El Gobierno de España presentará este martes para su convalidación o derogación en el Congreso de los Diputados el decreto ómnibus que incluye la subida de las pensiones para 2026 y otras medidas de carácter social. Sin embargo, la aprobación se presenta complicada, ya que este lunes el Partido Popular ha avanzado que votará en contra y Junts ha tildado de "chantaje" que el Gobierno presente la subida de las pensiones en un decreto que incluye medidas de diferente índole.

"El PSOE utiliza a los pensionistas como chantaje político: o aceptas todo el paquete, o perjudicas a los pensionistas. Y esto es inaceptable", ha esgrimido la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. Ante ello, la formación catalana ha presentado una proposición de ley que incluye exclusivamente la revalorización de la jubilación para este año.

Asimismo, habida cuenta de que Vox habitualmente vota en contra y que PP y Junts ya han mostrado su rechazo, las tres formaciones ya sumarían una mayoría absoluta suficiente para tumbar los textos. En este sentido, Nogueras ha denunciado que la formulación ómnibus supone una "práctica habitual" del PSOE, ya que hace un año, los votos de Junts unidos a los de PP y Vox, acabaron derogando otro decreto ley ómnibus que presentó el Ejecutivo en la Cámara Baja a principios de 2025.

El "escudo social" del Gobierno

Además de la revalorización de las pensiones, el Ejecutivo incluye en este decreto las ayudas a los seguros agrarios. Y en el ámbito de las medidas pactadas con EH Bildu, el decreto incorpora la prórroga durante todo 2026 de: el mantenimiento de los niveles actualmente vigentes del descuento del bono social eléctrico —del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos—, la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua) y la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Y precisamente sobre esta última medida, Junts se ha posicionado en contra. Según la formación independentista, las limitaciones a los desahucios por ocupación o impago de alquileres "castigan a los pequeños propietarios, muchos de ellos jubilados, que necesitan el alquiler de un piso para complementar una pensión a menudo insuficiente".