"Un truco contable" y "una manipulación burda de la opinión pública", así define el director del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides, David Fernández Méndez, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como la 'hucha' de las pensiones. Y los datos avalan esta opinión. Entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025, la deuda de la Seguridad Social se ha incrementado en 10.001 millones de euros, hasta alcanzar los 136.180 millones, según el Banco de España. Por su lado, en el mismo periodo, las cotizaciones sociales del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) han aportado 5.107 millones a la 'hucha', de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad Social.

En la práctica, los trabajadores están pagando un recargo adicional que sale de sus nóminas mensualmente para alimentar la 'hucha'. Sin embargo, este fondo no podrá utilizarse hasta 2033 y, en paralelo, la deuda de la Seguridad Social sigue creciendo año a año. De hecho, es la administración pública donde más se ha intensificado el endeudamiento desde 2019, con un incremento del 140% frente al 38% del conjunto de las administraciones.

Pero, ¿qué es el MEI?

La reforma de las pensiones impulsada en 2023 por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, buscaba anticipar el reto demográfico que supone la jubilación masiva de la generación del baby boom en las próximas décadas. Un desafío de primer orden si se tiene en cuenta que, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), España se convertirá en el país de la Organización que mayor proporción del PIB tendrá que dedicar para pagar las pensiones en 2050.

Ante ello, Escrivá introdujo una serie de medidas destinadas a incrementar los ingresos y reducir los gastos del sistema a fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social. Entre ellos, el MEI, un recargo adicional sobre las cotizaciones sociales que deben pagar todos los trabajadores y que se destina exclusivamente a la 'hucha' de las pensiones, cuyos recursos quedan blindados para su uso hasta 2033. Así, el recargo comenzó a aplicarse en las nóminas de 2023, con una aportación del 0,6% sobre el salario mensual, y ha ido aumentando en una décima cada año hasta que en 2029 se alcance el 1,2%.

Pues bien, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, a través de este Mecanismo, los trabajadores han aportado 5.107 millones de euros al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en un periodo en el que el recargo aplicado sobre las nóminas pasó del 0,7% en 2024 al 0,8% en 2025. En total, la 'hucha' alcanza los 13.884 millones de euros, y según las previsiones del Ministerio de Seguridad Social, cerrará el ejercicio con un saldo superior a los 14.000 millones.

No obstante, pese a que se trata del nivel más alto desde 2017, el volumen acumulado sigue siendo limitado en relación con el gasto del sistema, ya que cubriría menos de un mes del pago de pensiones. De hecho, según las estimaciones del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), tan solo la revalorización de las pensiones conforme a la inflación y el aumento del número de pensionistas para 2026 supondrán un desembolso adicional de la Seguridad Social de 12.610 millones de euros, una cuantía que consumiría en apenas un año el 90% del Fondo de Reserva acumulado total.

De 10.000 a 70.000 millones: la deuda oculta tras las transferencias del Estado

Por su lado, la deuda de la Seguridad Social entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 se ha incrementado en 10.001 millones de euros y, según advierte el director del Centro Ruth Richardson para este medio, "estos 10.000 millones son solo la punta del iceberg, ya que habría que sumar las transferencias del Estado", para ver la contabilidad real del sistema.

Es decir, el sistema arrastra un déficit contributivo estructural elevado que no se corrige ni con el récord de recaudación vía cotizaciones sociales de los últimos años. Los gastos de la Seguridad Social son superiores a los ingresos y este diferencial lo cubre el Gobierno mediante transferencias, que proceden o de los impuestos o de un mayor endeudamiento de la Administración Central. En este sentido, este jueves, Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) ha publicado un documento con las cuentas consolidadas de la Seguridad Social a cierre de 2025 donde estima que el "déficit básico" del sistema —es decir, sin incluir en el cálculo las transferencias del Estado— se ha situado en los 69.783 millones de euros.

En este contexto, incluso los organismos internacionales que han avalado parte de la reforma reconocen que el ajuste no está cerrado. La jefa del equipo de análisis de la OCDE para España, Claudia Ramírez, advirtió este miércoles en una conferencia organizada por el IVIE y CaixaBank que "ya se han adoptado medidas que han permitido reforzar algunos parámetros del sistema, y son bienvenidas, pero de cara al futuro creemos que se necesitarán algunas reformas adicionales". Un diagnóstico que apunta a que, pese al refuerzo de la 'hucha' de las pensiones y al aumento de los ingresos vía cotizaciones, la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social dependerá de decisiones de mayor calado, en un sistema que continúa apoyándose de forma creciente en las transferencias del Estado y el endeudamiento.