El Gobierno reactiva la reforma de la financiación autonómica en plena tormenta judicial

En plena crisis política provocada por la sucesión de investigaciones judiciales y casos de presunta corrupción que cercan al PSOE, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ha optado por mantener una de las principales reformas impulsadas por su predecesora, María Jesús Montero. Hacienda ha remitido una carta este lunes a toda las consejerías de Hacienda de las Comunidades Autonómas de régimen común y Ceuta y Melilla para abordar la reforma de la financiación autonómica.

De esta forma, el ministro España mantiene el compromiso de convocar "próximamente" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que "el nuevo modelo de financiación entre en vigor el 1 de enero de 2027".

Según ha remitido el Ministerio a través de una nota de prensa, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, será el encargado de mantener las reuniones bilaterales, que podrán ser presenciales o por videoconferencia en función de la disponibilidad o preferencia de las Comunidades Autónomas.

La reforma de Montero

Antes de abandonar su cargo para iniciar su campaña como candidata a presidir Andalucía, la exministra Montero "dejó atado" el nuevo modelo de financiación autonómica, tal y como señaló en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado el pasado febrero. Un encuentro marcado por el rechazo de los gobiernos autonómicos al modelo, con la única excepción de Cataluña.

Ante el rechazo casi unánime, la ministra trasladó durante el último CPFF a las comunidades autónomas que el futuro modelo tendría "carácter voluntario", de modo que cada territorio podría decidir si se adhiere al nuevo sistema o permanece en el actual.

Además, el incentivo para hacerlo, no obstante, es significativo. El sistema vigente lleva caducado desde 2014 y, tras más de una década de bloqueo político, Hacienda plantea una reforma que elevaría en 20.975 millones de euros los recursos destinados a las comunidades autónomas. Y de esa cantidad, cerca de 16.000 millones procederían de una mayor cesión de impuestos por parte del Estado.

En concreto, la propuesta eleva la participación autonómica en el IRPF del 50% al 55% y en el IVA del 50% al 56,5%, además de ampliar la cesta de tributos cedidos al 100% con cuatro figuras adicionales: Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el impuesto sobre Determinados Medios de Transporte, los tributos sobre el juego y el impuesto sobre la Electricidad.

Sin embargo, este incremento de recursos para las autonomías ha planteado también interrogantes sobre la situación financiera de la Administración Central. Más fondos para las comunidades implican menos margen presupuestario para el Estado, una circunstancia de la que alertó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el pasado octubre. El organismo señaló que la Administración Central tiene cada vez menos capacidad para asumir nuevas transferencias en un contexto marcado por una deuda pública superior a los 1,7 billones de euros y por el creciente peso del gasto en pensiones, defensa e intereses de la deuda.