El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un ambicioso real decreto que movilizará 7.000 millones de euros, triplicando así el presupuesto del plan anterior. El objetivo central de esta nueva hoja de ruta del Ejecutivo es elevar y proteger de forma permanente el parque de vivienda pública. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la medida como un paso fundamental para afrontar el problema habitacional, advirtiendo de que "no valen parches" ni existen varitas mágicas, por lo que la ciudadanía demanda un "acuerdo de país".

Asimismo, la titular del ramo ha destacado que se trata del plan con mayor diálogo y colaboración hasta la fecha, avalado por más de 400 aportaciones del sector, 28 encuentros previos y el hecho inédito de haber sido estudiado por el Consejo de Estado. No obstante, pese a ester proceso de diálogo previo, el plan no ha logrado concitar un consenso amplio y deja al Gobierno solo en su defensa.

Críticas de los socios y la izquierda

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha considerado que el plan es "muy insuficiente", al no incorporar medidas fiscales o regulatorias más ambiciosas y ha defendido que "la mayor parte de la población española está a favor de que la gente no pueda tener cuatro, cinco, seis, siete u ocho viviendas mientras hay muchísima que no tiene ninguna".

En la misma línea, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha cuestionado las prioridades del Gobierno al subrayar que el esfuerzo en vivienda equivale "a lo que se destina a gasto militar en apenas dos meses y medio", lo que, a su juicio, evidencia un "rearme" que desplaza recursos.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha insitido en que "hay que intervenir el mercado" ante una "emergencia habitacional" y ha criticado la falta de coherencia del Ejecutivo: "Estamos en la parte correcta de un Gobierno que el sábado en Barcelona habla de intervenir el mercado y el martes en el Consejo de Ministros nos dice que nos olvidemos", llegando a resumir la política del PSOE como "mucho lirili y poco lerele".

Críticas de la oposición

Desde el Partido Popular, el líder de los azules, Alberto Núñez Feijóo, ha enmarcado el plan dentro de lo que considera un balance fallido del Gobierno en vivienda. "La política de vivienda (...) es un absoluto fracaso", ha asegurado, reprochando que el Ejecutivo presente un nuevo plan tras "ocho años" en el poder.

Feijóo ha incidido en que el acceso a la vivienda se ha convertido en "el primer problema de los españoles", según el CIS, y ha denunciado un "récord histórico de precios" tanto en alquiler como en vivienda nueva. "Digan lo que digan (...) nadie va a creerles porque la realidad es que han convertido la vivienda en un lujo", ha afirmado, cuestionando además cómo se pretende resolver el déficit de oferta sin presupuestos ni reformas estructurales como la ley del suelo.

Críticas del sector

Por último, desde el sector inmobiliario también se ha recibido el plan con reservas y dudas sobre su eficacia real. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, José María Alfaro, ha advertido de que nace con "importantes limitaciones" en un contexto de fuerte escasez de oferta y ha alertado de que, sin una base presupuestaria sólida, corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones. Entre los principales déficits, ha señalado la ausencia de medidas para generar suelo finalista y la falta de coordinación entre administraciones.

En términos similares, la asociación de propietarios Asval ha considerado que el plan es un paso en la buena dirección, pero insuficiente para la magnitud del problema. A su juicio, es imprescindible avanzar hacia "un modelo de alquiler asequible incentivado, estable y previsible" que permita atraer inversión y aumentar la oferta, advirtiendo además de que los propietarios están asumiendo "de facto una función de escudo social que debería corresponder al Estado".