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Fijos discontinuos: por qué los economistas piden saber cuántos no están trabajando

El Banco de España pide más datos sobre estos contratos intermitentes, que podrían estar maquillando las cifras de paro | El Gobierno se escuda en que siempre se han contabilizado de la misma manera, aunque reconoce que nunca ha habido tantos como ahora

Una cocinera de la Casa Leopoldo, en Barcelona. Los sectores ligados al turismo están sustituyendo los tradicionales contratos temporales por fijos discontinuos.

Una cocinera de la Casa Leopoldo, en Barcelona. Los sectores ligados al turismo están sustituyendo los tradicionales contratos temporales por fijos discontinuos. David Zorrakino / Europa Press

Los contratos fijos-discontinuos han sido foco de polémica desde que se aprobó la reforma laboral el pasado diciembre. Sobre todo, en los días en los que, como hoy, el Gobierno publica los datos del paro y afiliación del mes anterior. El PP considera que tal y como se contabilizan están maquillando los datos de desempleo, mientras que el Gobierno argumenta que las estadísticas siempre los han tenido en cuenta de la misma manera.

Durante las últimas semanas, más economistas han insistido en la importancia de conocer cuáles de estos empleados con contratos fijos discontinuos, que se potenciaron como sustituto del temporal, no están trabajando. Por ejemplo, una camarera de un hotel de Baleares que tiene un contrato indefinido pero solo de febrero a noviembre, o un temporero que es contratado para las principales campañas agrícolas de una provincia concreta. El Banco de España se ha unido al centro de estudios Fedea y al servicio de análisis de BBVA para pedir más transparencia en los datos, que quite «ruido» y ayude a entender mejor la realidad económica.

¿Qué es un contrato fijo discontinuo?

Es un contrato indefinido para tareas de carácter estacional, es decir, trabajos que dependen de la temporada. Antes de la reforma laboral de Yolanda Díaz, apenas se utilizaba, pero con el cambio legislativo desapareció el contrato por obra y servicio y se potenció este modelo, buscando luchar contra el problema del exceso de temporalidad que existe desde los años 80, cuando se flexibilizaron los contratos temporales.

Para la ministra, si una empresa cuenta por sistema con un empleado varios meses al año, este debía contar con un contrato de trabajo fijo que refleje esa discontinuidad. En esa línea, al aprobar la reforma laboral que limitó el uso de los contratos temporales Díaz resaltó que los contratos fijos-discontinuos tienen los mismos derechos de protección social que el resto de los contratos indefinidos. Así, el empleado tiene más estabilidad vital, importante a la hora de conseguir una hipoteca o un alquiler, entre otros.

La diferencia con los contratos de tipo temporal es que con un fijo discontinuo, aunque el empleado no trabaje durante todo el año sino solo durante unos meses, la empresa está obligada a volver a llamarlo y está igual de protegido que cualquier otro trabajador indefinido de cara a una posible indemnización por despido. A la vez, lo que lo distingue de otros indefinidos es que estos trabajadores hay meses en los que no están trabajando aunque tengan un contrato, es decir, que cobran su prestación por desempleo mientras esperan la llamada de las empresas.

¿Cómo computan en las estadísticas?

Al tener una relación contractual con una empresa, aunque solo sea durante unos meses del año, los fijos discontinuos no aparecen en las cifras de parados. Tampoco durante esos meses en los que no están trabajando, ni aunque cobren el paro, ya que se consideran demandantes de empleo ocupados. Por tanto, mientras tienen actividad (por ejemplo, durante la temporada turística) contabilizan como afiliados a la Seguridad Social, y cuando no la tienen no aparecen como dados de alta, pero tampoco como parados.

El detalle no es baladí en un momento en el que los trabajadores con contrato fijo discontinuo se han duplicado con respecto al año pasado. En el pasado mes de octubre, por ejemplo, cuando es típico que el desempleo aumente, cayó en más de 17.000 personas. Así, hay instituciones y economistas que han pedido diferenciar entre los demandantes de empleo con relación laboral al uso, como los trabajadores en ERTE u otras personas con contrato pero que al mismo tiempo buscan trabajo, y este tipo de ocupados que pueden estar parados durante gran parte del año.

¿Cuál es el problema?

En esa línea, lo que han criticado tanto el PP como instituciones económicas de la talla del Banco de España, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y BBVA Research es que no se proporcione el dato de cuántas personas con contrato fijo no están trabajando cada mes (fijos discontinuos inactivos), sino esperando la llamada de la empresa y apuntadas como demandantes en los servicios públicos de empleo. Trabajo asegura que no tiene la cifra, y se escuda en que siempre se han contabilizado de la misma manera estos trabajadores (algo que es ciert0), pero la cuestión cobra especial importancia ahora que una parte importante de los antiguos contratos temporales ahora son fijos discontinuos.

«Estamos hablando de un contrato que prácticamente no existía en la economía española, implica un cambio muy importante», explicó a finales de diciembre el director de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán. «No tiene nada de malo, simplemente ahora que ha cambiado la coyuntura y que esos contratos empiezan a ser importantes (…) sería apropiado poder distinguir entre demandantes de empleo y no [demandantes de empleo], lo que permitirá limpiar mejor las series que utilizamos en nuestros modelos», considerando que lo contrario «introduce ruido en los datos».

Según Fedea, el principal centro de estudios que primero protestó por la falta de información y de detalles para saber cuántas personas son fijos discontinuos pero no están trabajando, en el mes de octubre habría habido 160.000 parados más de los contabilizados oficialmente si se suman los fijos discontinuos que están inactivos. Es un intento de cómputo ante lo que califican como falta de transparencia por parte del Gobierno, que está obligando a los economistas a «hacer de detectives» para averiguar cómo se están calculando los datos.

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