La batalla judicial abierta en el Tribunal Supremo por Santa Barbara Sistemas contra la adjudicación a Indra y Escribano de financiación pública para desarrollar dos programas de obuses ha encendido todas las alarmas. No solo en el Ministerio de Defensa sino en el ecosistema industrial, cuyas empresas participan en los programas de armamento impulsados por el nuevo ciclo inversor del Ejecutivo, aprobado el año pasado para cumplir con la demanda de la OTAN de elevar el gasto militar.

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La filial de la americana General Dynamics presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar frenar los programas adjudicados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Indra y Escribano. En concreto, pleiteaban por la forma de otorgar 'a dedo' programas de fabricación de obuses de ruedas y cadenas valorados en 7.200 millones de euros, con la concesión de 3.000 millones en préstamos al 0% canalizados a través del Ministerio de Industria que dirige Jordi Hereu.

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Pero lo que diga el Alto Tribunal podría no ceñirse solo al Real Decreto que regula este programa de obuses, sino que podría afectar al resto de préstamos valorados en cerca de 14.200 millones de euros. Estos créditos fueron aprobados para la ejecución de diferentes programas especiales de modernización (PEM) por valor de 30.000 millones adjudicados en 2025 a gigantes de la industria como Airbus, Navantia, Telefónica, Oesía e, incluso, Indra, Escribano o la propia Santa Bárbara.

La antigua empresa estatal vendida hace dos décadas al gigante norteamericano defiende que la UTE "Indra-Escribano no tiene capacidad" para desarrollar los programas de obuses adjudicados por Defensa. Así lo puso de manifiesto hace unas semanas en un encuentro con periodistas Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de General Dynamics European Land Systems (GDELS).

Con el avance del procedimiento judicial, el temor a un pronunciamiento favorable a los intereses de Santa Bárbara comienza a cundir en el departamento que dirige Margarita Robles. La preocupación es que pueda verse en riesgo el desarrollo y ejecución de los programas industriales clave para cumplir con las demandas de la Alianza Atlántica. Precisamente, representantes de la OTAN y de Defensa mantuvieron la semana pasada un encuentro bilateral en Madrid para examinar el gasto militar y el avance en el cumplimiento de los compromisos.

Si los programas se bloquean, el compromiso alcanzar el 2% del PIB quedaría en agua de borrajas y España sería el único aliado que no cumpliría siquiera con esa cifra comprometida ya hace 12 años en Gales. Nuestro país ya se encuentra en el punto de mira tras la negativa de Pedro Sánchez a elevar la inversión hasta el 5% en 2035 como reclama el presidente estadounidense Donald Trump. "Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa. Todos menos España. No sé qué está pasando con España. Parece que se quieren aprovechar", señaló Trump en el Foro Económico Mundial de Davos.

A pesar de que el recurso de Santa Bárbara se dirigió contra el préstamo de 3.000 millones de euros a la UTE Indra-Escribano, la anulación del Real Decreto que lo regula podría salpicar al resto y abrir un escenario de inseguridad jurídica para los actores implicados. Además de pedir medidas cautelares, Santa Bárbara apuntaría a un defecto formal por la ausencia del preceptivo (no vinculante) dictamen del Consejo de Estado.

Y por si el embrollo judicial fuera poco, la tensión en torno a la operación de integración de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha echado más leña al fuego. La pretendida fusión por absorción de ambas compañías ha quedado en suspenso tras la marcha atrás del Gobierno. El conflicto de interés es patente, pues el presidente de Indra es Ángel Escribano, a la vez propietario al 50% junto a su hermano Javier de la empresa familiar. Esta última es el segundo mayor accionista individual de la multinacional por detrás del Estado, con un 14% del capital.

Escribano, que fue aupado a la presidencia por el propio Ejecutivo de Sánchez, cuenta con el apoyo de Amber Capital, el fondo propiedad de Joseph Oughourlian (Grupo Prisa). Otros accionistas se muestran en contra de seguir adelante con la fusión. Y el Gobierno aboga ahora por una fórmula que evite la posibilidad de que los Escribano pudieran superar el peso accionarial que tiene el Estado (28%) tras el nuevo reparto accionarial que surgiese de la eventual fusión. Dicha alternativa pasaría por que Indra compre una mayoría accionarial de la empresa de los hermanos Escribano (51%).

Pese a la reticencia frontal que mostraban hasta ahora a esta vía, varias informaciones apuntaron el viernes a que los Escribano estarían abiertos a explorar "todas las opciones". No en vano, el presidente de Indra se vio obligado a enviar una nota el jueves a la agencia de noticias Bloomberg, negando que Moncloa le hubiese reclamado dar un paso a un lado y ceder su puesto. La compañía emitió horas más tarde un comunicado en el que aseguraba que el actual presidente está decidido a seguir liderando la compañía para hacerla "más fuerte".

Tras el descalabro de los días previos en bolsa, Indra logró frenar la sangría bursátil y cerró la semana perdiendo solo un 10% de su capitalización. Las maniobras de Moncloa y la posterior desestabilización de la compañía en un momento tan delicado para la industria militar tampoco es visto con buenos ojos en la cúpula del Ministerio de Defensa, relatan fuentes conocedoras de la situación. Ahora, solo queda esperar el pronunciamiento del Supremo.