Yolanda Díaz se sumó este martes a la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que los empresarios suban los salarios. La vicepresidenta y ministra de Trabajo plasmó no solo la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros al mes pactada solo con los sindicatos. También puso fecha a la primera reunión del diálogo social para planificar la ley con la que pretende "democratizar" las empresas.

Será en quince días cuando Trabajo reúna a los representantes de las grandes centrales sindicales con las principales patronales para analizar los cambios normativos que plantea un extenso informe encargado por la propia Díaz a un comité de expertos. Entre otras cosas, se propone dar por ley acceso a los trabajadores a los consejos de administración y al capital de las compañías.

En concreto, plantea que en las empresas con 50 a 1.000 empleados, hay un tercio de los consejeros que sean trabajadores. Y en empresas con más de 1000 trabajadores, lo eleva hasta al menos el 50%. Por su parte, también obligaría a la empresa a poner a disposición de los trabajadores un porcentaje de capital. El 2% si tiene de 25 a 1.000 trabajadores y el 10% si tiene más de 1.000 trabajadores.

Por otro lado, el plan también basa sus propuestas en que un tercio de los propietarios de las pymes europeos se jubilará en la próxima década, lo que podría poner en riesgo unos 600.000 puestos de trabajo cada año.

En España dice que entre un 70% y un 90% de las compañías no cuenta con un plan de sucesión formal. Y propone que estas avancen "en un plan de transición de la propiedad a sus trabajadores". "Es función de las autoridades públicas facilitar el acceso a la financiación necesaria para que los empleados puedan adquirir las acciones de la empresa cuando el propietario decide retirarse", resalta el informe.

Para ello propone incentivos con "tipos impositivos favorables para los propietarios que se jubilen". Y también la puesta en marcha de "fondos ciudadanos para apoyar la compra de acciones por parte de los empleados. En cambio, prevé "sanciones para desincentivar las ventas a fondos de capital".

Eso sí, el eventual proyecto de ley -que pretende equiparar a España con otros países que ya cuentan con estructuras de participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas- deberá contar con el suficiente apoyo parlamentario para salir adelante. Algo que, con la complicada aritmética del Gobierno de coalición en la Cámara Baja, podría dejar el proyecto de Díaz en papel mojado.

De momento, la patronal ya se ha puesto de uñas con las últimas manifestaciones tanto de Sánchez como de Díaz sobre la subida de salarios tras la aprobación del incremento del SMI. Fuentes empresariales ven el plan de Díaz como "una injerencia más en la libertad de empresa y en el sistema autónomos de relaciones en el seno de las empresas y los sectores". Aunque desde la CEOE rechazan hacer una valoración acerca de los planteamientos del informe.

"El acuerdo firmado ayer por todo lo alto no es diálogo social, es un monólogo social que venimos arrastrando desde hace tiempo", sostuvo Antonio Garamendi en referencia a la firma de la subida del SMI que protagonizaron los líderes de CCOO y UGT junto a Sánchez y Díaz.

La propuesta de los expertos también plantea mecanismos para fortalecer los derechos de los comités de empresa. Por ejemplo, para que puedan tener poder de veto sobre el diseño y la implementación de sistemas de inteligencia artificial.

Mientras tanto, la presidenta de CEPYME Ángela de Miguel acusó este martes de estar ignorando la realidad de las compañías: "Subir salarios sin tener en cuenta la realidad de las empresas que los pagan es un atentado contra la supervivencia de pequeñas empresas y el empleo que generan". "Legislar al margen de las microempresas y las pymes no fortalece la economía, sino que la deja indefensa frente a decisiones que comprometen su existencia", remató.