El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha paralizado cautelarmente la creación de la nueva filial de autobuses que promueve Renfe, tras los recursos de las patronales del transporte Anetra y Fenadismer, han informado fuentes de ambas entidades.

El tribunal -un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda- ha suspendido la licitación ante "perjuicios de difícil o imposible reparación" para el sector, ya que según estas organizaciones, que representan a pymes del sector, el pliego de condiciones excluía al 99 % de las empresas españolas de transporte de viajeros y favorece solo a las grandes.

Anetra y Fenadismer alertaron sobre "las graves irregularidades y el impacto excluyente de este proyecto", y ahora el pronunciamiento cautelar del TACRC implica que el proceso de licitación queda bloqueado hasta que se dicte una resolución definitiva, según EFE.

El consejo de administración de Renfe acordó a principio de marzo la constitución de una sociedad mixta, en la que el accionista de control sería al adjudicatario, con un 51 % (el 49 % en manos de la propia Renfe) para gestionar sus servicios alternativos por carretera cuando haya incidencias en los trenes.

Sin embargo, ambas organizaciones patronales consideran que los requisitos de solvencia técnica y económica impuestos resultan "totalmente desproporcionados" y suponen un ataque directo a la libre competencia.

Entre las condiciones exigidas en el procedimiento previsto por Renfe figura contar con una flota de 500 vehículos en propiedad (o 300 en UTE), una cifra de negocio superior a los 75 millones de euros y haber ejecutado contratos similares por valor de al menos 35 millones.

En España, dicen las dos organizaciones demandantes, el 60 % de las 2.700 empresas de transporte de viajeros son microempresas (menos de 10 autobuses), con lo que las exigencias de Renfe dejarían fuera al 99 % del tejido empresarial del sector y solo podrían aspirar una decena de grandes grupos.

"No entendemos por qué Renfe pretende crear una estructura nueva y rígida en lugar de apoyarse en la capilaridad y eficiencia de las pymes españolas", añaden.

Con esta empresa Renfe pretende licitar un contrato marco a largo plazo (10 años más 5 de prórroga) para la prestación de los planes alternativos de transporte, con un coste estimado del servicio de 61,5 millones de euros, lo que permitirá un ahorro en el gasto de entre 90 y 130 millones de euros en los 10 años de vigencia.

En su día, explicó que con la nueva empresa ya no tendrá que depender de la disponibilidad de empresas externas porque contará con una flota estable de autobuses y personal de conducción suficiente, en un momento de escasez de vehículos y de conductores.