El Estado perdería más de 300 millones si el nuevo gobierno decide vender su participación de Telefónica

"Simplemente es la constatación de que estamos hablando de un sector estratégico para la seguridad, la defensa y todo el proceso de digitalización que tenemos que abordar", aseguró Pedro Sánchez para defender la adquisición del 10% Telefónica que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2023. La operación terminó costando a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), perteneciente al Ministerio de Hacienda, 2.284 millones de euros. Y hoy, esa misma participación estratégica del Gobierno en Telefónica, se valora en unos 1.950 millones de euros, lo que supondría una pérdida de 311 millones de euros si un nuevo Gobierno del Partido Popular y Vox decidiese vender la propiedad del antiguo monopolio de telecomunicaciones.

La compra de acciones se realizó en diferentes tandas, entre marzo y mayo de 2024. El 25 de marzo afloró una participación del 3,044%; el 15 de abril el Gobierno la elevó hasta el 5%; el 26 de abril aumentó la propiedad hasta el 6,16%; el 8 de mayo lo hizo hasta el 7% y entre el 14 y 16 de mayo alcanzó el 9%, finalizando la adquisición del 10% del capital de Telefónica el 20 de mayo. Finalmente, la compra de las acciones se realizó en un precio medio de 4,0295 euros, cuando la teleco tenía una capitalización de mercado de unos 23.000 millones de euros, obteniendo así un total de 567 millones de acciones. Hoy, tres años después, Telefónica marca un precio de 3,48 euros la acción, con una capitalización de 19.700 millones.

La operación, aseguró Sánchez, "tiene que ver con la transformación digital y tiene que ver con que ahora mismo las telecomunicaciones están íntimamente vinculadas con la seguridad, con la defensa, con la ciberseguridad y con el desarrollo de toda la economía digital, en la que están inmersas las economías particularmente occidentales".

La compra de las acciones de Telefónica, según defendió el Consejo de Ministros, se fundamentó en que la compañía "es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos". Es por eso que "la presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales". Y para reforzar el argumentario, el Gobierno ha defendido la acción de gobiernos europeos cercanos como el de Alemania, Francia e Italia, donde cada ejecutivo tiene una participación en empresas "estratégicas" del sector de las telecomunicaciones.

Así, "la entrada en el capital de la compañía va en línea con los países de nuestro entorno". Alemania ostentaba en su momento un 13,8% del capital de Deutsche Telekom (DT). Hoy posee hasta un 28,6% de la gigante alemana, siendo el primer accionista de la teleco. Francia, dispone de un 13,4% en Orange. Y por parte de Italia, en agosto de 2023 tenía un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía Telecom Italia, pero en la actualidad posee un 27,5%.

La compra del 10% de Telefónica por parte del Gobierno, ejecutada a través de la SEPI, fue una respuesta a la entrada de Saudi Telecom Company (STC), controlada mayoritariamente por el Arabia Saudí. En septiembre de 2023, STC anunció una inversión de 2.100 millones de euros para aumentar su participación al 9,9% de Telefónica. El Gobierno, inquieto de que un inversor extranjero ganase influencia en una empresa considerada estratégica por sus contratos con Defensa y sus infraestructuras críticas de telecomunicaciones, decidió adquirir hasta el 10% para convertirse en su principal accionista y actuar como contrapeso a la presencia saudí.