Economía

Fondos europeos

España es el segundo país de la UE que más fondos europeos ha destinado a gasto corriente

El desvío para pagar las pensiones en España indigna a Alemania, principal contribuyente de los fondos europeos y en pleno recorte del Estado del bienestar

La exministra de Hacienda, María Jesús Montero
La exministra de Hacienda, María Jesús Montero | Joaquín Corchero / Europa Press

El pasado lunes, el Tribunal de Cuentas publicó la Declaración de la Cuenta General del Estado correspondiente al año 2024, el primer ejercicio con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados con los de 2023. En el documento, el Tribunal advirtió de que el Ministerio de Hacienda —entonces dirigido por María Jesús Montero había desviado 2.389,4 millones de euros procedentes de los fondos europeos para financiar las pensiones de clases pasivas y los complementos a mínimos de las pensiones en 2024. Desde Hacienda defendieron que esta operación fiscal no comprometía el cumplimiento del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia (PRTR) ni la capacidad de absorción de los fondos europeos porque eran créditos "sobrantes". Sin embargo, para el Tribunal de Cuentas, "esta actuación se había llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados".

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Desde entonces, han aflorado nuevas informaciones sobre el uso de fondos europeos para financiar gasto corriente, aunque el dato oficial lo ha terminado de confirmar Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea. En total, España ha destinado 10.238 millones de euros de los fondos europeos para cubrir gasto ordinario desde 2020 y hasta finales de 2025. De hecho, se ha consolidado a lo largo de este periodo como el segundo país europeo que más recursos ha destinado a este tipo de gasto, tan solo por detrás de Italia (15.911,8 millones).

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En concreto, el Gobierno desvió 18 millones en 2020, 519 millones en 2021, 1.767 millones en 2022, 2.777 millones en 2023, 2.900 millones en 2024 y 2.257 millones en 2025. Y, dado que España ha ejecutado 45.054 millones hasta diciembre de 2025, esto significa que el Gobierno ha dedicado el 22,7% de lo ejecutado a financiar gasto corriente.

La controversia llega a Bruselas

Después de que el Tribunal de Cuentas emitiera su dictamen sobre las cuentas presupuestarias de 2024, las reacciones europeas no tardaron en llegar. La Comisión Europea anunció el pasado martes que había abierto una revisión sobre el uso de estos fondos en España y que se mantenía "en contacto con las autoridades españolas" para aclarar la problemática.

Cabe recordar que la polémica no reside en que los fondos europeos puedan destinarse a gasto corriente —algo que sí contempla el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en determinados supuestos—, sino en qué tipo de gasto se financia y bajo qué cobertura jurídica. Las pensiones, por ejemplo, son gasto corriente puro: no son inversión ni generan un activo nuevo, sino que son transferencias periódicas de renta. Por eso, cuando Hacienda utiliza fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas o complementos a mínimos, la clave está en justificar que ese uso encaja realmente dentro de una actuación elegible del Plan de Recuperación. Si se vincula a una reforma estructural del sistema de pensiones, puede defenderse; si simplemente sirve para cubrir gasto ordinario del Estado, la interpretación es más controvertida. Este punto es el que el Tribunal de Cuentas cuestiona a Hacienda, a su juicio, Montero tendría que haber justificado con más detalle el movimiento.

En este sentido, el vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, ha rebajado parcialmente la controversia con España este miércoles al asegurar que, "aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no es elegible para fondos del MRR", es "posible que los Estados miembro utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de los desembolsos del MRR para cubrir otros gastos presupuestarios". No obstante, el vicepresidente de Cohesión y Reformas mantiene que desde Bruselas siguen revisando el informe del Tribunal de Cuentas español para valorar en los próximos días si la operación de Hacienda cumple con los requisitos.

Berlín estalla contra España

Lejos del discurso tranquilizador de Fitto, los alemanes han estallado. Cabe matizar que Alemania es el principal contribuyente al fondo Next Generation EU, mientras que España es el tercer mayor receptor de estas ayudas europeas. Además, la indignación alemana se enmarca en un contexto de estancamiento económico que ha implicado que el Gobierno alemán tenga que abordar un recorte generalizado del Estado del bienestar (con una importante rebaja de las pensiones de jubilación).

Con este telón de fondo, el presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Andreas Schwab (alemán), ha calificado en declaraciones al diario alemán Bild como "absolutamente inaceptable" que España utilice los fondos europeos "para encubrir problemas presupuestarios del sistema nacional de pensiones", ya que estos recursos deben destinarse "a inversiones para la recuperación económica tras la crisis del coronavirus".

Ante ello, ha advertido de que, además de la revisión de la Comisión Europea, la Comisión de Control Presupuestario también "examinará muy detenidamente un posible uso manifiestamente incorrecto de esos recursos, porque el Parlamento Europeo está obligado a proteger los intereses de los contribuyentes europeos".

De hecho, la controversia ha escalado a la prensa alemana. El diario Bild ha calificado el desvío como un "escándalo de primer orden" y sostiene que España utiliza "en secreto" miles de millones destinados al futuro de Europa para "tapar agujeros de las pensiones", alejándose del objetivo original de transformación digital y ecológica.

En la misma línea, desde Die Welt advierten de que "la Unión Europea no es una tienda de autoservicio. Esto socava la credibilidad y la confianza en la Unión" y afirman que el dinero del contribuyente europeo "no se debe manejar tan descuidadamente", por lo que exigen "la aclaración, la transparencia total, la recuperación de los fondos y las consecuencias penales" que deban aplicarse cuando se revisen las operaciones fiscales de la Hacienda española.

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