Europa y España se enfrentan a una nueva guerra energética. A diferencia de la invasión rusa en Ucrania, en esta ocasión, las fronteras territoriales quedan más lejos del Viejo Continente. Pero en un mundo globalizado, todo está interconectado y el impacto económico de la guerra en Irán ya ha dejado su primer registro oficial. En marzo, la inflación en España se incrementó un punto porcentual respecto de febrero, hasta alcanzar el 3,3%. Por su lado, en el mismo mes, el promedio de la eurozona repuntó seis décimas, hasta el 2,5%. Es decir, España no solo sufre el shock energético, sino que además los precios ya partían de una posición más alta y les está afectando el conflicto en Oriente Medio más intensamente.

Ante este escenario, el Banco Central Europeo optó por la cautela. En la última reunión, celebrada el pasado 19 de marzo, la institución que dirige Christine Lagarde decidió mantener los tipos de interés, a fin de contar con margen de maniobra si el conflicto se prolongaba. No obstante, también tuvieron que revisar al alza sus proyecciones de inflación para 2026: desde un escenario central en el que planteaban que la inflación media de 2026 se situaría en el 2,6% hasta el escenario más adverso, en el que alcanzaría el 4,8%. Una semana después, el Banco de España elevó sus previsiones para España, también, en tres supuestos basados en la duración e intensidad del conflicto: planteando un abanico para la inflación media de España en 2026 que iría desde el 3% hasta el 5,9%. Ambos bancos explicaron que los escenarios más optimistas, respectivamente, eran los más probables. Sin embargo, las recientes advertencias apuntan a que estos escenarios empiezan a perder peso y lo ganan los más adversos.

El 26 de marzo, la propia Lagarde reconoció en una entrevista en The Economist que los daños sobre la capacidad de producción energética "ya son demasiado importantes" y "es imposible que se pueda restablecer todo en cuestión de meses", con efectos que podrían prolongarse durante años. Es decir, el supuesto de normalización rápida sobre el que descansaban los escenarios base comienza a erosionarse.

Los mismos malos augurios también llegan desde los mercados financieros. Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock (la mayor gestora de fondos del mundo), concedió una entrevista a El País esta semana en la que advertía de que "si la guerra se alarga durante un año, los precios energéticos subirán aún más y la economía mundial entraría en recesión". Además, señaló que a la hora de valorar escenarios no solo se debía tener en cuenta la intensidad del conflicto, sino también cómo acabará: "Si la guerra acaba, pero el país continúa siendo hostil con sus vecinos, los precios de la energía seguirán subiendo y habrá más inflación". Es decir, el riesgo —y con ello, la propensión de que se produzcan los escenarios más pesimistas— no reside únicamente en la duración, sino en el equilibrio geopolítico que deje tras de sí.

El efecto dominó: del petróleo al euríbor

Por el momento, el cierre del estrecho de Ormuz y la guerra energética focalizada en ataques a infraestructuras estratégicas ya han impactado en los precios. El barril de Brent ha llegado a superar los 100 dólares tras dispararse más de un 60% desde que se inició el conflicto. Sin embargo, el impacto real sobre el petróleo no se limita al coste del combustible.

Su encarecimiento actúa como un multiplicador que se transmite al conjunto de la economía a través de un efecto dominó: eleva los costes del transporte, encarece la producción, la distribución y, en último término, el consumo final. Ya que, a medida que los costes intermedios aumentan, las empresas trasladan parte de ese incremento a los precios finales, lo que termina erosionando el poder adquisitivo de los hogares.

Y este episodio llega, además, en un momento delicado para las familias españolas. A diferencia de la crisis energética tras la invasión rusa en Ucrania, cuando los hogares disponían de parte del ahorro acumulado durante el confinamiento de la pandemia, el punto de partida actual es más frágil. Tras varios años de inflación disparada —que llegó a alcanzar tasas de doble dígito—, el margen de resistencia de los ciudadanos se ha ido reduciendo.

Y a este telón de fondo hay que sumar el efecto sobre el precio de la vivienda. El euríbor a doce meses —principal referencia para las hipotecas variables en España— ha repuntado en marzo hasta el 2,565%, registrando su mayor subida mensual desde 2023. Un movimiento que se produce incluso sin cambios en los tipos oficiales, lo que refleja que el mercado ya está anticipando un escenario de mayor inflación y, por tanto, de política monetaria más restrictiva.

Y este efecto es inmediato. Para una hipoteca media, el encarecimiento puede suponer entre 130 y 260 euros adicionales al año. Y la presión irá a más. El mercado descuenta al menos una subida de tipos por parte del BCE a lo largo del año, lo que previsiblemente seguirá empujando al alza el euríbor y, con ello, encareciendo las hipotecas variables. De hecho, algunos organismos ya han empezado a prever más de una subida. Según estima Bank of America en su último informe económico semanal sobre Europa: "En caso de que se produzca una subida más prolongada de los precios de la energía —lo cual parece cada vez más probable—, cabría esperar un par de subidas este verano (en junio y julio)" por parte del BCE.