Sánchez dispara un 107% los retoques al Presupuesto para gobernar sin nuevas cuentas

La prórroga presupuestaria arrastrada desde 2023 dibuja unas cuentas públicas cada vez más alejadas de las aprobadas originalmente. Sin nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que modificar, ampliar y reajustar constantemente los créditos para adaptar el gasto a las nuevas necesidades. Solo en el primer trimestre de 2026, estos retoques presupuestarios se dispararon un 107% respecto al mismo periodo del año anterior.

En concreto, los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), correspondientes a los tres primeros meses del presente ejercicio, sitúan en 31.863 millones de euros las modificaciones de crédito realizadas por el Ministerio de Hacienda.

La cifra no solo más que duplica la del mismo periodo de 2025, cuando estos ajustes ascendieron hasta los 15.375 millones, sino que triplica la registrada en el primer trimestre de 2024 (primer año de prórroga de los Presupuestos de 2023), cuando alcanzaron los 10.028 millones.

De hecho, esta evolución revela que el Gobierno ha pisado el acelerador y ha llevado estos retoques presupuestarios a un nivel récord en 2026: mientras que entre 2024 y 2025 el incremento fue de unos 5.000 millones interanuales, este año el salto supera los 16.000 millones, lo que refleja hasta qué punto las cuentas aprobadas en 2023 se ajustan cada vez menos a las prioridades políticas y necesidades de gasto actuales pese al relato del Gobierno.

Economía, Agricultura y Defensa concentran los mayores ajustes

Por volumen de partidas, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que dirige Carlos Cuerpo concentró casi el 40% de las modificaciones de crédito efectuadas en el primer trimestre de 2026, en concreto, 12.401 millones de euros. Se trata de un incremento presupuestario vinculado, principalmente, a las necesidades financieras y al impacto de las ayudas del paquete anticrisis impulsado por el Gobierno tras el estallido de la guerra en Irán.

Le siguen los sistemas de financiación de entes territoriales (7.019 millones) y el refuerzo del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (3.850 millones). Esta última ampliación de crédito vinculada nuevamente a las ayudas extraordinarias focalizadas al sector agrario por el conflicto en Oriente Medio y al plan de ayudas para agricultores y ganaderos de Andalucía y Extremadura afectados por las borrascas de principios de año, dotado con casi 2.900 millones de euros.

Y en cuarto lugar aparece la ampliación de crédito por valor de 2.280 millones de euros del Ministerio de Defensa, en un contexto marcado por el compromiso adquirido en 2025 por el Gobierno con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB en defensa.

En 2025, las modificaciones de crédito alcanzaron los 77.000 millones

No obstante, la magnitud de estos ajustes no se limitan al arranque del año. A lo largo de 2025, el Ministerio de Hacienda aprobó modificaciones de crédito por valor de 76.944 millones de euros, frente a los 52.341 millones registrados en 2024.

Es decir, en un solo ejercicio el volumen de retoques presupuestarios aumentó en más de 24.000 millones. Y si ese fue el salto interanual entre 2024 y 2025, dado el ritmo registrado en el primer trimestre de 2026 —con 31.863 millones ya modificados entre enero y marzo—, se anticipa un cierre del presente ejercicio que podría volver a marcar un nuevo máximo histórico y superar la cifra final de 2025.

Sin control del Congreso sobre la hoja de ruta del Gobierno

Además, muchas de estas modificaciones de crédito se aprueban sin pasar por el Congreso de los Diputados. Al no presentarse nuevos Presupuestos Generales del Estado que deban debatirse y votarse en las Cortes, el Gobierno puede reordenar partidas mediante ampliaciones y transferencias del Presupuesto de 2023, autorizadas desde el propio Ejecutivo. Es decir, se pueden reforzar áreas prioritarias como Economía, Agricultura o Defensa sin someter estos cambios al mismo control parlamentario que exige una nueva ley presupuestaria, desplazando parte de estas decisiones desde la Cámara Baja hacia el Consejo de Ministros.

Precisamente, este era uno de los reproches que formuló el consejero del Tribunal de Cuentas Javier Morillas Gómez en su voto particular en la Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024, publicada el pasado lunes. A su juicio, el problema no era solo la constitucionalidad de la prórroga presupuestaria en sí, sino que durante toda la XV legislatura el Gobierno no había presentado en el Congreso ningún proyecto de Ley de Presupuestos: ni para 2024, ni para 2025, ni para 2026.

Para Morillas, esta situación vacía de contenido el control parlamentario previsto en la Constitución, ya que los Presupuestos no son solo una herramienta contable, sino el instrumento con el que el Ejecutivo traduce en cifras sus prioridades políticas. Al no presentar este proyecto ante las Cortes, el consejero sostiene que "se ha hurtado a la representación de la soberanía popular y a la propia nación española durante toda la XV legislatura" de conocer la hoja de ruta económica del Ejecutiva y de debatirse en el Parlamento.