicos, seguidas por las autonómicas, con otros 33.017. Entre ambas concentraron el 95% de todos los participantes registrados durante 2025. Y este mismo patrón se repitió en las jornadas perdidas: 229.382 correspondieron a conflictos provinciales y otras 130.588 a movilizaciones autonómicas, lo que supone el 96% del total. Un reparto que refleja cómo la práctica totalidad de las protestas que marcaron el año se desarrollaron en servicios gestionados por las comunidades autónomas, responsables de competencias clave como la educación.

El conflicto educativo sigue abierto

No obstante, la radiografía de 2025 dista de haberse cerrado. Buena parte de la conflictividad que impulsó los récords de 2025 sigue activa, especialmente en el caso de las huelgas educativas.

La Comunidad Valenciana ilustra bien hasta qué punto el conflicto educativo sigue abierto. Los sindicatos STEPV, UGT y CCOO mantienen desde el pasado 11 de mayo una huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria para reclamar mejoras salariales, una reducción de las ratios de alumnos por aula, el refuerzos del profesorado y una mayor inversión en infraestructuras educativas. De hecho, el conflicto vivió este domingo uno de sus episodios más tensos cuando representantes sindicales permanecieron durante varias horas encerrados en la Conselleria de Educación tras romperse las negociaciones con el Gobierno autonómico. Y, sin acuerdo entre las partes, las movilizaciones continuarán durante las próximas semanas.

Además, los paros educativos no se limitan a la Comunidad Valenciana. En Madrid, CCOO, UGT y la Confederación de Asociaciones de Familias de Alumnos (CONFAPA) anunciaron el pasado miércoles una huelga indefinida en la educación pública a partir del próximo mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Una convocatoria alineada con los paros valencianos que busca presionar al Ejecutivo autonómico para mejorar las condiciones laborales del profesorado y reforzar los recursos destinados a la enseñanza pública.

Por su lado, Cataluña representa, por el momento, la excepción. Este viernes, tras varios meses de movilizaciones, los sindicatos mayoritarios han optado por suspender temporalmente los paros después de alcanzar un preacuerdo con la Generalitat. Entre otras medidas, el pacto contempla mejoras salariales en 4 años —hasta 2029—, que cifran en unos 400 euros más, con una subida de 50 euros en el nuevo complemento a docentes, así como la convocatoria de plazas de cátedras y una reducción "progresiva" de las ratios de alumnos por aula hasta los 20 alumnos en Primaria y 25 en Secundaria. Con todo, el conflicto todavía no puede darse por cerrado: el acuerdo deberá ser sometido a consulta entre el profesorado catalán antes de su ratificación definitiva.