Oficialmente, y como estaba más que claro hace meses, los Presupuestos Generales del Estado para 2026 quedan ya aparcados. Ahora, el Gobierno se concentrará en intentar sacar adelante los de 2027, que serían los primeros de esta legislatura que todavía sobrevive con los aprobados en la pasada legislatura. Así lo anunció este miércoles el presidente, Pedro Sánchez, en la clausura de las jornadas anuales del Cercle d'Economia, en Barcelona. Será esta semana, dijo, cuando se publicará en el Boletín Oficial del Estado la orden de Hacienda para poner en marcha la maquinaria de elaboración de las cuentas del próximo año, el primer e imprescindible paso. Al Congreso llegarían en el segundo semestre para que allí pudieran se tramitados.
Sánchez buscaba este miércoles, de algún modo, romper la agenda de este miércoles, tras dos semanas y media absolutamente negras por la debacle electoral en Andalucía, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada en Ferraz ordenada por el juez Santiago Pedraz por el caso Leire Díez. Justo cuando empezaban a sucederse los titulares en los medios con el sumario de esta última causa, al presidente le tocaba intervenir como último ponente de las 41ª jornadas del Cercle, en las que ayer intervino el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Tras insistir de nuevo en que al Gobierno le queda "muchísimo por hacer" y tras reivindicar la "estabilidad y los acuerdos" alcanzados en estos ocho años de mandato, el presidente lanzó su anuncio: el Gobierno inicia ya los trámites para presentar los Presupuestos de 2027. Esta semana, el BOE publicará por tanto la orden del Ministerio de Hacienda que enciende ese despliegue. A lo largo del mes, dijo, se actualizará el cuadro macro, con el objetivo de aprobar unas nuevas cuentas con las fuerzas parlamentarias. No dio más fechas, pero lo previsible es que los objetivos de déficit y deuda lleguen al Congreso en julio —si son tumbados una primera vez, el Consejo de Ministros debe aprobarlos de nuevo y remitirlos a las Cámaras—. El proyecto de ley, según la Constitución, debería ingresar en el Parlamento antes del 30 de septiembre, pero en la pasada legislatura, cuando el Gobierno sí pudo sacar adelante tres PGE consecutivos (los de 2021, 2022 y 2023), llegaban al Congreso avanzado octubre.
En realidad, el Ejecutivo puede jugar con esa fecha, y es capital porque puede embocar, ahora sí, el final de legislatura. En este mandato, Sánchez no ha llevado al Congreso ni un solo proyecto de PGE. Canceló la tramitación de los de 2024 por la convocatoria de las elecciones catalanas de mayo; para los de 2025, dejó simplemente correr los meses. Y los de 2026 se comprometió firmemente a presentarlos, esta vez sí, pero fue demorando y demorando su propia promesa hasta que la aparcó una vez estalló la guerra de Irán, con la excusa de que la inestabilidad introducida por el conflicto aconsejaba primero centrarse en las medidas que mitigaran su impacto para luego ya ponerse con las cuentas. En realidad, lo que siempre ocurrió fue la falta de acuerdo con los grupos y, en especial, el altísimo precio impuesto por Junts y su dificultad de encaje con las demandas de Podemos. María Jesús Montero dejó su cargo a finales de marzo de vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda sin haber presentado unas cuentas para partir hacia la carrera electoral andaluza.
Ahora, será su sucesor, Arcadi España, quien lo haga. En esta ocasión, el presidente sí tiene incentivos reales para llevar a la Cámara baja unos nuevos PGE, porque aunque no logren ser aprobados, le pueden valer como carta de presentación de cara a las siguientes generales en las que competirá como candidato socialista. Elecciones que, según él mismo ha reiterado, no piensa adelantar.
(Noticia en ampliación)
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