Junts acuerda tumbar los dos decretos de vivienda y ahoga al Gobierno

Junts vuelve a asfixiar al Gobierno, aunque esta vez no solo a él. En medio de una enorme contestación social por el problema de la vivienda, los posconvergentes, que tenían la llave para decidir la suerte del macrodecreto que este viernes se somete a debate y votación en el pleno del Congreso, deciden rechazarlo. Tumbarlo. La ejecutiva de Carles Puigdemont se reunió a las nueve de la noche de este jueves y acordó pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el texto y apruebe uno nuevo. Una forma alambicada de decir que votará en contra, puesto que un real decreto ley, por su propia naturaleza, entra en vigor en cuanto se publica, así que no cabe sacarlo de la circulación. Y su voto, junto al de PP y Vox, suma mayoría en la Cámara baja. Habría bastado una abstención para salvar el texto, pero el pulgar de Puigdemont fue más directo: no. El Gobierno contestó al cabo de algo más de una hora: no retirará los textos y la votación seguirá adelante. A los independentistas les dio igual: a primera hora del viernes, avanzaron que presentarán su propuesta "solvente", de mínimos, pero insistieron en que el Ejecutivo retirase las dos normas.

Cuando comenzó la reunión telemática de la dirección de Junts, sus dirigentes ya sabían que de ellos dependía todo, porque a esas horas ya se habían despejado tres dudas fundamentales de cara al pleno de este 2 de octubre en la Cámara baja: el voto de Podemos —que será sí, en línea con lo demandado por el Sindicato de Inquilinas—; el del PNV —otro sí, también esperable—, y el de Coalición Canaria —otro sí, con el que se podía contar igualmente— . El resto de socios ya se habían alineado con el Ejecutivo. Los siete parlamentarios de Junts, y solo ellos, tenían en sus manos determinar si salvaban, siquiera con una abstención, el decreto ley principal, el que en sus 96 páginas aglutina la inmensa mayoría de las medidas de vivienda, incluida la protección frente a desahucios como el de Maricarmen Abascal, o lo hacían caer. El segundo texto, el de prórroga indefinida de los contratos, ya estaba sentenciado a muerte después de que los nacionalistas vascos adelantaran su rechazo.

A las 22.18, Junts lanzó el comunicado con el que explicaba la posición adoptada por su ejecutiva nacional. La dirección apuntó cinco razones por las que rechazaba los dos decretos. Uno, que muchas de las medidas incluidas provocarán "el efecto contrario de lo que pretenden: reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán todavía más el acceso a la vivienda de las personas con menos capacidad económica". Y con menos oferta, alegaron, los inquilinos habrán de "competir entre ellos por un número cada vez más reducido de pisos".

Dos, que "no se frenan los fondos buitre", ya que estas entidades "podrán continuar comprando viviendas y promoviendo desahucios de personas vulnerables". Tres, que no se resuelve "adecuadamente" la protección de estos inquilinos más vulnerables "porque no se garantiza el pago por parte de la Administración". Cuatro, que algunas medidas "suponen la expropiación por decreto de los ahorros de generaciones de familias". Y cinco, que buena parte de las viviendas que salgan del mercado del alquiler para ponerse a la venta "no serán accesibles para la clase media y trabajadora", mientras que los compradores de mayor renta "dispondrán de más opciones para adquirirlos". En definitiva, resumieron, que una norma que buscaba "proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil hacerlo accesible para las familias de clase media y trabajadora".

Junts arguye que los dos decretos hacen "más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil hacerlo accesible para las familias de clase media y trabajadora". Suponen, incidió, "la expropiación por decreto de los ahorros de generaciones de familias"

La ejecutiva acordó encargar al grupo de Junts en el Congreso "que reclame la retirada del real decreto ley 26/2026 [el decreto principal, el amplio] e inste al Gobierno a elaborar inmediatamente un nuevo texto que comience a revertir la grave situación de la vivienda". Y "tan pronto" como esa nueva norma esté terminada, deberá convocarse, exigen los posconvergentes, un nuevo Consejo de Ministros para que la apruebe y la remita al Congreso para su convalidación, y solo en esas condiciones Junts "dará su voto favorable". La redacción del comunicado no deja de ser una trampa, porque el primer decreto ley está en vigor desde este jueves y el segundo, el de prórroga indefinida de los contratos, se publicó en el Boletín Oficial del Estado este 1 de octubre y entra en vigor este viernes. La única salida sería, a ojos, de los de Puigdemont, que se desconvocase el pleno en el Congreso y que el Gobierno aprobara un nuevo decreto que derogara los textos vigentes. Pero esa opción es imposible: los dos socios de coalición acordaron la noche de este jueves mantener la votación pese a su fracaso para retratar a Junts junto a PP y Vox. Junts se descolgó a primera hora del viernes, poco antes del comienzo del pleno, anunciando que entregará una propuesta de decreto ley "propia, ya preparada, para que sirva de punto de partida si el PSOE quiere avanzar a una solución real, solvente y capaz de suscitar un amplio apoyo parlamentario". Pero que el Gobierno retire sus textos, exigió otra vez.

Así, los números de la votación de mañana son claros. El Gobierno tiene asegurados 172 síes —los de PSOE (121), Sumar (26), ERC (7), Bildu (6), PNV (5), Podemos (4), la diputada de Compromís (1), BNG (1) y CC (1)—, por los 178 noes de PP (137), Vox (33), Junts (7) Unión del Pueblo Navarro (1). En el segundo decreto, la derrota será más abultada por el no también de PNV y CC.

El contexto de este pleno es muy distinto, por el estallido social que ha seguido al desahucio de Maricarmen y que ha cristalizado en la acampada en Sol y en otros puntos de España

El contexto, hoy, no es el mismo que en otras ocasiones, ni mucho menos. Y por eso el significado de esta votación es mucho más profundo. Porque España vive conmocionada todavía por las imágenes de una mujer de 87 años, Maricarmen Abascal, sacada a la fuerza de la casa en la que había vivido durante más de siete décadas, conducida en camilla directamente al hospital por su extrema fragilidad, en el que aún permanece. La sacudida fue tan inmediata y tan gigante que el malestar existente con la vivienda estalló y llenó las calles y plazas de todo el país, irradiando su fuerza desde una Puerta del Sol convertida desde el sábado en una acampada transversal que no solo no languidece sino que cada día va haciéndose más grande. Un movimiento que forzó también al Ejecutivo a acelerar la redacción de medidas de vivienda que finalmente segregó en dos decretos leyes. Los que finalmente se votarán este viernes.

Antes de Junts, la última formación en posicionarse fue Coalición Canaria. Y lo había hecho en la línea previsible. En sintonía plena con el PNV. Por un lado, por tanto, apoyo al primer decreto, el que contiene iniciativas como la protección frente a los desahucios, la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, la prórroga por dos años de los contratos de arrendamiento, las bonificaciones fiscales a inquilinos y propietarios, el IVA al 10% de los pisos turísticos o las ayudas a la compra de primera vivienda. Y por otro, no al segundo decreto, el de renovación automática e indefinida de los contratos de alquiler. En resumidas cuentas, voto a favor en un texto, el más amplio, y en contra en el otro: eso es lo que tendrá que pulsar desde su escaño la diputada nacionalista canaria Cristina Valido. CC forma parte del bloque de investidura aunque gobierna en las islas con el PP, y su sí al primer decreto era previsible porque ya en abril respaldó la prórroga de los alquileres por dos años.

Antes, el PNV había dado su "apoyo crítico" al primer decreto y su no al segundo. Y Podemos, por la mañana, y siguiendo la petición del Sindicato de Inquilinas, confirmó su voto favorable a los dos textos, aun advirtiendo de que eran "migajas". Pero ya el tablero de la mayoría de investidura ha vuelto a romperse. Por la esquina de siempre, la de Junts. La duda es si su estruendoso no tendrá, esta vez, alguna consecuencia.