Sánchez eleva la deuda en 40.000 millones y hace malabares contables con otros 32.000 para gobernar sin Presupuestos

Todo Gobierno se enfrenta a un doble examen en materia presupuestaria: presentar unas cuentas acordes a la realidad económica del momento y mantener bajo control la evolución del gasto público. En ambos frentes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta crecientes dificultades.

Aunque el Gobierno defiende que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 siguen siendo plenamente válidos para gestionar la economía española en 2026, las cifras apuntan en otra dirección. Solo entre enero y abril del presente ejercicio, el Ejecutivo ha aprobado modificaciones de crédito por valor de 32.188 millones de euros para adaptar el gasto a las nuevas necesidades que no figuraban en las cuentas aprobadas por el Congreso en 2023. Unos malabares contables cada vez más frecuentes: estas modificaciones superan en un 64% las registradas en el mismo periodo de 2025 y en un 147% las de 2024. Y, en paralelo, la deuda pública del Estado se ha disparado en 40.402 millones de euros durante el primer trimestre del año, el cuarto mayor incremento registrado para este periodo desde el año 2000 y alcanzando un nuevo récord de 1,589 billones de euros.

Esta creciente distancia entre las cuentas inicialmente aprobadas y el gasto que finalmente termina ejecutándose ha alimentado las críticas de la oposición, que acusa al Ejecutivo de ejercer una "dictadura presupuestaria" al gobernar sin someter al debate parlamentario unas nuevas cuentas. El último episodio ha sido el anuncio del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmando que el próximo martes llevará al Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico que servirá de base para los Presupuestos de 2027.

De esta forma, el anuncio del ministro despeja una de las grandes incógnitas del año. Aunque en los primeros meses de 2026 el propio Cuerpo aseguró que el Gobierno presentaría unos nuevos Presupuestos, evitó aclarar si serían los correspondientes a 2026 o a 2027. Finalmente, el Ejecutivo ha optado por trabajar directamente en las cuentas del próximo ejercicio, descartando de facto unos Presupuestos para 2026 y consolidando así el tercer año consecutivo de prórroga presupuestaria. De hecho, si no hay cambios de última hora, la XV legislatura podría concluir sin que el presidente Pedro Sánchez haya logrado sacar adelante ningún Presupuesto General del Estado, ya que las cuentas de 2023 se correspondían con las de la legislatura anterior.

El presupuesto invisible

Las modificaciones de crédito se han convertido en la principal herramienta del Ejecutivo para adaptar unas cuentas diseñadas para una realidad económica distinta. Cuanto mayor es el volumen de recursos que el Gobierno necesita añadir o reasignar sobre la marcha, más evidente resulta la distancia entre las previsiones recogidas en los Presupuestos de 2023 y las necesidades reales de gasto. Las cifras reflejan esta tendencia con claridad: entre enero y abril de 2024, primer año completo con los Presupuestos de 2023 prorrogados, el Gobierno aprobó modificaciones por valor de 13.036 millones de euros. En el mismo periodo de 2025 ascendieron hasta los 19.679 millones y este año han alcanzado los 32.188 millones.

Pero más allá del volumen total, la distribución de estas modificaciones permite identificar cuáles son las áreas donde los Presupuestos de 2023 se han quedado más desfasados. La principal ampliación aprobada en 2026 corresponde al Ministerio de Economía, con 12.471 millones de euros, el 39% del total. Le siguen los sistemas de financiación de entes territoriales, con 7.018 millones de euros (el 22%); Agricultura, Pesca y Alimentación, con 3.850 millones (12%); y Defensa, con 2.365 millones de euros (7%).

Precisamente, el caso de Defensa y el de la financiación territorial ilustran cómo las modificaciones de crédito han pasado de cubrir necesidades puntuales a financiar nuevas prioridades estructurales. El compromiso adquirido por España para elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB obligó al Ejecutivo a incrementar sobre la marcha los recursos destinados a Defensa, que ya recibió 4.008 millones de euros adicionales en 2025, equivalentes al 20% de todas las modificaciones aprobadas ese año, y otros 2.365 millones en los primeros cuatro meses de 2026.

Algo similar ocurre con los sistemas de financiación de entes territoriales, cuya dotación extraordinaria ha pasado de 2.893 millones de euros en 2025 a 7.018 millones en 2026, más del doble en apenas un año. Es decir, lejos de responder a gastos imprevisibles o excepcionales, estas cifras reflejan necesidades recurrentes de financiación que se repiten ejercicio tras ejercicio y que terminan siendo atendidas fuera del marco de los Presupuestos inicialmente aprobados.

La deuda sigue creciendo

Pero la aprobación de unos nuevos Presupuestos no es el único indicador que permite evaluar la gestión de las cuentas públicas. La otra gran prueba de fuego para cualquier gobierno es su capacidad para controlar la evolución del gasto y, en este terreno, las cifras tampoco invitan al optimismo.

Durante el primer trimestre de 2026, la deuda del Estado aumentó en 40.402 millones de euros, el cuarto mayor incremento registrado para ese periodo desde el año 2000. Solo los primeros trimestres de 2025, 2024 y 2021 arrojaron aumentos superiores. Además, la deuda pública total —es decir, la suma de la Administración Central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Seguridad Social— cerró 2025 con un incremento de más de 77.000 millones, el octavo mayor incremento de la historia. Una evolución que mantiene la deuda en máximos históricos y que, de continuar al ritmo actual, apunta a nuevos récords durante el presente ejercicio.

Y aunque el catedrático de Organización de Empresas de la Universidad CEU San Pablo, José Ignacio López Sánchez, explica para El Independiente que "no existe una relación automática entre la ausencia de nuevos Presupuestos y el aumento de la deuda", advierte de que gobernar sin un adecuado control presupuestario tiene otras consecuencias: "No permite planificar, controlar ni rendir cuentas".

En este sentido, las dudas sobre los efectos de esta situación han llegado también al Tribunal de Cuentas. La semana pasada, su presidenta, Enriqueta Chicano, avanzaba en el Congreso de los Diputados que su equipo estaba valorando "la posibilidad de hacer un estudio jurídico-técnico sobre las consecuencias en la gestión presupuestaria de las prórrogas" sobre los recursos públicos.