Sánchez califca de "violación y ataque a la integridad territorial" de España la ola migratoria en Ceuta y exculpa a Marruecos

"Lo que se ha producido es una violación y un ataque a la integridad territorial española". Es la definición que este viernes usó el presidente del Gobierno para definir la crisis extraordinaria de las últimas horas en Ceuta, en la que entraron ilegalmente unas 50.000 personas procedentes de Marruecos desde la madrugada del 30 de julio, según las cifras oficiales. Pero Pedro Sánchez no culpó a Rabat en ningún caso del caos en la frontera, ni denunció ningún tipo de inhibición de las fuerzas de seguridad marroquíes. Como ya hiciera su Ejecutivo ayer, atribuyó la masiva llegada de irregulares a una lectura interesada de las mafias que trafican con seres humanos de la sentencia del Supremo de principios de julio que impedía la devolución en caliente de aquellas personas que trataran de penetrar en España a nado. Por eso también ha ordenado ya que se coloquen boyas en el agua para que sirvan como elemento de contención, que es precisamente la razón por la que el alto tribunal entendió que los extranjeros sí pueden cruzar por mar el espigón del Tarajal porque no existe una barrera física, como en cambio sí hay en tierra, con la valla que separa los dos países. Sin que se descarte cambiar la ley de extranjería para afinar más la redacción y permitir por tanto la deportación exprés de migrantes.

Sánchez compareció este viernes cerca de la una de la tarde en Ceuta, acompañado de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y después de haberse reunido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y también con las autoridades de la ciudad autónoma. Al lado del jefe del Ejecutivo no se encontraba, como se preveía ayer, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), una estampa nada habitual porque hasta ahora las dos administraciones lucían unidad institucional, algo que en esta ocasión se ha quebrado. La tensión en el enclave es enorme porque vive la que seguramente ya es la crisis migratoria más grave de su historia reciente, de mayor dimensión que la de 2021, cuando se computaron más de 10.000 llegadas irregulares. Ahora las cifras podrían multiplicarse por más de cinco, cuando la ciudad cuenta con menos de 85.000 habitantes. Según los datos facilitados hoy por el Ejecutivo, han sido 50.000 las llegada a Ceuta desde la madrugada del 30 de julio, y las salidas hacia Marruecos, durante la mañana del 31 de julio, y hasta las 13 horas, más de 25.000. Los retornos desde la ciudad, "voluntarios", se están produciendo "a un ritmo de 150 personas por minuto".

Precisamente por el dramatismo de la situación Sánchez quiso dirigirse primero a la población ceutí, para que sepa que "toda España está con ellos". El Gobierno, aseguró, se hace cargo de su estado emocional y de la "angustia" que está sufriendo, y los habitantes de la ciudad han de saber, añadió, que recibirán el mismo trato que los españoles peninsulares, y para ello el Ejecutivo está desplegando todos los recursos y resortes disponibles para garantizar la convivencia y la seguridad en el territorio.

En congruencia con la explicación que el Gobierno ha dado a este repunte migratorio en Ceuta —la "lectura interesada" de las mafias a la sentencia del Supremo—, Sánchez adelantó una primera respuesta "coyuntural" para frenar las entradas irregulares: se ha requerido a la empresa pública Sasemar, encargada del salvamento marítimo, que coloque boyas en el mar, en el espigón fronterizo del Tarajal, en coaboración con la Guardia Civil y con la Armada. La idea es que se forme una barrera de contención visible, que se marque la línea divisoria entre España y Marruecos. Porque lo que dice la disposición adicional décima de la ley de extranjería es que los inmigrantes que sean detectados "en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". De ahí que el Supremo interpretara que si los extranjeros son interceptados mientras cruzan a nado no pueden ser devueltos de manera exprés, porque no hay una barrera física. Ahora la habrá y de esta manera, señaló el presidente, podrá cumplirse la sentencia.

A la vez, añadió, se van a agilizar los expedientes de expulsión y muchos de esos migrantes que han accedido ilegalmente a la ciudad autónoma en los últimos días ya están volviendo a Marruecos. Y se está informando a quienes estén lejos de la frontera de que podrán regresar a su país voluntariamente. Eso no quita, indicó el presidente, que se pueda estudiar una reforma de la ley de extranjería para asegurar que las "repatriaciones en frontera" se hagan "de la manera más eficiente posible".

(Noticia en ampliación)