La Diputación Permanente aprueba la mayoría de las medidas de vivienda salvo la prórroga automática de los alquileres

La Diputación Permanente del Congreso convalidó la mayor parte de las medidas de vivienda plasmadas en los dos decretos leyes aprobados por el Gobierno el pasado 6 de octubre, después de ser tumbados previamente en el pleno del Parlamento por PP, Vox y Junts. Tras conllevar esa derrota un adelanto de elecciones generales a voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo se comprometió a volver a aprobar los textos con algunos retoques. El primer texto, el amplio y coloquialmente denominado 'Decreto Maricarmen' por la pensionista desahuciada que dinamitó la pugna de vivienda, salió adelante por mayoría absoluta. En otro sentido, queda nuevamente en papel mojado la prórroga automática de los contratos de alquiler sin límite temporal, que contemplaba el segundo decreto ley. La diferencia respecto a octubre es que en la Diputación, la proporcionalidad de los partidos representados en el Congreso da a los socios de izquierdas con PNV y sin Junts mayoría por uno frente a PP, Vox y los posconvergentes.

El paquete legislativo mantiene, entre otras medidas, la paralización de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta diciembre de 2030, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y la regulación de los arrendamientos de temporada y por habitaciones. También incluye un límite a las subidas anuales de las rentas hasta finales de 2027, una línea de préstamos sin intereses del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar hasta 50.000 euros de la entrada de una primera vivienda y distintas bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos. La principal excepción era si había un giro de última hora del representante del Grupo Vasco, más tras la Huelga General de este miércoles en todo el país. Algo que no se ha producido por 35 votos en contra frente a 34 a favor de los 69 miembros de la Diputación.

Choque con aroma electoralista entre oposición y Gobierno

Precisamente la huelga marcó la sesión de la Diputación, que se produce, además, a horas del inicio oficial de la campaña electoral del próximo 29-N. El debate enfrentó a los partidos del Gobierno y sus socios con PP y Vox, que han rechazado el paquete de medidas como ocurrió en los últimos plenos previos a la convocatoria electoral. El diputado popular Sergio Sayas acusó al Ejecutivo de menoscabar la seguridad jurídica y calificó de "totalitarismo y absolutismo" que la Diputación Permanente vote unas iniciativas que ya fueron rechazadas por el Pleno aprovechándose de la ventaja en el organismo –en el pasado se ha solicitado ajustar la proporcionalidad para que no haya diferencias respecto al total–. Sobre todo, se reprocha el uso de un espacio de urgencia para algo que ya se rechazó.

Por su parte, José María Figaredo responsabilizó al Gobierno de la escasez de vivienda y lo acusó de ir en contra de los fondos buitre mientras colabora con las grandes inmobiliarias para gestionar las viviendas de la Sareb. "El español medio se encuentra emparedado. Por un lado, el muro de los ricos del mundo que han venido gracias a sus garantías y, por otro, los pobres del mundo que han venido gracias a su promoción internacional de la inmigración ilegal masiva", denunció.

Del Ejecutivo asistieron a la Diputación figuras como la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el responsable de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy. "Decidieron ser irrelevantes en materia de vivienda y amenazan con derogar la ley de vivienda" o estas medidas. Pero "ahora no tienen la palabra", sino que la tienen los votantes en las próximas elecciones generales. El tono de mítin agitó a la oposición, a las puertas de la campaña. Rodríguez lamentó que partidos como Vox solo retratan un problema sin presentar una propuesta firme, lo que molestó al representante de Vox y portavoz de Viviensa en la formación, Carlos Hernández Quero.

Bustinduy, defendió parte de las medidas en una intervención inicial, cifrando en 4.341 euros el ahorro medio por hogar de los 5 millones de inquilinos si se era aprobada esa prórroga automática de alquiler. Pero también subrayó que la reforma de la regulación de los alquileres de temporada y las habitaciones acabará con el "fraude de ley" que cometen los "especuladores sin escrúpulos" para rentabilizar sus propiedades. Bustiduy defendió la huelga y hizo suyo el cabreo de "la gente trabajadora cansada de trabajar de sol a sol para que su renta se la quede otro", también en un tono electoralista.

"De las paguitas vive el rentista que se forra a costa del esfuerzo de la clase trabajadora. ¿Qué cultura del esfuerzo, qué meritocracia, hay en que alguien que ha heredado 100 pisos suba un 40% los alquileres porque puede?", lanzó el ministro. "¿Qué forma de patriotismo es votar para blindar los intereses de un fondo estadounidense que tiene 30.000 viviendas en alquiler en España y no de las 300.000 familias españolas que viven en esas casas, ¿así se defiende la soberanía?", añadió.

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