El lehendakari Imanol Pradales ultima ya la lista de transferencias pendientes del Estatuto de Gernika para su próxima reunión con Pedro Sánchez. Tras el traspaso de la gestión del desempleo firmada ayer, el PNV eleva el tono y exige el cumplimiento íntegro de los acuerdos pendientes. La lista de deudas que quedan por saldar es larga. La está ultimando el Pradales para presentársela al presidente Pedro Sánchez. Lo hace con un tono elevado, de quien está molesto y exige lo que se le prometió y se firmó.
En el PNV hace meses que están molestos con los incumplimientos en torno al Estatuto vasco, en cuyo cumplimiento han basado gran parte de la contraprestación por apoyar a Sánchez desde que llegó al Gobierno. El Ejecutivo vasco no quiere que se repita las negociaciones precipitadas, al borde del vencimiento de las fechas. Menos aún que no se respete lo que se negocia y acuerda.
Prestación por desempleo desde el 1 de enero 2027
El presidente del PNV amagó con reconsiderar su apoyo si no se completaban los cinco traspasos que finalmente ayer se cedieron a Euskadi. Entre ellos, la cesión de la gestión de las prestaciones por desempleo que convertirá a Euskadi en la primera comunidad en asumir esta competencia. Entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y supondrá la gestión de ayudas para 51.000 personas y un montante de 822 millones al año.
Es el final de una fase. Ahora, de cara a la cita bilateral entre ambos mandatarios que busca hueco ya en el calendario, -se espera para antes de dos semanas- se reclama un cambio de actitud al gobierno que se debe demostrar en el cierre de acuerdos para lo que aún queda por transferir al País Vasco, según lo previsto en el Estatuto de Gernika.
Y la lista no es corta ni irrelevante. La integran una decena de materias como el traspaso a Euskadi de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social o la gestión de los aeropuertos y los puertos de Bilbao y Pasajes. En la lista de demandas también está asumir el régimen económico de la Seguridad Social, el Fogasa, los dos paradores de turismo en Euskadi, la expedición de títulos de circulación, el régimen electoral municipal…
27 competencias transferidas y 10 pendientes
Y todo cuanto antes. Más aún, Pradales y su gobierno no paran de recordarle al presidente del Gobierno que ya está fuera de plazo, que su último acuerdo establecía que todo debía estar cumplido al finalizar el 2025. Hace tiempo que el nacionalismo vasco ha insistido en que se trata de una “deuda histórica” que los sucesivos gobiernos españoles no han cumplido.
Les acusan de haber cumplido con el Estatuto en función de sus necesidades y habiéndolo utilizado como argumento negociador y no como una ley que debía ser cumplida desde hace más de cuatro décadas.
El desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika de 1979 se lo había prometido Sánchez en 2019. Lo hizo como parte del acuerdo de investidura que el PNV cerró con el PSOE y que le permitió acceder a La Moncloa. Del primer cronograma de traspasos y apretón de manos entre el entonces consejero de Gobernanza, Josu Erkoreka y la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, han pasado seis años y cinco ministros.
En este tiempo han sido cinco los titulares de la cartera de Política Territorial que debían haber completado el calendario acordado con el PNV. Incluía inicialmente 37 materias por transferir al País Vasco. Algunas relevantes como la gestión de las prisiones o los servicios de cercanías y ahora la gestión de la prestación por desempleo ya están en manos de Euskadi.
Cinco ministros y dos lehendakaris
A Batet le sucedió Carolina Darias al frente del ministerio a esta Miquel Iceta. Después llegó Isabel Rodríguez y ahora es Angel Víctor Torres quien ocupa la responsabilidad de completar el Estatuto vasco. La pandemia y la debilidad del Gobierno no han ayudado a que el proceso se pueda cumplir en tiempo y forma.
El PNV se vio en la necesidad de volver a negociar esta cuestión en la segunda investidura de Sánchez. El pacto incluía un nuevo plazo que una vez más se ha visto sobrepasado. El lehendakari Urkullu fue relevado del Gobierno vasco sin ver satisfecha una cuestión en la que había empeñado sus 12 años al frente del Gobierno de Euskadi.
Su sucesor, el lehendakari Pradales, ha asegurado que las materias que aún siguen pendientes se deben traspasar, “le corresponden a este pueblo por ley, por referéndum y por derecho”, aseguró este viernes.
En el PNV siempre han insistido en que “nos lo deben”, que las materias que siguen en manos del Gobierno central en realidad hace tiempo que debía gestionarlas el País Vasco, tal y como se recoge en el Estatuto de Gernika. “No puede ser moneda de cambio ni un instrumento de supervivencia”.
La gestión de las pensiones y de los aeropuertos se antojan las negociaciones más delicadas en la nueva fase que ahora se inicia. El presidente de AENA, Mauricio Lucena ya ha dejado claro que no permitirá que se pueda ceder la gestión, aunque sea parcial, de las terminales vascas a la administración vasca. “Es nulo de pleno derecho”, ha asegurado convencido de que el 51% de la propiedad pública de AENA no será argumento suficiente para aprobarlo en un consejo de Administración.
El conflicto con AENA: ¿Es posible la cogestión de los aeropuertos?
La misma mayoría es la que Pradales alude para recordarle a Sánchez que puede aprobarlo si así lo decide. El lehendakari incluso lanzó ayer una réplica a Lucena sobre la constancia de los negociadores vascos para lograr sus objetivos, “tiempo al tiempo”, aseguró. El Ejecutico vasco reclama una fórmula de cogestión en las terminales.
Respecto a la Seguridad Social, el traspaso a Euskadi se está realizando por partes. Por ahora, la treintena de oficinas del Sepe y el casi medio millar de trabajadores pasarán a depender de la administración vasca. Será ella la que gestione las prestaciones por desempleo, las prestaciones familiares no contributivas y el Seguro Escolar. Con ellas se cierre el primer bloque de transferencias relacionadas con la Seguridad Social. En el segundo bloque cuya negociación ahora se acelerará se incluirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social o el pago de las pensiones.
El montante global de las competencias relacionadas con la Seguridad Social suponen la gestión de más de 1.000 millones. El traspaso de las oficinas del SEPE, que pasarán a integrarse en Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, supondrá gestionar las prestaciones por desempleo de 51.000 personas y un volumen anual de recursos cercano a los 822 millones de euros.
Además, las prestaciones familiares –discapacidad, nacimiento o adopción-, de las que se benefician 20.000 personas, sumarán otros 100 millones de euros. Por último, la gestión del seguro Escolar de 120.000 estudiantes supondrá la gestión de un volumen que ronda los 270.000 euros.
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