Sánchez se tomará la pausa estival para decidir cuándo envía los Presupuestos al Congreso y pensar en la fecha de elecciones

Habrá proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno no se harta de repetirlo, aunque es consciente de que lo mismo dijo en 2024, en 2025 y en 2026 y no lo cumplió. No ha redactado ningunas nuevas cuentas públicas en lo que va de legislatura, pese a que lo había prometido. Pero ahora Pedro Sánchez sí tiene un incentivo claro para llevarlas, esta vez, al Congreso. Y es evidente: si se las tumban los grupos, como parece más que previsible, dispondrá de un poderoso argumento para poner en marcha el contador hacia las generales, que en todo caso, según siempre ha reiterado, se celebrarán en 2027. Un aliciente porque ese texto funcionaría como una suerte de programa electoral. Y aunque la caída de los PGE no supone que automáticamente se disuelvan las Cortes Generales, sí es cierto que el presidente tiene que hilar más fino con los tiempos. Eso explica que el Gobierno no tenga decidido aún cuándo llegará el proyecto a la carrera de San Jerónimo, porque, una vez que entre, los plazos están algo más claros, ya que más o menos tres semanas después se celebraría el debate de totalidad, el más relevante y el que, de perderlo el Ejecutivo, abriría de par en par las puertas del anticipo electoral.

Sánchez se tomará las vacaciones de verano para empezar a encajar las piezas del puzle, tal y como relatan dos ministros de peso este martes. Se dará ese tiempo para ver cuándo le conviene que el proyecto de Presupuestos arribe al Congreso. La Constitución estipula, en su artículo 134.3, que el Ejecutivo debe presentar en el Parlamento su propuesta de cuentas públicas "al menos tres meses antes de la expiración" de las del año anterior. Es decir, antes del 30 de septiembre. Pero incluso en la legislatura anterior, en la que el presidente disponía de una mayoría más sólida, los PGE —los de 2021, 2022 y 2023— eran enviados a la Cámara baja bien entrado octubre. Ahora, podría modular esa fecha, jugar con ella con la vista puesta, eventualmente, en un adelanto técnico de las generales. Él mismo, a finales de junio, en Bruselas, se abrió a la posibilidad de que un fracaso de los PGE llevara aparejado el anticipo de los comicios. Por eso, en el propio PSOE ya percibieron como una opción que las legislativas puedan celebrarse en el primer trimestre de 2027, antes, por tanto, de las municipales y autonómicas de mayo.

El Consejo de Ministros de este martes dio un paso más hacia los Presupuestos de 2027: aprobó el límite de gasto no financiero —el llamado techo de gasto— de 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el gasto nacional de este año y un máximo histórico. Como recordaba el titular de Hacienda, Arcadi España, supera en más de un 88% al aprobado para 2018, que era de algo menos de 120.000 millones de euros. Incluso si se contabilizan los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que este año ya no figuran en el límite de gasto no financiero, y que en 2026 ascendieron a 4.151 millones, el techo de gasto aumentaría un 4,6%. Además, el Gabinete aprobó la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029, que había presentado el ministro España a los consejeros autonómicos de Hacienda la víspera en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Los dos elementos, objetivos de déficit y deuda y techo de gasto, constituyen los cimientos sobre los que se construirán los futuros Presupuestos de 2027, "ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal", según lo definió el titular de Hacienda en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Ambas piezas llegarán ahora al Congreso. Lo que el Gobierno tiene que sacar adelante, con el apoyo de los grupos, es la senda, porque el límite de gasto no financiero no se somete a votación. Pero, previsiblemente, tropezará en la misma piedra: Junts. Los posconvergentes ya echaron abajo las metas de déficit de 2025 y 2026 y sumaron sus votos a PP y Vox porque entendían que no se daba suficiente margen a Cataluña.

Ahora, el problema es el mismo para el Ejecutivo. Con el agravante de que las relaciones continúan rotas desde octubre del año pasado. La formación de Carles Puigdemont ya avisó el lunes a los socialistas de que volverá a votar en contra de la senda de estabilidad si la propuesta de Hacienda para este año era "la misma" que en 2025, cuando el déficit para las autonomías también se fijó en el 0,1% del PIB. El ministerio de España ha previsto que el déficit público baje al 1,8% en 2027, al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. La Administración General del Estado es la que haría el mayor esfuerzo de reducción del déficit para posibilitar que las CCAA tengan un mayor margen de gasto. El objetivo para el próximo año sería del -1,5%, tres décimas menos que el marcado para 2026; del -1,4% en 2028 y del -1,3% en 2029. A las comunidades se les permitiría un desfase de una décima (-0,1% del PIB) en todo el periodo, mientras que los ayuntamientos deberían lograr el equilibrio presupuestario.

"Reflexión" para los grupos

El Gobierno ya ha calculado que la senda de estabilidad será discutida y votada por el pleno del Congreso el 14 de julio. Pero probablemente naufragará. El ministro España pidió una "reflexión" a los grupos para que se pregunten por qué quieren menos margen de gasto para las administraciones autonómicas. La misma pregunta que lanzaba su antecesora, la exvicepresidenta María Jesús Montero. Sin que tuviera éxito.

El Ejecutivo ya cuenta con que los objetivos serán rechazados, y entonces el Consejo de Ministros deberá aprobarlos por segunda vez y remitirlos, también por segunda vez, al Congreso. Está programada una segunda sesión a finales de mes, el 23 de julio. Al no pasar el muro de la Cámara baja, la senda no alcanzará la orilla del Senado. Con un doble no a las metas de déficit y deuda, el Gobierno tendrá que elaborar los Presupuestos de 2027 con los objetivos pactados con Bruselas, más restrictivos para las CCAA.

El siguiente paso ya se dará tras el verano. En la Moncloa cuentan con que el último Consejo de Ministros antes del parón vacacional sea el del martes 28 de julio, y el primero tras el descanso, el 25 de agosto. En ese mes, Sánchez preparará la estrategia del nuevo curso político, como ya hizo el año pasado, tras el shock por el encarcelamiento de Santos Cerdán. En septiembre pudo retomar el control de la agenda, aunque ese efecto se fue disipando por la complicación y explosión de casos judiciales.

Ahora, el gran proyecto del Gobierno tras el verano serán los Presupuestos de 2027. Por eso en el Ejecutivo indican que el paréntesis de agosto servirá para pulir esa oferta no solo a los grupos sino también a los ciudadanos y para calcular los tiempos. En esta ocasión, al presidente sí que le interesa llevar las cuentas a la Cámara, aun con el riesgo más que probable de que se las tumben, porque contará con un proyecto "ambicioso" en lo social y en lo fiscal, y de hecho ese techo de gasto récord ya apunta esas primeras formas del texto. En el momento en que el proyecto es aprobado por el Consejo de Ministros y llevado al Congreso, se pone en marcha la maquinaria parlamentaria, y ahí no caben demoras porque los PGE siempre tienen prioridad en la tramitación. Tras las comparecencias de los altos cargos de cada departamento, en las que explican cada partida, se celebra el debate de totalidad, que es la prueba de fuego.

Y si los Presupuestos salen derrotados y devueltos al Gobierno, inevitablemente arranca la cuenta atrás hacia las elecciones. Es lo que dejó caer el presidente hace menos de un mes y lo que de hecho sucedió en 2019. El Congreso, el 13 de febrero, rechazó las cuentas de ese año por la suma de las derechas y los independentistas. Y dos días más tarde, el viernes 15, el presidente convocó los comicios del 28 de abril, pero para que cuadrara la fecha la disolución de las Cámaras llegó dos semanas más tarde, en el BOE del 5 de marzo.

A falta también de la financiación autonómica

El ministro España no quiso aclarar cuándo llegarán los Presupuestos al Congreso, consciente de la importancia de esa fecha y de lo que desencadenaría. "Paso a paso", indican fuentes del Ejecutivo, "primero vamos a los dos debates de la senda de estabilidad de julio [el 14 y el 23], luego una nueva convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera", para presentar a las comunidades el nuevo proyecto de financiación autonómica, "y en agosto decidimos".

Y es que es cierto que el titular de Hacienda tiene otra carpeta caliente que ha de despachar en apenas unas semanas: el 29 de julio reunirá a los consejeros autonómicos del ramo en el CPFF para lanzar definitivamente el nuevo modelo de financiación autonómica que ya presentó Montero en enero, tras cerrar el pacto con ERC, y al que le quedaba toda la letra pequeña y su plasmación en un proyecto legislativo. La nueva arquitectura financiera solo tiene el apoyo de Cataluña y el rechazo de todas las demás, también de las autonomías socialistas del régimen común restantes (Castilla-La Mancha y Asturias). Queda por saber cuándo, tras ese paso por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el proyecto pasa por Consejo de Ministros para su remisión al Congreso. Y allí, presumiblemente, también morirá, por la oposición de Junts. Pero con la financiación, igual que con los Presupuestos, Sánchez también podrá hacer campaña llegado el momento, porque la reforma del modelo se traduce en más recursos para las CCAA, aunque las que lo impugnan denuncian el "privilegio" a Cataluña.

El Gobierno pretende recobrar el pulso a la vuelta del verano y usar los PGE como principal acicate. Pero además del contenido, la fecha es la clave. Porque es la que puede poner rumbo a las elecciones generales. Sean en el primer trimestre de 2027, como parece más factible, o apurando la legislatura, hacia el verano.