España se mantiene desde 2020 como el país con la mayor tasa de temporalidad en el sector público de toda Europa. Un problema que, pese a las reformas impulsadas en los últimos años, sigue lejos de resolverse. Este estancamiento ha vuelto a situar a España en el foco de la justicia europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado este martes a favor de los interinos al considerar que las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir la temporalidad del sector público no son suficientes y además, no se alinean "con el Derecho de la UE".

Actualmente, 800.000 trabajadores encadenan durante años sucesivos contratos temporales sin adquirir la condición de indefinidos ni las garantías asociadas a la estabilidad en el empleo. En este sentido, el Tribunal ha rechazado las principales herramientas implementadas por el Gobierno con las que pretendía corregir este abuso de la temporalidad en la Administración Pública.

Concretamente, el TJUE se ha posicionado en contra de la figura del indefinido no fijo, ya que "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal y, por lo tanto, la situación de precariedad del trabajador afectado". Pero tampoco ha dado su visto bueno a las indemnizaciones —que considera insuficientes— ni al régimen de responsabilidades de la Administración por su carácter "ambiguo, abstracto e imprevisible". Además, respecto a los procesos de estabilización, el Tribunal ha puntualizado que no son una medida adecuada porque puede concurrir cualquier aspirante, haya sufrido o no abuso en la temporalidad y por ello, estos procesos no reparan por sí solos la situación padecida por la persona temporal abusada.

Eso sí, el TJUE delimita el alcance de su pronunciamiento y recuerda que no le corresponde resolver el litigio ni interpretar el derecho nacional. Por lo tanto, será el Tribunal Supremo quien deba determinar si la normativa española se ajusta a las exigencias europeas a partir de las orientaciones remitidas desde Luxemburgo.

Los sindicatos suman más presión

Pero esto no es todo, la presión al Gobierno no solo llega desde Europa, los sindicatos de España no han tardado en responder tras conocer el diagnóstico del TJUE. Desde UGT, han señalado que "el problema de la temporalidad sigue sin resolverse", por lo que instan tanto al Gobierno como al Tribunal Supremo a "mover pieza para dar una respuesta clara y efectiva a esta situación". Por ello, han exigido al Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López la convocatoria "urgente" de la Comisión de Temporalidad.

En la misma línea, desde CCOO consideran que el fallo del TJUE deja una conclusión "difícil de discutir". "No basta con medidas formales o genéricas: deben existir instrumentos efectivos, disuasorios y proporcionados" que corrijan el abuso de la temporalidad pública. No obstante, a diferencia de UGT, CCOO opta por llevar esta cuestión a la mesa del Diálogo Social que aborda la reforma del despido improcedente en el sector privado. Una mesa que depende del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y que lleva paralizada desde octubre de 2025, después de que la CEOE se levantase de la negociación al considerar que la justicia ya les había dado la razón, en referencia al rechazo del Tribunal Supremo a las indemnizaciones adicionales por cese improcedente.

Por su lado, CSIF pone cifras al problema y denuncia que "el 23% de las plazas ofertadas a estabilización aún no han sido cubiertas. De hecho, hay miles de plazas que todavía no se han convocado". Una situación que, a su juicio, refleja "la ineficacia y falta de voluntad política" de las Administraciones, recordando que los procesos de estabilización deberían haberse resuelto antes del 31 de diciembre de 2024. Ante ello, exigen a Función Pública reducir los plazos de ejecución , que "actualmente tienen un plazo máximo de 3 años, que se incumple sistemáticamente"; implementar "sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables" y que las Ofertas de Empleo Público (OEP) convoquen todas las plazas estructurales para "prestar un servicio público efectivo y de calidad y así evitar que para dar un servicio adecuado se tenga que acudir a la contratación temporal".

El Gobierno minimiza el impacto

Pese a la presión conjunta de la justicia europea y los sindicatos, el Gobierno señala que el problema de exceso de trabajadores temporales afecta en concreto a comunidades autónomas y entidades locales, con tasas del 40% y 36% de empleados eventuales, frente al 4,7% del Estado.

Además, sostienen que la sentencia del TJUE es "meramente aclaratoria" y no obliga a modificar la normativa vigente ni a convertir automáticamente en fijos a los trabajadores temporales. De hecho, defienden que el marco constitucional, basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad, impide la fijeza automática.

No obstante, el abogado del despacho Arauz de Robles Abogados, Javier Arauz, ha cuestionado este argumento del Gobierno durante una rueda de prensa en la que ha abordado las implicaciones de la sentencia del TJUE. Según Arauz, la apelación a los principios de mérito y capacidad es un argumento "falaz", ya que los trabajadores interinos ya superaron procesos selectivos para acceder a sus puestos e insta a los perjudicados a "reclamar" vía judicial.

Así las cosas, el problema con los interinos sigue en el aire y la solución dependerá de las próximas mesas de diálogo, aún sin una hoja de ruta clara. Mientras UGT reclama la convocatoria urgente de la Comisión de Temporalidad, CCOO apuesta por abordar esta cuestión en el marco de la reforma del despido improcedente. Y en paralelo, sobrevuela también la negociación de la OEP para 2026, todavía sin fecha, a la espera de concretar el impacto de la reducción de la jornada laboral en el número de plazas.