CCOO y UGT "no descartan" exigir una segunda subida del salario mínimo en 2026 si se agudiza la inflación

Los sindicatos CCOO y UGT se han reunido este lunes para trasladar en una rueda de prensa sus reivindicaciones para la movilización del 1 de mayo (Día del Trabajador). Con el lema "Derechos no trincheras: salarios, vivienda y democracia", el acto central de los sindicatos se producirá este año en Málaga, ya que es un "caso paradigmático" de la falta de vivienda a precios "razonables y asequibles" para los trabajadores, según ha explicado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez durante la reunión.

En este sentido, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que el "objetivo prioritario" de las organizaciones sindicales será "trasladar la situación macro de la economía a los bolsillos de las familias españolas". Para los líderes sindicales, que España sea una de las economías que más crece en Europa tiene que "repercutir en la vida cotidiana" de los ciudadanos, en concreto, a través de los salarios. Asimismo, también han advertido de las "circunstancias especiales" que está provocando la guerra en Irán en el incremento de los precios, por lo que han considerado que es el "momento de profundizar en la protección de la capacidad adquisitiva de los hogares, particularmente los que tienen rentas por debajo de la media".

Ante ello, Sordo ha alertado de que desde las organizaciones sindicales "no descartamos reabrir el debate sobre una subida adicional del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en caso de que se agudice la inflación en lo que queda de año". Un escenario que evaluarán en las próximas semanas "en función de cómo evolucionen los acontecimientos".

Además, han recordado que su propuesta salarial en el marco del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) se sitúa "entre el 4% y 7% para este año y los dos que vienen" y han instado a las organizaciones empresariales a sentarse en la mesa de diálogo para comenzar las negociaciones y "hacer frente a la inflación".

En contra de las reducciones fiscales del Gobierno

En esta línea, el secretario general de CCOO también ha advertido al Gobierno de que "si siguen incrementándose los precios" por la guerra en Irán, "no van a servir solo medidas de reducción fiscal, que a veces se trasladan a los precios y otras veces no", en alusión al primer paquete del Ejecutivo con un plan anticrisis fundamentado en reducciones tributarias.

Sordo ha señalado que las medidas adoptatas para frenar la crisis inflacionaria tras la guerra en Ucrania "básicamente tuvieron un efecto regresivo y sirvieron para llenar los bolsillos de los que más tienen". Aunque ha reconocido que las medidas actuales han servido para reducir el precio de los combustibles, si la inflación persiste, habrá "que tomar medidas adicionales".

En este sentido, desde los sindicatos proponen "hacer transferencias directas a los hogares españoles que estén por debajo de la media de renta" para proteger su poder adquisitivo. Una propuesta que, según defienden se "podría canalizar a través del IRPF, por ejemplo, trasladando 300 euros a 10 millones de familias españolas" y que "tendría un coste inferior a lo que supuso subvencionar el carburante en la anterior crisis ucraniana".

La vivienda, el otro elemento central de la reivindicación

Por otra parte, la vivienda va a ser el otro "elemento central de la reivindicación", ya que "nadie en España debería dedicar más del 30% de sus ingresos para acceder a un piso en condiciones de dignidad, sea a través de una hipoteca o sea a través de un alquiler", ha señalado Sordo.

Para ello, CCOO y UGT han puesto sobre la mesa varias medidas con las que atajar la problemática. Los sindicatos han insistido en que España necesita "movilizar al menos dos millones de viviendas en la próxima década", combinando la construcción de nueva vivienda a precios razonables con la activación del parque ya existente. En este sentido, han señalado que hay "del orden de 700.000 viviendas" vacías "en municipios de más de 50.000 habitantes" y una parte de ellas podría incorporarse al mercado inmobilario mediante incentivos y penalizaciones fiscales.

Entre las propuestas, han planteado gravar las viviendas cerradas con fines especulativos, impulsar programas de rehabilitación financiados con fondos públicos a cambio de destinar esos inmuebles a alquiler asequible y articular mecanismos públicos que garanticen el cobro a los propietarios y el buen estado de las viviendas tras su uso. Asimismo, han reclamado al Gobierno intervenir sobre los precios en las zonas tensionadas y limitar el uso especulativo de la vivienda, especialmente por parte de "grandes tenedores y fondos de inversión", así como por el uso de la vivienda turística.

Por último, los sindicatos también han puesto el foco en la responsabilidad de las distintas Administraciones Públicas, criticando la falta de implicación de algunas comunidades autónomas en la aplicación de medidas disponibles. En este sentido, han abogado por un mayor esfuerzo de coordinación institucional y por clarificar las competencias de cada nivel de gobierno, con el fin de que la ciudadanía sepa a qué organismo público debe pedir responsabilidades ante el encarecimiento de la vivienda.