Bustinduy firma la multa multimillonaria a Alquiler Seguros y la compañía se defiende con sentencias judiciales

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles de forma definitiva una sanción de 3,6 millones de euros contra la empresa Alquiler Seguro por la implementación de prácticas abusivas hacia los arrendatarios. Esta resolución se produce tras desestimar el recurso presentado por la propia inmobiliaria, lo que supone el agotamiento de la vía administrativa y la ratificación de la propuesta de multa que ya se había planteado en diciembre de 2025.

La resolución, que ya es firme, cuenta con la rúbrica del ministro Pablo Bustinduy. Según fuentes del departamento de Consumo, la decisión ratifica íntegramente las conclusiones del expediente sancionador que fue abierto por la Dirección General de Consumo, cerrando así un proceso que ha durado meses y que pone el foco en la protección de los derechos de los consumidores en el mercado inmobiliario.

El expediente concluye que la compañía incurrió en un total de seis infracciones muy graves y una grave. El Ministerio sostiene que Alquiler Seguro vulneró sistemáticamente los derechos de los usuarios al "aprovechar su posición de predominio de mercado", lo que permitió la imposición de condiciones contractuales que resultaban perjudiciales para los inquilinos que buscaban una vivienda.

Entre las conductas sancionadas específicamente destaca la imposición de costes que, por ley, deberían ser asumidos por el propietario. Esto incluye el cobro de servicios de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro del hogar y gastos de gestión y formalización del contrato que están prohibidos por la actual Ley de Vivienda, además de cargos por reclamaciones no imputables al arrendatario.

Asimismo, la investigación ministerial penaliza la inclusión de cláusulas que permitían incluir a los inquilinos en ficheros de morosos sin que existieran deudas exigibles. Además de esta práctica, se ha sancionado la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos, una medida que impedía a los ciudadanos rescindir sus acuerdos en las condiciones legalmente establecidas.

3,6 millones de euros

La cuantía total de la sanción se divide en varias multas, destacando una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, acompañadas de tres de medio millón de euros cada una. Más allá de la compensación económica, la resolución impone a Alquiler Seguro la obligación de eliminar todas las cláusulas abusivas y hacer pública la sanción junto a la identidad de la sociedad responsable.

El proceso sancionador se originó en marzo de 2025 tras las denuncias de organizaciones como Facua, la OCU y el Sindicato de Inquilinas. El ministro Bustinduy ha subrayado que el objetivo de estas medidas es garantizar que los operadores cumplan la ley y no utilicen la crisis habitacional para incrementar sus beneficios de forma espúrea, resaltando el valor social de las organizaciones que iniciaron la queja.

Por su parte, Alquiler Seguro ha calificado la resolución como "injusta y arbitraria", anunciando que acudirá a la vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo. La empresa defiende la legalidad de sus servicios y asegura contar con cuatro sentencias judiciales previas que respaldan su modelo operativo en los mismos puntos que ahora han sido objeto de sanción por parte de Consumo.