Suma y sigue. El gasto de la Seguridad Social en incapacidad temporal no para de crecer. Los últimos datos difundidos por el ministerio que dirige Elma Saiz reflejan un avance del 10,3% hasta junio. La factura es ya de 9.503 millones de euros en los primeros seis meses del año.
Gobierno, sindicatos y patronales siguen tratando de buscar soluciones a esta sangría para las arcas públicas que, si bien se da en un contexto de mayor empleo, no para de crecer exponencialmente. No en vano, las bajas médicas se han duplicado prácticamente en una década.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, situó hace unas semanas la cuestión de las bajas médicas como uno de los grandes desafíos del sistema laboral español. En un encuentro en el Círculo de Empresarios Vascos planteó que los trabajadores que están de baja no cobren el 100% de su salario. Y la polémica no tardó en estallar.
La patronal acostumbra a incluir en el mismo saco el absentismo injustificado y todas las bajas por incapacidad temporal. Los sindicatos defienden que son faltas al trabajo basadas en criterio médico o en situaciones amparadas por la ley. Creen que el fraude es un fenómeno a parte que no tiene el peso que le atribuyen las organizaciones empresariales.
De momento, el gasto en bajas se come ya casi un 10% de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. Estos últimos han crecido un 7,4% en la variación interanual con los datos acumulados hasta junio de este año. Así, alcanzan los 93.957 millones de euros, 6.453 millones más que el año pasado. El gasto en 2025 en subsidios por incapacidad temporal aumentó un 11,8% interanual, hasta los 18.413 millones de euros.
El Gobierno crea un observatorio
Del lado del Gobierno, el Ejecutivo ha puesto en marcha el Observatorio de la Incapacidad Temporal. Un nuevo organismo que pretende evaluar las causas del incremento del fenómeno desde la pandemia, donde ganan peso no solo las algias, sino también las patologías relacionadas con la salud mental.
Formado por empresarios, sindicatos y el Ministerio de Sanidad, el objetivo es que pueda formular propuestas e informes para atajar un problema sobre el que ha puesto la lupa la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). De hecho, el organismo ha sido muy crítico con la labor supervisora del Estado, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Las mutuas, por su parte, llevan tiempo reclamando poder participar en las altas de los trabajadores. Algo que queda reservado a los médicos del Sistema Nacional de Salud. Uno de los factores que los expertos señalan como claves en el crecimiento de las bajas también son las listas de espera de los diferentes servicios regionales de salud para las diferentes especialidades. Incluso el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, llamó recientemente la atención al respecto.
Por otro lado, el gasto en pensiones de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género, se incrementa un 6% hasta los 82.610 millones de euros.
Dicho incremento, asegura el Gobierno, tiene su origen en el aumento del número de pensiones (1,5%), en el crecimiento de la pensión media (4,6%), así como en la revalorización general del 2,7% de las pensiones contributivas en el ejercicio 2026.
Por su parte, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, así como las destinadas al cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad, suman 2.723 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,8%.
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