Junts vuelve a sumarse a PP y Vox y tumba al Gobierno otra vez el primer paso de los Presupuestos

Sin sorpresa para nadie. La senda de estabilidad diseñada por el Gobierno cayó este martes de nuevo, se estrelló contra el muro del Congreso. Ocurrió lo mismo en 2024, en 2025 y ahora también en 2026. Y por el voto de los mismos grupos: Junts se sumó a PP y Vox y asestó un fuerte varapalo, otro más, al Ejecutivo. Y así, con su esperable no, rechazó los objetivos de déficit y deuda para el trienio 2027-2029.

El Ejecutivo aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros, después de recabar el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la senda de estabilidad y, junto con el techo de gasto —récord, de 226.032 millones de euros—, la envió a la Cámara baja para su validación. Pero ya contaba con que la votación estaba perdida, porque en lo que va de legislatura no ha podido aprobar ni una sola vez este trámite, que es preceptivo y que es el prólogo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. El ritual se repitió este martes, en el primer pleno extraordinario de este verano: la senda recibió 167 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria), 178 en contra (Junts, PP, Vox y UPN) y 5 abstenciones (Podemos y la diputada de Compromís Àgueda Micó).

Por la mañana, durante el debate, Junts ya había confirmado su no a la propuesta del Gobierno, con el argumento de que es "una estafa para Cataluña", en palabras del diputado Josep Maria Cruset. "Estamos ante una operación de marketing para esconder sus flaquezas. No tienen mayoría para aprobar los Presupuestos y cada vez están más envueltos en casos de corrupción. Todo el mundo sabe que no tendrán Presupuestos. Dejen de engañar a la gente", reprochó el parlamentario. Su tono, muy crudo, volvía a evidenciar la ruptura de los posconvergentes con el PSOE.

También PP y Vox militaron en el no a la senda de estabilidad dibujada por el Gobierno. Los populares la rechazan porque este es un Ejecutivo, alegó su representante en el debate, José Vicente Marí, que es "perjudicial para los españoles, porque no es buen gestor en lo económico, es perjudicial en lo social e irresponsable en lo fiscal". "No cuenten con nosotros", despachó el parlamentario de ultraderecha José María Figaredo, que justificó la postura de su grupo por la gestión presupuestaria del Gobierno, ya que solo ha aprobado tres PGE desde 2018 (los de 2021, 2022 y 2023, los que siguen vigentes).

El Consejo de Ministros aprobará los mismos números la semana próxima y el 23 de julio serán debatidos y votados otra vez en el Congreso. A partir de ahí, el Gobierno podrá elaborar los PGE con los objetivos comunicados a Bruselas

Al caer la senda de estabilidad este martes, el texto no alcanzará siquiera el Senado. La próxima semana, el Consejo de Ministros aprobará los mismos objetivos de déficit y deuda y los remitirá por segunda vez a la Cámara baja, como marca la ley orgánica de estabilidad presupuestaria. Tras un segundo rechazo, que se materializará el 23 de julio, Hacienda podría elaborar su proyecto de Presupuestos —y sería el primero en lo que va de legislatura—, pero ateniéndose a los objetivos comunicados a Bruselas, que como siempre ha advertido el Ejecutivo son más restrictivos para las comunidades porque la Constitución impone el equilibrio presupuestario. Esas cuentas públicas, sin embargo, no saldrán previsiblemente adelante por la falta de apoyos, como recordó la diputada del PNV Idoia Sagastizabal: "¿Cómo pretenden aprobar los Presupuestos si hoy [por este martes] no logran los apoyos para aprobar la senda, que es el primer paso para elaborarlos?".

El marco que se llevó este martes a votación en el Congreso preveía un déficit para 2027 en el conjunto de las administraciones públicas del 1,8%. El Gobierno se reservaría el -1,5%, mientras que a la Seguridad Social se le permitiría un desfase del 0,2%. Las CCAA dispondrían de una décima de margen (-0,1%), mientras que los ayuntamientos tendrían que cumplir con el equilibrio presupuestario. Para 2028, el déficit programado era del -1,6% y para 2029, del -1,5%.

La vía de la compensación del Estado

La senda de estabilidad no fue lo único que hizo caer Junts este martes. Cruset ya por la mañana anunció que su grupo no aportaría sus siete votos para convalidar el real decreto ley que garantiza la prestación del servicio público de RTVE, un texto que el Consejo de Ministros aprobó el mes pasado para permitir a la corporación pública, como explicó el ministro de Hacienda, Arcadi España, ser compensada por parte del Estado de los impuestos que no pueda deducirse, caso del IVA. La intención de la norma era que esos impuestos se considerasen coste del servicio público audiovisual. Era la vía que diseñó el Ejecutivo para pertrechar a RTVE ante varios recursos pendientes de resolución en los tribunales que podrían obligar a la compañía a devolver cantidades de IVA de ejercicios anteriores. Al pasar a ser etiquetados como coste del servicio público serían compensados por el Estado.

"Estamos garantizando", defendió España, informa EFE, "que RTVE ni gane, ni pierda patrimonio por la existencia de impuestos no deducibles vinculados a la prestación del servicio público. Es una medida de neutralidad económica que busca preservar el equilibrio financiero de una institución estratégica para nuestro sistema democrático".

Junts considera "una estafa" para Cataluña la senda planteada por Hacienda, y también rechaza el decreto de RTVE porque deja fuera del 'salvavidas' a la corporación de TV3 y Catalunya Ràdio

Sin embargo, esa fórmula, que según España no es "ningún privilegio ni ningún mecanismo excepcional de financiación", decayó al sumarse los votos de Junts a los de PP, Vox y UPN (178 votos en contra de la norma y 172 a favor). Los posconvergentes mostraron su rechazo porque la propuesta del Ejecutivo "solo da respuesta a RTVE y deja fuera a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales", ya que el problema fiscal del IVA "afecta también a TV3 y a Catalunya Ràdio". Para el PP, la norma se trata de una "auténtica chapuza", porque "ni da solución a la actual falsedad del balance ni resuelve futuro la situación financiera de la entidad". Y para Vox, el decreto "es una falsedad", que "no nace para garantizar el servicio público", sino para, según aseguró la diputada Carina Mejías, esconder un agujero de 941.000 euros, evitar que RTVE entre en causa de disolución y mantener un "gigantesco aparato de propaganda del Gobierno".

El Ejecutivo sí sacó adelante el real decreto ley que inyecta recursos extraordinarios en el sistema de dependencia —casi 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027— y el dictamen del proyecto de ley que elimina burocracia y fortalece la prestación de la dependencia. La primera iniciativa contó con el voto a favor del PP y el único voto en contra de Vox (fueron 317 síes y 33 noes) y, en la segunda, los populares se abstuvieron (179 síes, 33 noes, los de Vox, y 137 abstenciones).

Y en el debate de totalidad de la proposición de ley de Sumar para despenalizar los delitos de opinión, entre ellos las injurias a la Corona, también operó la mayoría de investidura. Los partidos que sustentan al Ejecutivo, incluido Junts y CC, se alinearon y rechazaron las dos enmiendas de totalidad al texto, la del PP (que respaldó Vox), y la de la ultraderecha (ante la que se abstuvieron los populares y UPN).