El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reúne este miércoles para que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente formalmente a las comunidades autónomas su nuevo modelo de financiación autonómica, un diseño pactado previamente de forma bilateral con ERC (Esquerra Republicana de Catalunya). La propuesta amplía los recursos de las autonomías, pero lo hace a costa de reducir el margen presupuestario del Estado, una arquitectura que ya ha provocado un rechazo casi unánime —incluidos barones socialistas como Emiliano García-Page— además de la negativa de la oposición, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) e incluso la agencia de calificación S&P Global Ratings.

El modelo vigente caducó en 2014 y, tras más de una década de bloqueo, Hacienda presentó el pasado viernes un nuevo sistema que incrementa en 20.975 millones de euros los recursos del conjunto de las comunidades autónomas. De ese total, unos 16.000 millones procederían de una mayor cesión de impuestos desde el Estado. En concreto, la propuesta eleva la participación autonómica en el IRPF del 50% al 55% y en el IVA del 50% al 56,5%, además de ampliar la cesta de tributos cedidos al 100% con cuatro figuras adicionales: Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el impuesto sobre Determinados Medios de Transporte, los tributos sobre el juego y el impuesto sobre la Electricidad.

No obstante, antes de entrar en vigor, el nuevo modelo deberá superar primero el trámite del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —donde el Gobierno solo necesita el respaldo de una comunidad adicional— y, posteriormente, la aprobación del Congreso de los Diputados, un paso mucho más incierto por la fragmentación parlamentaria. Si finalmente sale adelante, el sistema se activará en 2027 y tendría una vigencia de cinco años, hasta 2031, lo que deja su implantación en manos de la próxima legislatura. Y ha sido la propia Montero la que ha reconocido que este rediseño implicará una reasignación de ingresos desde la Administración central hacia las comunidades autónomas, lo que obligará a los futuros gobiernos a "priorizar" partidas presupuestarias.

Rechazo transversal

Una circunstancia que fue cuestionada el pasado octubre por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF): "La Administración Central lo tiene difícil como para poner más dinero sobre la mesa para las comunidades autónomas", en un contexto marcado por una deuda pública que supera los 1,7 billones de euros y por el aumento estructural del gasto en pensiones, defensa e intereses de la deuda, que recaen mayoritariamente sobre el Estado.

A esta advertencia se ha sumado el ámbito financiero. S&P Global Ratings alertó este martes de que la reforma reduciría la capacidad de financiación del Estado central al aumentar la de las comunidades, lo que podría tener efectos sobre el rating soberano de España. La agencia subraya que, aunque el impacto será positivo para los presupuestos regionales, el diseño deja más expuestas a las comunidades autónomas ante una desaceleración económica y puede deteriorar el saldo del conjunto de las Administraciones Públicas si el aumento de transferencias se traduce en más gasto sin medidas compensatorias.

Por su lado, el rechazo político es casi generalizado. El Partido Popular, que gobierna en once comunidades, ha cerrado filas contra el modelo. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, lo ha calificado de "inaceptable" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "rehabilitado al señor Junqueras como el ministro de Hacienda del Gobierno de España". En esta línea, varias autonomías del PP, como Madrid, Aragón o Murcia, ya han deslizado que recurrirán al Tribunal Constitucional si la reforma sale adelante.

Además, las críticas también han estallado dentro del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha denunciado que "es intolerable que en España se pacte el modelo de financiación de todos con los independentistas y luego se sirva el plato frío al resto". A su juicio, el nuevo diseño supone "el mayor ataque a la igualdad de lo que se ha producido en toda la democracia" y convierte el reparto de recursos en "una ofensa a todos los valores progresistas que se han defendido en este país durante mucho tiempo".

Y desde el ámbito empresarial, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado que la reforma debería ser fruto de "un gran acuerdo nacional" y no de un pacto "entre un partido y un gobierno". Además, ha advertido de que renunciar a 21.000 millones de euros de ingresos puede acabr traduciéndose en más deuda o en subidas de impuestos.

El reparto territorial

En términos agregados, Andalucía y Cataluña son las mayores beneficiadas por el nuevo sistema, con casi 5.000 millones de euros adicionales cada una, seguidas por la Comunidad Valenciana, que recibiría 3.669 millones y la Comunidad de Madrid (2.555 millones). Entre las cuatro concentran cerca del 75% del incremento total de recursos. Sin embargo, en financiación por habitante, el contraste es revelador. Mientras Cataluña obtendría 572 euros más per càpita—por encima de la media de 364 euros—, la Comunidad de Madrid apenas recibiría 356,5 euros adicionales por habitante, pese a que seguiría siendo el principal sostén del sistema y casi cuadruplicando la aportación neta realizada por la región catalana.

Además, pese a que el Ejecutivo defiende que la reforma refuerza el Estado del bienestar de todas las autonomías, varios elementos del diseño vuelven a situar a Cataluña entre las principales beneficiarias. Entre ellos, el mecanismo del IVA de las pymes —que favorece a los territorios con mayor base empresarial—, el reconocimiento con fondos adicionales de competencias no homogéneas como los Mossos d’Esquadra o la lengua propia, y el nuevo fondo climático, dotado con 1.000 millones de euros, de los que dos tercios se repartirán entre las comunidades del arco mediterráneo.