El 'hachazo' fiscal al trabajo en España convierte 182 euros que paga la empresa en 100 de salario

"El sistema tributario español adolece de varias deficiencias que obstaculizan la productividad y el rendimiento de los ingresos públicos. Impone una elevada carga sobre el trabajo, lo que desalienta el empleo y la creación de puestos de trabajo", así se pronunciaba este jueves la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) sobre el sistema fiscal de España en el último informe que han publicado. Y es que no hay que olvidar que España se posiciona como la tercera economía de la OCDE con mayor carga fiscal sobre las empresas.

En esta línea, el Instituto Juan de Mariana ha publicado esta semana su informe anual sobre la presión fiscal en España. Un documento en el que advierten de que la recaudación por impuestos y cotizaciones en España "ha pasado de 423.513 millones de euros en 2018 a 591.679 millones en 2024". Es decir, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se "ha elevado la presión fiscal del 34,9 al 37,1% del PIB", y de estos 2,2 puntos porcentuales de incremento, "la práctica totalidad corresponde a la imposición sobre el trabajo, a través de un doble mecanismo: la no deflactación del IRPF (...) y la sucesión de subidas de cotizaciones sociales". No obstante, su impacto se percibe con mayor claridad al trasladarlo al salario final de los trabajadores.

182 euros paga la empresa, pero llegan al trabajador 100

En términos prácticos, esta presión fiscal se traduce en una brecha entre lo que paga la empresa y lo que finalmente percibe el trabajador. Según el trabajo elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que recoge los cálculos del think tank francés Institut Économique Molinari (IEM), "por cada 100 euros de poder adquisitivo para el trabajador, la empresa tiene que desembolsar previamente un coste laboral total de 182 euros".

Estos 82 euros que no llegan al trabajador a través de su nómina son los impuestos: las cotizaciones sociales, el IRPF y, "con la añadidura de que el centro de estudios francés también considera el impacto del IVA", puntualizan desde el Juan de Mariana. O dicho de otra forma, el Estado percibe el 45% de la nómina.

En concreto, el análisis del centro de estudios toma de referencia un trabajador soltero y sin hijos que percibe el salario medio en España, es decir, 39.481 euros brutos anuales. De esta cantidad, "un 45% se deduce en concepto de cotizaciones sociales, IRPF e IVA", lo que implica que del salario anual del empleado, el Estado recibe 17.748 euros. A cambio, el trabajador dispone del 55% restante, unos 21.733 euros.

En total, las cotizaciones sociales representan el 63% de todos los impuestos aplicados sobre un asalariado medio: 11.202 euros sobre un total de 17.748 euros. De ellas, las cotizaciones a cuenta de la empresa son las que más pesan (9.243 euros, que suponen un 52% del coste laboral total) y las cotizaciones que paga el trabajador alcanzan los 1.959 euros. Por su lado, el IRPF aporta otros 4.954 euros al Estado (el 28%), mientras que el IVA reduce el poder adquisitivo del trabajador en 1.592 euros (el 9% restante).

Reequilibrar la estructura fiscal

Así las cosas, las cotizaciones que pagan las empresas y el IRPF representan las mayores cargas fiscales que soportan los salarios de los ciudadanos. Una advertencia lanzada por el Instituto Juan de Mariana, pero que se alinea con las avanzadas por otros organismos nacionales e internacionales.

La propia OCDE arremetía este mismo jueves contra la deducción en la Declaración de la Renta para los preceptores de salarios de hasta 20.000 euros, que consideraban insuficiente ya que el Gobierno no había ajustado los tramos a la inflación. En concreto, explicaban que "a pesar de las recientes reformas, los tipos impositivos efectivos marginales siguen siendo elevados", lo que se acaba traduciendo en una "merma sobre los incentivos para trabajar". Y ante ello, recomendaban "reequilibrar la estructura impositiva hacia impuestos menos distorsionadores, como el IVA y los impuestos medioambientales".

No obstante, el Ejecutivo ha hecho caso omiso de este tipo de advertencias de reestructuración tributaria y, precisamente, ha seguido la ruta contraria: incrementar los impuestos al trabajo. Tan solo en 2025, el Gobierno mantuvo su tradición de no ajustar los tramos del IRPF a la inflación, pero sí subieron la cotización del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) del 0,7% al 0,8%, incrementaron la base máxima de cotización (desde los 4.720 euros mensuales hasta los 4.909) e introdujeron la cuota de solidaridad en los salarios más altos.