Los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, alcanzaron este miércoles un acuerdo para una nueva prórroga de alquileres durante los dos próximos años, con margen hasta el 30 de junio de 2028, que será incluida en el próximo decreto de vivienda que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes. Según indican fuentes de Sumar, esta "prórroga reforzada" amplía por casi un millón de personas los potenciales beneficiados.
El texto anterior fue tumbado por una mayoría de PP, Vox, Junts y UPN, y la abstención del PNV en el Congreso el pasado mes de abril. Ahora, los magentas ven atado el voto de los posconvergentes al haber asumido requisitos clave como las deducciones y bonificaciones fiscales para los caseros, o añadir el IVA franquiciado, para que los autónomos no tengan que declararlo con ingresos anuales por debajo de 80.000 euros. Ello hace muy probable su aprobación en pleno extraordinario a finales de agosto o a principios de septiembre. Más complicado será convencer a Podemos, que ante las concesiones a Junts, reclama que se atienda a las suyas y se incluya, por ejemplo, la moratoria antidesahucios. Ni los de Carles Puigdemont ni el PNV lo quieren.
Después de su aprobación el próximo martes, comenzarán las negociaciones con los socios, con prioridad de Junts y los de Ione Belarra. Aunque no gusta al resto de la izquierda, la disposición es darle recorrido dado que prima la idea de que cualquier medida será mejor que ninguna. En el PSOE apelan a la prudencia y a las discreción en esas conversaciones. Para que el texto sea aprobado requiere de más votos a favor que en contra, una mayoría simple.
A diferencia que en el último decreto, en marzo, cuando Sumar exigió al PSOE incluir esa prórroga dentro del escudo económico frente a las consecuencias de la guerra en Irán, hubo un amago de fractura por la negativa de los socialistas. Incluso los ministros de Sumar amenazaron con no participar en el Consejo de esa jornada. Se terminó apostando por dos decretos distinguidos. Sumar reprochó las semanas siguientes la escasa implicación de sus socios, algo justificado en el PSOE por la negativa más que clara de Junts.
El texto también incluye otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones para acabar con su uso fraudulento, un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21 % del IVA y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, con el fin de desincentivar el alquiler turístico.
Según explica Sumar, por iniciativa propia, en el nuevo decreto ley se incluye un borrador de texto a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional. Se busca integrar en lo posible todos los criterios.
Sumar asegura que este decreto "permitirá dar solución de manera integral al problema de acceso a la vivienda", actualmente la principal preocupación de la ciudadanía española. En total, con las dos últimas prórrogas aprobadas por el Ejecutivo (desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028) podrán beneficiarse casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.
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