El Congreso aprueba la ley para desburocratizar la dependencia y convalida el decreto que amplía a máximos históricos sus fondos

El Congreso de los Diputados avaló este martes en pleno extraordinario las dos medidas en materia de dependencia que se sometían a votación. Por un lado, salió adelante el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social de 2013, y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de sus derechos, su autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución. En enero de 2024, de hecho, todos los partidos salvo Vox apoyaron la modificación del artículo para suprimir el término "disminuido" de ella. Por otro lado, la cámara convalidó el decreto ley aprobado en Consejo de Ministros el 23 de junio, que busca "el fortalecimiento y la consolidación" del sistema de dependencia con mayor financiación.

El PP se abstuvo con sus 137 diputados al proyecto de ley mientras que Vox votó en contra con sus 33 cargos. El resto de los diputados apoyaron la medida. Sin embargo, para el real decreto ley, Vox se quedó solo. Los populares pasaron al voto afirmativo.

Durante el debate, el PP ya adelantaba la posición con al menos el decreto, que se tramitará como proyecto de ley. "Votamos a favor porque entendemos la importancia de los recursos públicos". "Pero no vamos a convalidar ni su forma de gobernar ni vamos a participar nunca en una política que promete lo que sabe que mañana no va a poder pagar", apuntó la diputada y vicesecretaria de Organización popular, Carmen Fúnez. Ese decreto dota de 6.200 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas entre lo que resta de año y todo 2027, lo que eleva la inversión en este ámbito a cotas inéditas, a 7.239,4 millones de euros para el próximo año. El 50% de esas cantidades las transferirá el Gobierno central.

Mientras que desde la izquierda hubo apoyo contundente a la iniciativa del Ejecutivo, algo que Sumar a través de Alda Recas definió como "compromiso político", y que ERC celebró con prudencia, instando a que esto no quede solo en una foto, Junts fue crítico. Pese a ese respaldo, advirtió de que el sistema se encuentra "al límite desde hace tanto tiempo que ya no es noticia", instando a su mejora. Partidos como EH Bildu, se congratularon de haber podido incluir hasta 20 enmiendas a una "ley que no es perfecta, pero sí es un paso adelante".

Desde Vox, que este lunes aseguraban que seguían estudiando su posición por el impacto económico, las dudas sobre si la inmigración ilegal se acabaría beneficiando del asunto [aunque la legislación es clara e impide a cualquier persona en situación irregular acogerse, más allá de cuestiones básicas de apoyo] y por el incremento de la burocracia para las autonomías, María Ruiz trasladó desde la tribuna de oradores que el decreto "no es más que otro engaño de este Gobierno miserable". En el partido no creen que vaya a materializarse. "Hay que serlo para hacer creer a quienes viven en una situación desesperada que las cosas van a mejorar para luego dejarles en la estacada como siempre han hecho".

Además de esa votación se dieron otras como el de la senda de estabilidad, tumbada, o el de las enmiendas a la totalidad en la iniciativa para derogar, entre otros, el delito de injurias a la Corona y otras instituciones del Estado, que sigue adelante.

El decreto ley, en resumen, supone una reestructuración drástica de las cuantías mínimas. La dependencia máxima de Grado 3, pasará a percibir mensualmente de 290 a 660 euros. La severa, de Grado 2, de 130 a 260 euros. Y la más moderada, de Grado 1, de 76 a 90 euros. Se introduce como novedad ese Grado 3, para dar cobertura a las situaciones más complejas, por ejemplo, pacientes con ELA. En añadido, el Estado dotará de 4.930 euros mensuales a aquellos que requieran en ese grado máximo, contratación de asistencia personal o ayuda a domicilio especializada.

En su caso, el proyecto de ley, introduce reformas que aspiran a dotar de mayor agilidad y de humanidad al sistema de dependencia. La teleasistencia pasa a ser un derecho subjetivo, deja de ser "accesorio" o discrecional a ser de pleno derecho. Si no hay plaza en un centro residencial de referencia, en lugar de quedar alguien desplazado, recibirá una ayuda transitoria mientras ocupa hueco en la lista de espera. Los allegados que participen en los cuidados podrán ser reconocidos y recibir prestaciones por esos trabajos. En cuanto a la atención logística, los centros de día también ofrecerán apoyo comunitario con servicios de fisioterapia o terapia ocupacional a personas que residen en sus casas. Ese apoyo también se hará en los hogares, con prestación temporal de servicios tecnológicos o de movilidad, como sillas de ruedas eléctricas o camas articuladas.

Además del reconocimiento del 33% de discapacidad inmediato, se da derecho a la salud de forma universal, a la protección frente a la soledad forzosa, se prohibe cualquier práctica coercitiva contra los pacientes que no esté justificada, se crea un fondo de financiación pública para sufragar reformas y adaptaciones en entornos públicos y en el transporte y se crea un sistema de información estatal de dependencia.

Bustinduy agradece al PP y a los socios el apoyo

Durante su defensa del decreto ley de del proyecto de ley el ministro de Derechos Sociales afirmó que "el sistema de dependencia en España ha venido lastrado casi desde su despegue, desde su fundación por las consecuencias de la política fiscal y la infrafinanciación estructural de la década de la austeridad". Destacó Bustinduy la importancia, por tanto, de garantizar una financiación suficiente puesto a que cada vez más personas se incorporarán a ese sistema para recibir cuidados. Más allá de agradecer a los socios el respaldo, ya garantizado, se centró en el PP tras abrirse a el acuerdo.

"Yo se lo agradezco, de verdad que se lo agradezco, creo que es importante y creo que hacen ustedes bien en hacerlo. Y luego pues todos los aspavientos sobre que no hay memoria económica. Es que tienen ustedes hoy, otras veces igual no, pero tienen hoy 6.200 millones de razones por las que ese argumento va a ser difícil de que prospere", puntualizó Bustinduy.

A esa financiación, tan solo horas antes, se refirió el ministro de Derechos Sociales, durante la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Ministros mientras transcurría el inicio del pleno. Allí Bustinduy anunció la partida de más de 904 millones de euros que debe venir del Gobierno para alcanzar lo fijado para este 2026 para dependencia. Podría ascender a 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra.

Se trata, según ha precisado, de "la cantidad más alta" en la historia de este nivel de protección, cuyo fin es complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia que hay en cada CCAA conforme al cumplimiento de objetivos como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector. El nivel acordado para la financiación de la dependencia fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta el año 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó una senda de crecimiento hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.

Según señala el Ministerio, este incremento del nivel acordado se suma a la ampliación del nivel mínimo que ha aprobado el Gobierno de España, y que supondrá que, en 2027, el Estado abonará un total de 7.239,4 millones de euros a las CCAA y alcanzará el 50% de la financiación en dependencia. "El 14 de julio de 2026 lo recordaremos como el día que se refundó nuestro sistema de cuidados", destacó Bustinduy reiterando su llamada a los grupos para que se sumasen al "inmenso consenso social" que ha "empujado" estas normas y para que participen en "una conquista de país". Cualquier otra postura, según les advertía en la previa, "sería absolutamente incomprensible para sus propios votantes".