España cerró 2025 con una tasa de paro del 9,93%, su nivel más bajo desde el primer trimestre de 2008, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El dato ha sido celebrado por el Gobierno como un hito, pero una lectura más matizada de las cifras apunta a que el volumen de personas sin empleo es sensiblemente mayor si se incorporan los demandantes de empleo con relación laboral que no están trabajando, un grupo conformado fundamentalmente por los fijos discontinuos.

En términos absolutos, el número de parados registrados por la EPA se ha situado al cierre del año en 2.477.100 personas. Sin embargo, si a esta cifra se suman los demandantes de empleo con relación laboral que aparecen en las estadísticas de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el paro efectivo ascendería hasta las 3.370.033 personas, lo que elevaría la tasa hasta el 13,51%, más de tres puntos y medio por encima del dato oficial.

De hecho, la divergencia entre ambos indicadores se ha ido ampliando desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2022 impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hasta el punto en que mientras que el paro registrado por la EPA se ha reducido en 737.600 personas entre el primer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2025, el paro efectivo apenas ha descendido en 132.440 personas en ese mismo periodo. Y en términos porcentuales, la caída ha sido de 3,8 puntos en el primer caso, frente a solo 1,45 puntos en el segundo.

Sustituir la temporalidad por el fijo discontinuo

La reforma laboral buscaba derribar dos características persistentes del mercado laboral español: la alta temporalidad contractual y la vulnerabilidad del empleo. Para ello, se eliminaron buena parte de las modalidades de contratación temporal y se reforzó el peso de los contratos indefinidos. Un cambio normativo que se ha traducido en una caída sostenida de la tasa de temporalidad, que en el cuarto trimestre de 2025 se ha situado en el 15,1%, mínimo histórico de la serie.

No obstante, esta reducción de la temporalidad ha venido acompañada de una sustitución de formas de contratación tradicionalmente temporales por contratos fijos discontinuos. Un hecho que se constata al observar que desde comienzos de 2022, el número de demandantes de empleo con relación laboral ha pasado de 287.773 a 892.933 personas, lo que supone un incremento del 210%.

Así, si bien esta modalidad indefinida refuerza la protección del trabajador frente a las fórmulas temporales —ya que mantiene los mismos derechos que cualquier empleado indefinido en materia de despido y cuantías de indemnización, además de preservar el vínculo laboral con la empresa a lo largo del tiempo—, en la práctica alterna periodos de actividad con otros de inactividad, durante los cuales el trabajador no computa como parado.

Este fenómeno ha sido señalado por distintos centros de análisis económico como un factor que introduce distorsiones en la lectura del mercado laboral. Organismos como Randstad Research, Fedea o BBVA Research han advertido de que la expansión del fijo discontinuo reduce la capacidad de la tasa de paro para reflejar el volumen real de personas sin empleo y dificulta la comparación histórica de los datos.

Sin embargo, pese a estas advertencias, el Ejecutivo ha querido poner el foco en la evolución de los indicadores oficiales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que España haya bajado "por primera vez desde 2008" de la barrera del 10% de paro. Y en la misma línea, Yolanda Díaz ha defendido que los datos de empleo demuestran que la reforma laboral, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y proteger a la gente trabajadora es "eficiente" económicamente: "Por tanto, todas las normas que hemos diseñado todos estos años merecen la pena".

Los sindicatos ponen el foco en el fijo discontinuo

Además, el debate sobre la estabilidad efectiva del empleo ha entrado también en la negociación colectiva. Este martes, CCOO y UGT han presentado su propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2026-2028, en la que han incluido medidas específicas para regular el uso del contrato fijo discontinuo.

Entre sus planteamientos, los sindicatos han propuesto establecer periodos mínimos de llamamiento más amplios, consolidar la jornada realizada en un plazo máximo de dos años y, "salvo excepciones justificadas, limitar a tres meses el periodo máximo de inactividad entre contratas, en el caso de concesiones administrativas, que no operará en caso de subrogación". Asimismo, también han planteadono penalizar ni extinguir el contrato a aquellas personas que "por un motivo justificado" renuncien al llamamiento.