El Gobierno pospone a septiembre la aprobación del decreto ley de vivienda por la falta de apoyos

El Ejecutivo decide aplazar una de sus herramientas estrella para este tramo final de la legislatura. El Consejo de Ministros no aprobará este martes, 28 de julio, como estaba previsto, el real decreto ley de medidas de vivienda que incluía la prórroga de los contratos de alquiler. Lo hará, aseguran en el Gobierno, después de la pausa veraniega. Ha tenido que frenar el texto, acordado por PSOE y Sumar, por lo que ya parecía obvio hace una semana, la falta de apoyos parlamentarios, lo que habría hecho que descarrilara en el Congreso en cuanto se sometiera a convalidación. Podemos, Junts y PNV habían adelantado sus pegas a la norma, algunas de ellas claramente incompatibles.

Fuentes del Ministerio de Vivienda, que lidera Isabel Rodríguez, confirmaron este lunes el aplazamiento de la aprobación del real decreto ley al mes de septiembre con el fin de darse este tiempo extra "para lograr un acuerdo con las fuerzas parlamentarias". "Tras semanas intensas de negociación", el departamento de Rodríguez "se reafirma en la posibilidad de un acuerdo amplio y transversal para sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que dé estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible".

Según indicaron desde Vivienda, "la responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura". Entonces, ¿qué ha sucedido? Que "se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto", justificaron las mismas fuentes.

Esa es la razón por la que se ha sacado del orden del día del Consejo de Ministros de mañana, el último antes de las vacaciones de agosto, para conceder "unas semanas más de margen a la negociación" y focalizar la acción de la reunión del Gabinete del cierre del curso político en "la lucha contra los incendios consecuencia de la emergencia climática". El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana subraya que "hará todo lo que esté en su mano para lograr el mejor acuerdo posible para garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía".

Vivienda insiste en que busca un pacto "amplio y transversal" y que hará "todo lo que esté en su mano" para lograrlo y que se garantice "el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía"

El decreto ley pactado entre PSOE y Sumar incluía una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler, extensión que podrían solicitar aquellos inquilinos cuyos contratos vencieran el 30 de junio de 2028, lo que ampliaba, según los cálculos del socio minoritario de la coalición, el gran impulsor de la medida, "en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de esta medida". Siempre según los números de Sumar, desde el 21 de marzo del 2026 —cuando el Consejo de Ministros aprobó el anterior decreto, derogado un mes después— hasta el 30 de junio de 2028 "podrán beneficiarse de la prórroga casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares".

El texto acordado por los dos partidos del Gobierno también incorporaba medidas para la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones y el aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA, y también un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas. La norma también contenía "una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad" con el objetivo, decía Sumar, de "evitar los desahucios".

Sin embargo, enseguida empezó a atisbarse que el decreto ley sería imposible de convalidar por las demandas contrapuestas de los socios. Junts denunciaba las "políticas intervencionistas" del Gobierno y ponía por delante sus propias propuestas, como desgravaciones fiscales del alquiler para los inquilinos, deducción de una parte de la cuota hipotecaria a los pequeños propietarios, desbloqueo de la ley antiokupas —en la que la formación de Carlos Puigdemont, igual que la derecha nacional y la ultraderecha, sigue empeñada— o que sea el Estado el que "asuma el coste de las políticas sociales de vivienda de las personas vulnerables, y no los pequeños propietarios".

Junts plantea que el Estado asuma el coste de las políticas de vivienda para las personas vulnerables, y Podemos, que se elimine la parte de reforma de la ley del suelo que contenía el texto para sentarse a negociar. Un pasaje que el PNV reclama

Podemos, por su parte, expresó su "rechazo frontal" a una de las partes del decreto de PSOE y Sumar: la reforma de la ley del suelo, una demanda muy compartida por los ayuntamientos, al margen de su color político, y que había caído dos veces en esta legislatura por el rechazo de los socios progresistas (incluido Sumar) y también del PP. El nuevo decreto incluye, decían los morados, la modificación de dos elementos "relevantes" de la ley del suelo: el "sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados". 

Según contaban los morados, la primera de las reformas supondría "legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros". "También limitaría la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas". Y el segundo cambio implicaría, por su parte, la supresión del "derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin". Es ecir, que se trataría de "una reforma hecha a la medida" para los grandes tenedores de suelo como, por ejemplo, en la operación Chamartín (hoy, Madrid Nuevo Norte). La formación de Ione Belarra imponía que se eliminase todo este pasaje del texto para sentarse a negociar.

Pero el PNV exigía, por su parte, lo contrario que Podemos: que el decreto incluyese una reforma de la ley del suelo, que la formación siempre ha exigido, hasta el punto de que firmó una proposición de ley con los socialistas que decayó el año pasado —esa fue la segunda vez en que el cambio normativo se frustró en este mandato—. Los jeltzales entienden que esta reforma es necesaria para reducir burocracia y construir vivienda con "mayor dinamismo". Creen que hay que "reducir la rigidez de algunos trámites urbanísticos que pueden llegar a anular el trabajo de años de los alcaldes y grupos municipales". Con estos mimbres, era imposible que la convalidación del decreto ley por parte del Congreso, necesaria, prosperase.

Al final, el desencuentro entre los socios en una materia tan ideologizada como la vivienda, principal fuente de preocupación para los ciudadanos, ha impedido por ahora la aprobación del nuevo decreto ley de vivienda. El Gobierno dice que hay que esperar a septiembre, pero habrá que ver si para entonces es posible alcanzar el acuerdo o las discrepancias persisten.