Pedro Sánchez se ha quejado ante los 22 gobiernos europeos que han apelado a la responsabilidad de su gobierno en la crisis de Ceuta por su "reacción egoísta, polarizadora e ilegal". El presidente del Gobierno español pidió el sábado una reunión con carácter de urgencia de los ministros del Interior de la UE. Tendrá lugar el martes de forma virtual. Para lograr empatía por parte de los socios comunitarios debería llamar a lo que ha sucedido por su nombre: un ataque híbrido orquestado por el régimen de Marruecos. Es un caso de instrumentalización política de la inmigración, como sucedió en la frontera entre Polonia y Bielorrusia en 2021. Si apunta hacia las mafias como hasta ahora, está desinformando, y la respuesta nunca será eficaz.

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Los analistas en el Magreb y los corresponsales en Rabat coinciden en asegurar que en Marruecos nada se mueve sin que lo sepa Mohamed VI y su entorno. Es imposible que se produzca un éxodo de 60.000 marroquíes en dirección a Ceuta sin que las autoridades de Rabat lo hayan detectado. Tampoco se habría producido sin que los guardias marroquíes se despisten y miren a otro lado. Sin ningún reproche por parte de sus superiores.

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Llama la atención que el Gobierno de Sánchez convoque al embajador italiano por unas declaraciones y no haga lo mismo con la embajadora marroquí. ¿No debería pedirle explicaciones al vecino del sur sobre esa salida masiva de sus nacionales? En lugar de eso, en el argumentario fabricado en Moncloa se habla de cómo las mafias divulgaron la sentencia del Supremo por la que no se pueden aplicar las devoluciones en caliente en caso de llegadas por mar. Si sabían que habría riesgo de que las mafias aprovecharan este hecho, ¿por qué no colocaron las boyas antes de la crisis?

La mayoría de los gobiernos de la Unión Europea responden con preocupación a las imágenes difundidas por todo el mundo sobre la mayor llegada de migrantes desde Marruecos a Ceuta en décadas. También se echa de menos que se haya explicado a los vecinos europeos en qué consiste la regularización recientemente aprobada. Ahí también tiene su responsabilidad la desinformación que divulga la extrema derecha española. Los Veintisiete están influidos por la agenda de la ultraderecha antiinmigración que tiene cada vez más peso. Hay que destacar que Italia, el país que encabezó las demandas de controles fronterizos, afronta elecciones legislativas en 2027 y el general Vannacci, defensor de la remigración, desafía a Meloni por la derecha.

Marruecos repite un patrón

Pero el Gobierno de Sánchez, por temor a la reacción de Rabat, no ha utilizado la bala que mejor podría servirle: identificar el origen de la desestabilización, Marruecos. No es la primera vez que permite el paso de migrantes para presionar a España. Lo hizo en 2021 después de que el Gobierno de Sánchez permitiera la atención médica del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Luego siguieron presionando hasta conseguir que España cambiara su posición histórica sobre el Sáhara. A cambio de nada.

Aún no está claro qué pretende Marruecos o qué le ha ofendido, ya que la política exterior del Gobierno de Sánchez se ha sometido a todo lo que ha demandado Rabat. Hay analistas que apuntan a los acuerdos de gas con Argelia, suscritos en la reciente visita de Sánchez a Argel. También Marruecos ve como una injerencia la ley de nacionalidad de saharaui, que se aprobará en septiembre. Y su acción le sirve para que se instale el relato de la marroquinidad de Ceuta y Melilla. Todo con el visto bueno de los gobiernos de EEUU y de Israel, críticos con Sánchez.

Con estos antecedentes, el Gobierno de España podría aludir que se trata de un caso claro de instrumentalización de la migración, como hizo Bielorrusia con Polonia en 2021. Si atribuye la responsabilidad a Marruecos, entonces podrá apelar al marco jurídico aplicado en el caso polaco y demandar la misma solidaridad.

Qué pasó en la frontera polaca con Bielorrusia

Cuando miles de personas empezaron a cruzar el bosque de Białowieża desde Bielorrusia en el otoño de 2021, Polonia tardó semanas en convencer a sus socios europeos de que aquello no era una crisis humanitaria espontánea, sino una campaña de desestabilización. Lo consiguió, y ese reconocimiento cambió las normas de asilo de toda la Unión.

Polonia no improvisó una respuesta de emergencia y la desmontó a los pocos meses. Declaró el estado de excepción en septiembre de 2021, empezó a construir un muro de 180 kilómetros y 5,5 metros de altura que estuvo operativo en 2022, y desde entonces ha mantenido —con distintos gobiernos, incluido el cambio de Ley y Justicia a la coalición de Tusk en 2023— el mismo marco legal restrictivo en la frontera oriental.

España, en cambio, lleva gestionando episodios recurrentes en Ceuta y Melilla desde hace más de un lustro sin que ninguno de ellos se haya traducido en una estrategia sostenida más allá de la respuesta de urgencia del momento. Ceuta y Melilla han de sentirse protegidas y no expuestas a los cambios de humor del monarca alauí.

La eficacia polaca no dependió solo de la valla, sino de blindar también el marco legal. Es lo que resulta más interesante para España. Polonia mantiene suspendido de facto el derecho de asilo ordinario en su frontera oriental, amparándose en la categoría de "instrumentalización" que ella misma contribuyó a incorporar al nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio.

Es una herramienta jurídica que España, a diferencia de Polonia, Lituania, Letonia y Finlandia, no ha invocado nunca para Ceuta y Melilla. No lo ha hecho hasta ahora por no enfadar al régimen de Marruecos. Pero si sufrimos una amenaza híbrida y no detallamos claramente de dónde procede los socios europeos van a buscar otras explicaciones. Cuesta mucho desmontar bulos como el efecto llamada de la regularización si difundimos informaciones distorsionadas, como apuntar a las mafias.

Para lograr que los socios europeos entiendan el problema, que les atañe porque Marruecos también está provocando la división en los Veintisiete, España necesita una estrategia fronteriza que sobreviva a los ciclos electorales y a los cambios de gobierno. Si se gestiona cada episodio como algo excepcional, se alimenta que sigan dándose nuevas crisis.

El Reglamento de Crisis del Pacto de Migración y Asilo existe en parte gracias a lo que documentó Polonia ante Bruselas. España podría invocarlo si decide, con las consecuencias diplomáticas que ello implique, encuadrar lo ocurrido en Ceuta como un fenómeno de presión externa y no solo como un fallo de coordinación interna.

La Comisión ha ofrecido a España apoyo financiero, técnico y la movilización de Frontex, pero el respaldo político de los socios europeos —con Italia, Finlandia y Suecia cuestionando abiertamente la gestión española— dista mucho de la unidad con la que la UE arropó a Varsovia en 2021. España ha de trabajar esa solidaridad activamente, como hizo Polonia entonces.

Schengen no está en riesgo por la actuación, o falta de actuación de España, como ha dicho en X el primer ministro polaco, Donald Tusk. Schengen peligra si los Veintisiete, y España en primer lugar, no identifican a quiénes alientan a los jóvenes de su país, desesperados por falta de oportunidades, a jugarse la vida por cruzar una frontera. Por desestabilizar y sembrar el caos.