España ya ha puesto un pie en su mes vacacional por antonomasia y deja atrás un julio que desde luego no fue de pausa de actividad política (y mucho menos judicial). La última semana antes del gran parón de agosto estuvo colonizada por los incendios en Madrid, Ávila, Toledo, Castellón, Zamora, y por otra crisis muy grave: Ceuta. La entrada, en apenas unas horas, de entre 50.000 y 60.000 inmigrantes procedentes en su mayoría de Marruecos. Jóvenes (muchos), niños, también familias completas. Un drama humanitario y social de primer orden que ha dejado, hasta ahora, 67 cadáveres en el mar. El Gobierno empezaba este viernes a enderezar la situación, informó de las salidas "voluntarias" de los extranjeros —más de 48.300 a las 18 horas—, elogió la "cooperación" de Rabat. Pero, mientras, a Pedro Sánchez se le abría un complicado frente con sus socios de la UE que le ha llevado incluso a elevar oficialmente su protesta ante Bruselas, a quejarse por la actitud "egoísta" de algunos países europeos. La materia se añadía al listado de asignaturas pendientes en las que tiene que pensar el presidente en el retiro vacacional que, como otros veranos, tomará en La Mareta, en la residencia gestionada por Patrimonio Nacional en Lanzarote y en la que aterrizó este sábado. Presupuestos, real decreto ley de vivienda, financiación autonómica. Y, por descontado, aproximar la fecha de las elecciones generales de 2027.

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Sánchez voló hasta la ciudad autónoma este viernes acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el peso de una crisis migratoria de una magnitud, en números absolutos, mayor incluso que la de 2021, cuando accedieron irregularmente a España más de 10.000 personas. Ahora esa cifra se había multiplicado por cinco, y de ellos se calculaba que unos 7.000 eran menores, cuando Ceuta tiene una población de 84.000 habitantes. Una riada humana que había logrado atravesar la frontera sur de Europa sin muchos frenos, a la vista de las imágenes que recogieron las teles de todo el mundo, de las fuerzas de seguridad marroquíes. Una "violación" y un "ataque" a la "integridad territorial de España", tal y como denunció después de reunirse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con las autoridades ceutíes. La calificación no podía ser más rotunda, pero el presidente evitó en todo momento cargar la culpa a Marruecos, de quien destacó su "colaboración". La razón de esa llegada masiva de inmigrantes estaba en la "lectura interesada" que las mafias que trafican con seres humanos habían hecho de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, que entendió que no es posible devolver en caliente a los extranjeros que crucen a nado la frontera. El retorno exprés, dejaron claro los magistrados, solo se puede activar cuando se cumple la disposición adicional décima de la ley orgánica de extranjería: cuando los migrantes intentan "superar un elemento de contención", como una valla, para pasar a España.

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En la Moncloa, en Exteriores y en Interior rechazan otras lecturas que sí apuntan los expertos: malestar por la reunión de Sánchez con el presidente argelino, por la ley de nacionalidad saharaui, voluntad de agradar a Trump...

En la Moncloa y en el Ministerio de Exteriores, igual que en Interior, no se apartaban de esa interpretación. Es decir, lo que explicaba la ola migratoria era únicamente el fallo del TS. Rechazaban otras lecturas como que Rabat lanzaba a sus ciudadanos al mar en represalia por la reunión de la semana pasada de Sánchez con el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebboune, por la que ambos países sellaban su reconciliación después de años de tensiones a consecuencia del súbito giro que el Gobierno pegó sobre el Sáhara en 2022, alineándose con las tesis autonomistas de Marruecos. También negaban en el Gobierno que se debiera a un berrinche del reino alauí por la aprobación del dictamen, que en septiembre irá al pleno del Congreso, de la ley que concederá la nacionalidad española a los saharauis. Igual que descartaban la tesis de que el país vecino estuviera presionando a España por agradar a su gran aliado, Donald Trump, o por intentar hacerse con la final del Mundial de 2030. Posibilidades, no obstante, que sí se escuchaban por boca de otras fuentes del Ejecutivo o de dirigentes muy cercanos.

La consigna era y es, en una materia que en el Gobierno reconocen como muy "delicada", cuidar la relación con Rabat. Sánchez insistió en el diálogo "fluido y muy razonable" con el reino alauí, "a diferencia de lo que sucedió en 2021", cuando la crisis desencadenó un formidable conflicto diplomático que no se solventó hasta casi un año después y solo cuando España aceptó abandonar la posición de neutralidad sobre el Sáhara mantenida durante casi 50 años. El presidente expresó su deseo de que esa cooperación "se intensifique" y permita "agilizar" las repatriaciones "en las próximas horas y en los próximos días" para recuperar la "normalidad". Sí se permitió un sutil reproche a Marruecos, país "aliado": el Ejecutivo le manifestó la necesidad de acelerar esas deportaciones y de dar una "respuesta mucho más contundente" a lo ocurrido.

El presidente evita en todo momento cargar la culpa sobre Rabat: valora su "cooperación". Aunque sí le lanza un sutil reproche al país "aliado": necesidad de acelerar las deportaciones y una "respuesta mucho más contundente" a lo ocurrido

En lo operativo, el Gobierno instaló ya este sábado, una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad, una estructura que se combina con una línea de boyas proporcionadas por la Armada. El objetivo es que la estructura sirva como elemento de contención y quepa así dentro de la interpretación del Supremo para facilitar las devoluciones en caliente. El Ejecutivo, dijo Sánchez, abrirá la posibilidad de reformar la ley de extranjería para afinar la redacción de la norma.

La mayoría de los migrantes irregulares, ya de vuelta

El Ejecutivo espera que en los próximos días se acabe recuperando la normalidad plena en Ceuta. Según las Fuerzas de Seguridad, alrededor de 69.500 inmigrantes habían salido ya de la ciudad y vuelto a Marruecos, una cifra que tenía en cuenta a los extranjeros que accedieron ilegalmente en días anteriores. Marlaska se felicitaba este sábado de que en apenas "24 horas" se hubiera logrado revertir la situación creada por el ingreso de 50.000-60.000 personas y de que el enclave estuviera ya regresando a la normalidad. "La mayoría" de los extranjeros "ha retornado a su origen", subrayó. Es "muy difícil" que otros países hubieran afrontado una crisis semejante "con la misma eficacia", indicó, volviendo a elogiar la colaboración de Rabat, que "no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España".

El Ejecutivo se alegra de haber logrado revertir lo peor de la crisis "en 24 horas", pero a Sánchez se le ha abierto una grieta con los socios europeos, especialmente Italia

La tensión, sin embargo, se ha desplazado sorprendentemente a otro escenario: a la Unión Europea, el club comunitario que, desde las últimas elecciones, en junio de 2024, giró claramente a la derecha y dejó más aislado a Sánchez. Quien más lejos fue en sus críticas a España fue la Italia de la ultra Giorgia Meloni, que directamente decretó este viernes una suspensión temporal del acuerdo Schengen. Desde este 1 de agosto, y por espacio de un mes, aplica controles en aeropuertos y puertos marítimos a los ciudadanos extracomunitarios que rocedan de España. Horas antes, la ministra del Interior de Finlandia, Mari Rantanen, del partido ultraderechista Verdaderos Finlandeses, apoyó excluir a España de Schengen, una medida que, strictu sensu no cabe, sí una suspensión temporal de su aplicación, como ha hecho ahora Roma. También Dinamarca, liderada por una primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, avaló que la UE baraje sacar a España de Schengen. A Sánchez le llovieron reproches de otros líderes europeos, como el primer ministro polaco, el conservador Donald Tusk, que subrayaba que su país había invertido recursos y movilizado efectivos para proteger su frontera oriental con Bielorrusia. "España debe seguir nuestro ejemplo si Schengen ha de sobrevivir", apuntó en X.

Otros mensajes sí fueron de apoyo claro. Caso del presidente francés, Emmanuel Macron, que contó que había hablado con Sánchez para mostrarle su solidaridad por la crisis en Ceuta, proponer "cualquier ayuda necesaria, incluido a través de Frontex" y para felicitarse por la "cooperación en marcha [de España] con Marruecos, que ya ha permitido hoy más de 40.000 retornos de Ceuta a Marruecos".

El presidente eleva su queja a Bruselas: "En el contexto internacional actual, la Unión Europea no puede permitirse este tipo de reacción egoísta, polarizadora e ilegal"

"Las imágenes que llegan desde Ceuta son inaceptables. No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin cumplir con nuestras normas. Los cruces peligrosos deben detenerse de inmediato. Las redes de tráfico deben desmantelarse. Y las devoluciones deben ser rápidas, tal como permiten nuestras normas", subrayaba este viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La jefa del Ejecutivo comunitario relató en X que había encargado a dos de sus comisarios, Magnus Brunner (Interior y Migraciones) y Dubravka Šuica (Mediterráneo y Demografía), que apoyasen "el control de la situación". Más afecto mostró el socialista António Costa, presidente del Consejo Europeo: "Expreso mi solidaridad con España en la situación actual de migración ilegal en Ceuta. Aunque los nacionales de terceros países en Ceuta no disfrutan de libre circulación al territorio continental de España o al resto del área Schengen, la respuesta firme de España, que incluye retornos acelerados continuos, demuestra nuestra determinación para proteger nuestras fronteras exteriores, combatir la migración ilegal y desmantelar las redes criminales de tráfico de personas. Doy la bienvenida a la estrecha cooperación de España con Marruecos para abordar este desafío compartido y garantizar retornos rápidos". El dirigente portugués anticipó que seguiría el "contacto estrecho" con las autoridades españolas en los próximos días.

El Gobierno no ocultó su malestar con los países más críticos con España. Especialmente Italia. Primero, en redes sociales. "La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no", escribió Sánchez en su cuenta de X, para recordar a continuación que Italia lidera la tabla de entradas irregulares entre 2021 y 2026, según Frontex: 478.600, por las 234.760 de España. "No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fue más directo en su réplica a Roma: "La práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos. No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de Policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada". Es decir, que los irregulares que entraron por la ciudad autónoma no pueden saltar a la Península sin eludir un control policial, y por tanto no pueden llegar hasta cualquier otro país de la UE. Ceuta y Melilla tienen un régimen específico, único en Europa, porque el control Schengen está también a la salida, por vía aérea o marítima, las únicas dos posible. Hay, pues, un doble filtro, uno en la frontera con Marruecos y otro a la salida hacia la Península. Y funciona desde la adhesión de España a Schengen en 1991.

Carta de Pedro Sánchez a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. | LA MONCLOADescarga

Pero la protesta pasó de las redes sociales a la acción diplomática. Sánchez escribió este sábado una carta dirigida a Von der Leyen, a Costa y al jefe de Gobierno de la República de Irlanda —país que ejerce la presidencia rotatoria de la UE— para que se convocara una reunión extraordinaria "de urgencia" de los ministros de Interior de los Veintisiete para abordar la crisis en Ceuta, "frontera exterior de la UE". El líder socialista se quejaba del trato de algunos socios. "La mayoría nos ha mostrado su apoyo y solidaridad, y nos ha ofrecido su ayuda. Otros, sin embargo, han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del Espacio Schengen". "En el contexto internacional actual, la Unión Europea no puede permitirse este tipo de reacción egoísta, polarizadora e ilegal", advirtió. Esa convocatoria se celebrará, y será el martes, tal y como anunció el primer ministro irlandés, Micheál Martin, tras las peticiones de España y de otros 22 Estados miembros.

Von der Leyen acogió "con satisfacción" la solicitud de esa videoconferencia para analizar lo ocurrido. Este sábado felicitó a Madrid y Rabat por el trabajo hecho: "La buena noticia es que la gran mayoría de quienes llegaron ilegalmente han regresado a Marruecos, gracias al trabajo efectivo de las fuerzas del orden españolas y marroquíes. Ni una sola persona llegó a la España peninsular o al resto de la UE. Esto demuestra por qué el control de nuestras fronteras europeas es tan importante". La jefa del Ejecutivo comunitario se congratuló del sistema "sólido" en vigor, aunque necesite ser "fortalecido aún más" y deban aprenderse "lecciones" para "mejorar" la "resiliencia europea". La Comisión, añadió, ha "ofrecido apoyo a España desde el primer momento", y recordó que combatir la migración ilegal requiere de "solidaridad y una respuesta europea unida".

España tiene un modelo migratorio antitético al de cualquier otro país de la UE. Marruecos tiene un problemón con los jóvenes y los usa como arma para generar conflicto. Es aberrante", señalan otras fuentes del Ejecutivo

"Es que España tiene un modelo migratorio antitético al de cualquier otro Estado miembro. Y crecemos económicamente —sanciona un alto mando del Ejecutivo que pide expresamente el anonimato—. Marruecos tiene un problemón con los jóvenes, a los que no ofrece oportunidades de vida, y los utiliza como arma para generar conflicto. Es aberrante".

Es decir, que dentro del Ejecutivo hay quienes sí sostienen lo que afirman muchos expertos, que Rabat usa la guerra híbrida, la inmigración, como herramienta de presión hacia España. En el interior del Gobierno piden también fijarse en las "brutales" declaraciones de Donald Trump, aliado de Marruecos —calificó de "invasión" la ola migratoria en Ceuta, producto de una "mala administración" y de unas "leyes muy progresistas"— o en las del embajador de Israel ante la ONU, Danny Dannon, que exigió explicaciones a España de "por qué aún mantiene enclaves coloniales en África".

"Nada es casual. El tema de ser más autónomos con el gas argelino molesta —sostienen fuentes del Ejecutivo concernidas en esta crisis—. Y mucho. Marruecos está en ese juego. Quiere anexionarse Ceuta y Melilla, y eso es muy gordo. Por eso no es casual que el presidente Sánchez comenzara hablando, en su declaración de este viernes, de violación a la integridad territorial de España. Esa frase lo define todo. Se trata de una guerra híbrida, para desestabilizar. Pero es lo que nos toca. Apretar los dientes y gestionar".

De los incendios forestales a los Presupuestos

Sánchez cerraba con Ceuta una semana intensa que comenzó con parte de España devorada por los incendios forestales y con su apelación continua al PP para que se sumase al pacto de Estado contra la emergencia climática. Acuerdo que las dos partes son conscientes de que no se firmará, y menos a escasos meses de unas generales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició este sábado sus vacaciones de verano en Lanzarote, donde volverá a alojarse junto a su familia en la residencia oficial de La Mareta, en la localidad turística de Costa Teguise. Sánchez aterrizó a las 13.07 horas (hora canaria) en el aeropuerto César Manrique-Lanzarote a bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire y, sobre las 13.30 horas accedió en furgoneta al recinto de La Mareta, según presenció la agencia EFE. | EFE / ADRIEL PERDOMO

El presidente se desplazó este sábado ya al complejo canario de La Mareta, en Lanzarote, y aprovechará el descanso estival, como hizo el año pasado, para replantear su estrategia e intentar recuperar el control de la agenda. En septiembre de 2025 lo consiguió gracias a que situó el foco en Palestina en un momento en que los ojos del mundo se volvieron hacia el genocidio israelí. Ahora, la dificultad obvia que afronta es la multiplicidad de casos judiciales relacionados con la presunta corrupción que son una máquina de producción de noticias, por su envergadura. La causa que ahora mismo más amenaza al PSOE es el caso Leire Díez. El pasado viernes se conoció el último movimiento del juez instructor, Santiago Pedraz: su autorización a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que rastree hasta 81 cuentas, varias de ellas vinculadas al partido, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Paso previo, quizás, a la imputación del PSOE como persona jurídica.

A diferencia del año pasado, la agenda judicial se ha multiplicado para los socialistas. La causa que más les amenaza es el 'caso Leire', pero reputacionalmente inquieta mucho Zapatero

Y mientras sigue la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con un alto daño reputacional, y continúan las pesquisas del caso Koldo, y la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, se encamina al juicio por jurado. Con una agenda judicial tan llena, se atisba complicado que el jefe del Ejecutivo pueda recobrar el pulso, pero tiene en su mano varias herramientas disponibles. La más importante, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027.

El líder socialista aún no ha desvelado cuándo llegará el texto al Congreso. No dio ninguna pista en su rueda de prensa de balance del curso en la Moncloa del pasado martes, más allá de señalar que su "intención" —término difuso y maleable donde los haya— es presentar los PGE en 2026 y que su "voluntad" es aprobarlos también en 2026. No se comprometió a llevarlos a la Cámara en el plazo que da la Constitución, antes del 30 de septiembre. En este punto de la legislatura, ya nada es casual ni gratuito, porque el propio Sánchez no ha descartado que un fracaso de los Presupuestos, más que previsible, conduzca a un adelanto de las generales. Las elecciones, siempre según sus palabras, llegarán en 2027, de tal manera que, si hay anticipo, sería técnico, quizá en el primer trimestre del año. Pero en su última gran comparecencia ante los medios volvió a coquetear con la idea de agotar por completo su mandato. Es decir, llevar las urnas a dentro de un año, a julio de 2027.

La pregunta clave sigue siendo cuándo se presentarán los Presupuestos de 2027, y Sánchez no comprometió ninguna fecha. De su suerte dependerá seguramente la convocatoria electoral

Tampoco ha despejado el Gobierno si acercará la presentación de los Presupuestos a la aplicación plena de la ley de amnistía y a la vuelta de Carles Puigdemont a España. El Ejecutivo necesita los siete votos de Junts, pero los posconvergentes siguen más que fríos. Este viernes lo volvió a recordar la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, que aprovechando la crisis en Ceuta anunció que su grupo volverá a presentar en el Congreso la proposición de ley que pactó con el PSOE para delegar las competencias migratorias a Cataluña y que fue tumbada el año pasado por el voto de Podemos.

La formación independentista tampoco ha aflojado el pie después de que el Consejo de Ministros, el pasado martes, acordara el indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta de Junts y expresidenta del Parlament. Sánchez negó que la decisión fuera un gesto a los posconvergentes o para atraer su voto para los Presupuestos. Se trataba de "dar cumplimiento", dijo, a lo que pidió el tribunal sentenciador, el Superior de Justícia de Catalunya, que se le aplicara la medida de gracia porque la pena era "excesiva".

En la Moncloa reconocen que el indulto a Borràs es un "gesto de distensión hacia Cataluña, pero no hacia Junts". "Nada que ver. Puigdemont y ella se llevan a matar", aseguran en su círculo más cercano

En la Moncloa reconocen que el indulto a Borràs sí es un "gesto de distensión hacia Cataluña", pero "no hacia Junts". "Nada que ver. Puigdemont y Borràs se llevan a matar", apuntalan en el equipo más cercano a Sánchez. El acuerdo del Ejecutivo, salvo las críticas (públicas) del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha suscitado reproches en el seno del PSOE. Como muchos de ellos contaban a este diario, ni siquiera ha sido objeto de conversación interna, ha pasado "sin pena ni gloria".

Financiación, ¿no? y quita... ¿sí?

Junts es necesaria para otras dos votaciones claves a la vuelta del verano. Por un lado, el real decreto ley de vivienda que no pudo acordarse, como había prometido el Gobierno, antes del parón de vacaciones. La mayor dificultad es casar las peticiones a izquierda y derecha de los socios de investidura. Pero este texto, "ambicioso y transversal", es fundamental para los socialistas, y más aún para Sumar, que entiende que el Ejecutivo tiene que librar la batalla de la vivienda, muy sensible para el conjunto del electorado progresista, hasta el final.

El decreto ley de vivienda tiene que casar demandas a izquierda y derecha y es capital para la coalición. La reforma de la financiación dependerá de la voluntad de Junts, por ahora muy lejos

La reforma de la financiación autonómica es el otro proyecto capital para la coalición. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera programada para el 29 de julio se aplazó al 4 de septiembre. El titular de Hacienda, Arcadi España, tiene garantizado la superación de esa prueba porque cuenta con el 50% de los votos del órgano y ya dispone no solo del apoyo de Cataluña, sino también de Canarias, que ha girado tras pactar con el ministro.

Pero el examen más complicado es el del Congreso. Ahí es imprescindible el respaldo de Junts, que hasta ahora se ha negado a dar su confianza al nuevo modelo, ya que queda muy lejos de su exigencia de un concierto fiscal. El president catalán, Salvador Illa, marcó como prioridad este viernes, en su comparecencia de balance del curso, la aprobación del nuevo sistema y se abrió a pactar cambios en el Congreso. No está nada claro que lo consiga.

Sánchez necesita crear una atmósfera muy distinta de cara a las generales, como consiguió en 2023. La argamasa básica será la misma que entonces, la denuncia de los pactos PP-Vox. ¿Pero bastará?

La iniciativa que sí ha superado el primer test en la Cámara baja es el proyecto de ley de quita de la deuda autonómica. Aquí Junts sí se apegó al bloque de investidura y tumbó las enmiendas de PP y Vox. La pregunta es si los posconvergentes podrán acabar votando a favor de la condonación.

La legislatura se agota pero la colocación de las piezas del tablero es la asignatura más importante para Sánchez. Porque, para intentar dar la vuelta a las encuestas, todas ellas adversas (salvo la siempre divergente del CIS, nada extraño), necesita construir un clima muy distinto. Un elemento del que no prescindirá es el de la denuncia de los pactos de PP y Vox. En 2023 el artefacto funcionó. Rindió. Está por ver que en 2027 la experiencia se repita. El puzle se intentará ordenar en los días de La Mareta.