Tras varias reuniones que comenzaron antes de Semana Santa, este miércoles se ha producido la última reunión entre el Ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, y los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —CCOO, CSIF y UGT— para abordar el número de plazas que alcanzará la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026. Pese a que la negociación culmina hoy en el marco de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, Función Pública solo ha avanzado durante la reunión que "la oferta será similar a la de 2025". Esta ausencia de cifras concretas ha provocado un fuerte malestar entre los sindicatos en la recta final de la negociación.

Los tres sindicatos han señalado que, sin una cuantificación aproximada de las plazas que van a ofertar, así como los cuerpos y escalas a los que se dirigirán, no pueden avalar la Oferta. De hecho, se han mostrado muy duros a la salida de la reunión.

Desde UGT han comentado que la "falta de transparencia" del Ministerio "impide una negociación real". Por su lado, desde CSIF han acusado a Función Pública por "ocultar" el dato, lo que "supone una falta de respeto a los representantes de los trabajadores a los que, por primera vez, en la Mesa General de las Administraciones Públicas, se nos hurta el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas".

Por ello, UGT y CCOO han adelantado que no firmarán la OEP de 2026, de igual forma que sucedió en 2025. Y desde CSIF mantienen que no valorarán la Oferta hasta conocer los datos que "esperan" que se produzca antes de la aprobación del Real Decreto en el Consejo de Ministros.

"Líneas generales" de la OEP

Pese a que la cifra de plazas finales no se ha dado a conocer, el Ministerio ha avanzado algunas "líneas generales" que abordará la Oferta. Entre ellas, la puesta en marcha de una OEP específica en materia de emergencia climática en el ámbito del Ministerio para la Transición Ecológica, dirigida tanto a cuerpos propios como a personal laboral especializado para la gestión de desastres y situaciones como la DANA.

En relación con la ejecución de ofertas anteriores, el Ministerio se ha comprometido a convocar en un plazo aproximado de dos meses las OEP de personal laboral correspondientes a 2023 y 2024, actualmente acumuladas. Sin embargo, desde UGT han puntualizado que "dado que la OEP de 2023 caduca en el mes de julio, este anuncio no supone un avance, sino el cumplimiento ineludible para evitar la pérdida de plazas".

En este sentido, la portavoz del personal laboral en UGT Servicios Públicos, Elena Tarjuelo, ha recordado que son más de 9.000 plazas de personal laboral las que están pendientes de convocar: 5.765 en turno libre y 3.328 en promoción interna, referidas a las ofertas de 2023, 2024 y 2025. "Las ofertas de empleo están para cumplirse, no para guardarse en un cajón. Lo contrario es ineficacia o una estrategia de privatización y UGT no avalará ninguna de las dos", ha concluido la portavoz sindical.

Y, aunque Función Pública se ha comprometido a mejorar estos aspectos, UGT ha recordado que el Gobierno lleva un año revisando o pensando cambios en la promoción interna. Pese a ello, desde la organización sindical no han "observado ninguna mejora notable, ni en su desarrollo ni en el porcentaje de plazas cubiertas". Y a ello se suma la ausencia de avances en la agilización de los procesos, que "siguen dilatándose una vez finalizados y han provocado numerosas quejas de aspirantes aprobados que no pueden tomar posesión de su puesto".

Calidad de los servicios

Además, CCOO le ha trasladado a la directora general de Función Pública su preocupación por la falta de cobertura de las plazas C2 principalmente y algunas del grupo C1, que puede poner "en riesgo la atención a la ciudadanía en las más de 3000 oficinas que tiene la Administración del Estado".

En esta línea, CSIF ha señalado que la OEP se produce en paralelo al proceso de regularización masiva de inmigrantes, un proceso que "está poniendo al descubierto las 'costuras' y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior".

Por último, CSIF también ha recordado que "hay que tener en cuenta la aplicación de la jornada de 35 horas semanales" entre los empleados públicos. La reducción supondrá reajustar calendarios y horarios en las plantillas, por lo que, para que los ciudadanos no pierdan la calidad de los servicios, desde el sindicato han inicidio en que "deberá de ir acompañada de un refuerzo de efectivos".