La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció su propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas (37 euros más al mes o 518 euros más al año), una revalorización que reforzará la concentración del salario más frecuente en España en la franja comprendida entre los 1.221 y los 1.350 euros mensuales.

De aprobarse, se trataría del noveno incremento del salario mínimo desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. En 2017, se situaba en los 735,9 euros y, con la última propuesta de Trabajo incluida en el cálculo, se habrá revalorizado un 65,9% en menos de una década. No obstante, estas subidas sucesivas no han tenido un efecto neutral en el mercado laboral; de hecho, han reconfigurado progresivamente la estructura de los salarios en España.

Según advirtió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su Segunda Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones públicas a largo plazo —elaborado a partir de las bases de cotización mensuales de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL)—, la proporción de trabajadores que perciben el 100% del Salario Mínimo Interprofesional no ha dejado de crecer en los últimos años. En 2018, apenas el 3,5% de los asalariados se concentraba en este umbral; en 2019, el porcentaje ascendió al 5,5%; en 2020, al 5,7%; en 2021, al 6,2%; en 2022, al 6,3%; y en 2023 alcanzó el 7,4% del total. Es decir, la incidencia directa del SMI se ha duplicado, reflejando cómo el suelo salarial ha ido absorbiendo a un número creciente de trabajadores.

SMI: la concentración retributiva hasta alcanzar el salario modal de España

Además, las revalorizaciones aprobadas por Real Decreto han elevado el salario mínimo, pero no han logrado desplazar equivalentemente a los salarios inmediatamente superiores, lo que ha ido estrechando la distribución de los sueldos más bajos y acumulando a un número cada vez mayor de asalariados en los tramos próximos al mínimo legal. Una dinámica que se observa con claridad al analizar la franja que alcanza hasta el 125% del SMI.

En este sentido, los datos de la AIReF revelan que en 2018 este tramo concentraba al 7,9% de los trabajadores, porcentaje que se duplicó en 2019 (16,6%) y continuó aumentando de forma sostenida hasta alcanzar al 22,8% en 2023, último ejercicio con datos disponibles, cuando el SMI se situaba en los 1.080 euros mensuales. En la práctica, uno de cada cuatro asalariados españoles se concentraba entonces en la horquilla salarial que iba desde los 1.080 euros hasta los 1.350 euros mensuales. De hecho, se consolidó como el salario modal, es decir, el salario que más se repetía entre los trabajadores.

Pero esto no es todo. Con la nueva propuesta del Ministerio de Trabajo, este patrón de concentración se intensificará. Aunque todavía no se han publicado los datos actualizados que permitan evaluar el impacto, una proyección a partir de las cifras de la AIReF correspondientes a 2023 permite anticipar el efecto: al elevar el SMI hasta los 1.221 euros mensuales, la franja salarial que concentra al 22,8% de los asalariados dejará de situarse en torno al 125% del SMI y pasará a concentrarse en el 110,6% del salario mínimo, es decir, entre los 1.221 y los 1.350 euros mensuales.

Una circunstancia que no ha pasado desapercibida por el grupo de expertos que asesoran a Trabajo sobre las subidas del SMI. Según el propio informe de la Comisión de Expertos, este proceso ha generado una "estrecha banda salarial" alrededor del SMI, como consecuencia de la acumulación creciente de trabajadores en los tramos inmediatamente superiores al mínimo legal.

¿Acuerdo tripartito?

Precisamente esta creciente concentración de trabajadores en torno al salario mínimo supone que cada nueva subida tenga un impacto, cada vez mayor, sobre los costes de las empresas. Ante ello, la CEOE y Cepyme plantearon una subida del SMI del 1,5% para 2026. Propuesta que fue rechazada por el Ministerio de Trabajo y que, alineado con los sindicatos, incluyó otro punto de fricción: la intención de impedir que las empresas compensen la subida del SMI con pluses salariales.

No obstante, tras el rechazo de los empresarios, la ministra Díaz introdujo un nuevo elemento en la negociación con la que pretendía acercar posturas y facilitar un acuerdo tripartito: recuperar la indexación de los contratos públicos. Es decir, permitir que se actualicen en función de la evolución de los costes. Una reclamación histórica de la CEOE.

Tras sacarse este as bajo la manga, la vicepresidenta segunda comentó el pasado miércoles, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, que: "El viernes hay mesa y espero que terminemos ya", al tiempo que confió en que la actitud "proactiva" mostrada por la CEOE en la última reunión se tradujese en su adhesión a un acuerdo. Sin embargo, la reunión con los agentes sociales no llegó finalmente a convocarse y, según apuntan a este medio fuentes del Ministerio de Trabajo, se debió a que el departamento que dirige Yolanda Díaz sigue "trabajando en la indexación con Hacienda", una vía con la que el Ejecutivo pretende sumar a la patronal al acuerdo, pero que primero requerirá pasar por el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.