La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha defendido este miércoles de las críticas del Partido Popular sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y ha negado que la propuesta esté diseñada para beneficiar a Cataluña. "No es un modelo para contentar a Cataluña", ha afirmado tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que el Gobierno ha presentado formalmente a las autonomías su planteamiento de financiación que —según ha subrayado— forma parte de la reforma del régimen común y no de un esquema singular, tal y como reclamaban los partidos independentistas catalanes.

Durante su comparecencia, la vicepresidenta primera ha insistido en que el CPFF ha tenido carácter informativo y que no se ha sometido a votación ningún acuerdo concreto, al tratarse de un primer contacto para exponer las líneas generales del nuevo modelo. En este sentido, ha señalado que el Ministerio de Hacienda abre ahora un proceso de diálogo con las comunidades autónomas, que incluirá reuniones bilaterales para abordar de manera individualizada el alcance de la reforma, que será de aplicación voluntaria. No obstante, fuentes de Hacienda reconocen que "cualquier modificación del diseño planteado resultará compleja", ya que el diseño es muy rígido y cualquier cambio alteraría el conjunto del sistema; si bien la propia Montero ha admitido que el planteamiento inicial "puede recibir algún ajuste", aunque ha advertido de que "tampoco podemos hacer una propuesta inviable", en referencia al limitado margen para ampliar los 20.975 millones previstos.

Críticas de los consejeros de Hacienda autonómicos

Las explicaciones de la ministra no han logrado disipar las críticas de los consejeros autonómicos presentes en el CPFF, que han coincidido en reprochar al Gobierno que el modelo se hubiera cerrado previamente con ERC y se diera a conocer a las comunidades a través de una rueda de prensa. El consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, ha calificado la propuesta de "modelo a la carta y a espaldas de las comunidades autónomas". Una circunstancia que ha provocado que "de quince comunidades, solo una haya mostrado su aceptación" — en referencia a Cataluña— , mientras que "las otras catorce la han rechazado", ha subrayado el consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín González.

Además, desde Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina ha denunciado que el Gobierno pretenda "trasladar el chantaje de Cataluña al conjunto de las comunidades autónomas". Y en la misma línea, la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha advertido de que su Ejecutivo no aceptará un modelo que permita que Cataluña obtenga un 83% más de financiación que Madrid pese a contar con "competencias similares".

Montero se defiende

Pese a las críticas, Montero ha defendido que la propuesta será "voluntaria" y permitirá a las comunidades autónomas decidir si se adhieren al nuevo modelo o permanecen en el vigente. Y en relación con el "trato de favor" a Cataluña, ha rechazado que se esté avanzando hacia un "cupo separatista" y ha afirmado que "todas las insinuaciones respecto a que estábamos pactando un cupo se ponen de manifiesto como mentira", al igual que ocurrió —ha recordado— con el debate sobre la condonación de la deuda: "Siempre que se ha planteado una propuesta para un territorio, se ha extendido al resto", ha subrayado, antes de añadir que "no hay privilegio con ninguna comunidad autónoma".

En este sentido, la titular de Hacienda ha destacado que el Estado transfiere 20.975 millones de euros adicionales para que las autonomías gestionen sus competencias, un "colchón de seguridad" que, según ha precisado, beneficia de forma mayoritaria a comunidades gobernadas por el Partido Popular: "Más de 15.000 millones van asignados a comunidades del PP, un 70% del total".

De hecho, Montero ha señalado también que el nuevo modelo es "más solidario que el anterior" y que refuerza la nivelación interterritorial, permitiendo conocer con mayor claridad qué territorios aportan más recursos al sistema. Según ha explicado, el reparto se realiza en base a la población ajustada, incorporando variables como el envejecimiento, la dispersión o los costes fijos que afrontan las comunidades más pequeñas. "Quien diga que el sistema es insolidario, miente", ha zanjado, al tiempo que ha reclamado al PP que concrete "qué parte del modelo no comparte" y qué alternativa propone, después de trece años sin una reforma del sistema.

Fedea enfría la reforma: "elementos prometedores" junto a "arbitrariedad"

En paralelo al CPFF, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este miércoles un documento en el que su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, ha analizado en profundidad la propuesta de la vicepresidenta primera. En el informe, el director señala que "la propuesta combina elementos prometedores con otros francamente negativos" y advierte de que el diseño del nuevo modelo ha sido "objeto de negociación bilateral con los nacionalistas catalanes socios del Ejecutivo" y que "previsiblemente se resolverá fuera del marco multilateral en el que debería negociarse el sistema general", una crítica alineada con las denuncias expresadas por los consejeros autonómicos.

En detalle, aunque De la Fuente reconece que la propuesta "mejora la estructura general del sistema ligeramente", alerta de que estos avances se diluyen con la incorporación de los mecanismos extraordinarios "de dudosa justificación", que benefician especialmente a Cataluña: el Fondo Climático —donde se ha primado "fuertemente" a las regiones del litoral mediterráneo con dos tercios de los 1.000 millones del Fondo "por estar presuntamente más expuestas a este fenómeno", según Hacienda— y el Mecanismo IVA Pymes, sobre el que Fedea critica que "lo que se consigue es que los gobiernos regionales fomenten que sus pymes sigan siéndolo, en lugar de dejarlas en paz o ayudarlas a convertirse en grandes empresas, y que se peleen por atraer los domicilios fiscales de las pymes de sus vecinos".

Sobre estos mecanismos, Fedea concluye "que reintroducen la arbitrariedad que con buen criterio se buscaba eliminar" y además, De la Fuente recalca que el nuevo sistema "tenderá sin duda a agravar la ausencia de incentivos para la disciplina fiscal", ya que, aunque los portavoces del Gobierno repiten que la mayor cesión de recursos a las autonomías es 'buena para todos', ignoran que "el Estado tendrá que quedarse con menos o habrá que subir impuestos". Una circunstancia que "agravará los problemas financieros de la Administración Central, que ya mantiene un déficit estructural considerable" y "dejará al Estado con muy poco margen presupuestario en un momento en el que las presiones sobre sus recursos son elevadas debido, entre otras cosas, a las mayores necesidades de gasto en defensa y el creciente déficit contributivo de la Seguridad Social", remata el director de Fedea.