Indra, la joya del Estado: más de 800 millones en plusvalías en la operación más rentable de la SEPI

"Revisaremos todas las participaciones empresariales del Estado y venderemos aquellas que no respondan a un interés público o estratégico acreditado", asegura el programa del Partido Popular titulado Reconstrucción Nacional. El Estado mantiene participaciones en empresas como Telefónica, CaixaBank, Talgo, Airbus, entre otras. Y aunque muchas han servido para mantener una posición meramente estratégica, hay una que resuena no solo por su interés nacional, sino también por el rédito que daría si el Gobierno decidiese venderla. Se trata de Indra, donde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene una participación del 28%.

Si el Gobierno decidiese vender esta propiedad -algo improbable- el Estado se embolsaría 3.000 millones de euros. De estos, 810 millones serían de beneficios gracias a la última compra que se realizó en 2022. En aquel año, a las puertas de la invasión rusa a Ucrania -un 22 de febrero- el Consejo de Ministros acordó la adquisición de acciones de Indra para alcanzar el 28% del capital social de la cotizada. Con un coste medio de 10,57 euros por acción, la operación costó 173 millones de euros para adquirir 16,4 millones de acciones. De esta forma, la participación de Hacienda en Indra, de la que emana la SEPI, afloró un un 9,29%, pasando del 18,71% al 28%.

Esta participación le ha permitido al Gobierno tener tres consejeros en la cúpula de la compañía, concediendo un poder que otros accionistas no tienen para nombrar o cesar directivos. Marc Murtra, hoy presidente del Grupo Telefónica, llegó a Indra en mayo de 2021 como presidente no ejecutivo. Por aquel entonces el Gobierno tenía un 18,71% de propiedad de Indra, pero ya era el máximo propietario de la compañía.

En febrero de 2022 el Consejo de Ministros aprueba elevar su participación en Indra y, por tanto, su poder crece dentro del Consejo de Administración. En enero de 2025, con el beneplácito del Gobierno, Murtra migra a Telefónica e Indra ficha a un hombre de taller de toda la vida. Ángel Escribano, propietario de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), con amplia experiencia en el sector industrial de la defensa, es nombrado presidente ejecutivo. El resto es historia. La fusión entre Indra y EM&E anhelada por el Gobierno fracasa después de que el mismo ejecutivo le pida a Escribano dimitir de presidencia por un "conflicto de intereses".

Los hermanos Escribano se retiraron de la operación para así mantener su posición de presidencia en lo más alto de la compañía. Sin embargo, el Gobierno ejerció más presión y Ángel Escribano acabó dimitiendo y, más adelante, vendiendo su participación íntegra de Indra. Ahora, sin cúpula, el Gobierno posicionó a Ángel Simón, antiguo consejero delegado de La Caixa y cercano al Partido Socialista de Cataluña (PSC), región donde Indra tiene destacados intereses industriales con 12 sedes en territorio catalán.

El amplio poder que la propiedad del Estado le otorga en Indra ha puesto al Partido Popular en un lugar de crítica en relación con las decisiones de la Moncloa y la SEPI. En una entrevista de Alberto Núñez Feijóo concedida a Expansión, asegura que "en cuanto lleguemos, veremos por qué y para qué se ha hecho lo de Telefónica. Veremos exactamente cómo está la situación y los contratos que tiene Indra y el resto de participaciones del Estado en las empresas".

El presidente del Partido Popular aseguró que "no sabemos lo que han hecho en Indra" y su planteamiento es que "las empresas funcionen y sean competitivas, que aporten valor, no a ver si puedo controlar esta empresa para influir en el mercado de la publicidad o en el mercado televisivo. Han puesto a tres presidentes de Indra distintos, a alguno de ellos al final los echaron diciendo que estaban en un conflicto de intereses. ¿Era un conflicto sobrevenido o qué?".

Es ahí donde el Partido Popular, si llega al Gobierno ejercerá su poder. Pero, según aseguró Feijóo, "si encontramos alguna particularidad o gestores más profesionales que conozcan mejor los sectores, nuestra responsabilidad sería valorarlo". En ese caso el Partido Popular meterá mano: "Los gestores de las empresas públicas serán elegidos por su experiencia, mérito y capacidad, no por afinidad política", asegura su programa político de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.